Apelar hoy a la eutanasia (ilegal) cuesta al menos 8000 dólares. El abogado Luis Blanco, especializado en Bioética y miembro del Comité Hospitalario de Ética del Hospital de Clínicas, cuenta que desde 2010 existe la Ley 26.529 del Derecho del Paciente: «Fue reformada años después por la 26.742, en mi opinión mal llamada Ley de Muerte Digna, porque la muerte en sí misma no es digna o indigna; en todo caso, lo indigno será la forma de morir”.
A fines del año pasado, en apenas diez días, ingresaron en el Congreso tres anteproyectos para regular la eutanasia en el país, tanto del FdT como de JxC. La diferencia entre ellos es ínfima y se espera que puedan confluir en un solo proyecto superador, aunque dentro de cada bloque las posiciones son encontradas, como en la mayoría de las leyes de avance civil.
Los tres proyectos de ley buscan regular el derecho de todas las personas a pedir y recibir ayuda para morir.
Es para casos de enfermedad grave, imposibilitante, crónica, irreversible, con dolor físico o sufrimiento psíquico insoportable. No depresiones agudas.
El proyecto de Julio Cobos es el único que habla de ‘terminalidad’, un concepto en desuso.
El proyecto de Jimena Latorre es el único que establece la edad a partir de los 16 años.
El procedimiento. El médico de cabecera deriva el pedido a otro de la misma especialidad que debe certificar en menos de 15 días un diagnóstico certero e irreversible. Luego, un equipo transdisciplinario confirma que el paciente haya tenido tratamiento psicológico o medicina paliativa, y no haya sido desprotegido por el sistema de salud.
El médico será quien inyecte la droga letal, o la proporcione e informe del procedimiento.
El consentimiento puede ser expresado por escrito o de manera verbal. Se avala la objeción de conciencia del médico, pero debe garantizar el proceso con otro profesional.
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