Las normas financieras internacionales obligan a contabilizar posibles pérdidas crediticias. El problema se reportó en abril y siguió en mayo y junio.

El incremento de la morosidad de las tarjetas de crédito registrado en abril que siguió en mayo y junio, no solo pone en duda la continuidad del consumo en los próximos meses, sino que también podría afectar a las acciones del sector financiero.

Así lo advierte en su último reporte la consultora Labor, Capital and Grouth (LCG) en el cual advierte que el problema que quedó registrado según datos oficiales hasta el cuarto mes, tiende a agravarse.

“La mora del financiamiento a familias, en el marco de calcular pérdidas crediticias esperadas (según normas internacionales) castigará el resultado de los bancos”, señala el reporte de LCG.

El 2025 es un año negativo para los papeles del segmento financiero. En lo que va de 2025, la acción del Grupo Supervielle se hunde 25%; la de Banco Macro, un 24,3%; la Grupo Financiero Galicia, un 15% y BBVA, un 11,5% en el S&P Merval. Si bien las bajas de mercado obedecen a cuestiones macroeconómicas, el hecho de que se incremente la morosidad de las familias puede impactar aún más.

Tanto bancos como empresas que prestan servicios financieros empiezan a analizar con preocupación los datos sobre retrasos en los pagos

De acuerdo con la consultora LCG “los datos públicos de morosidad (hasta abril 2025) muestran que subió a 4,6% en préstamos personales y a 2,9% en tarjetas”.

“No son niveles alarmantes, pero diversos bancos comentan que la morosidad continuó en aumento en mayo y junio, afectando a familias de varios segmentos económicos”, dice LCG.

El reporte detalla que “en tarjetas se vio un patrón: primero, cada vez más cancelaciones de montos apenas arriba del mínimo, y luego ni siquiera llegando al mínimo (mora)”.

El informe sostiene que entre los posibles factores de la mora están en primer lugar en que los préstamos a familias, fundamentales para sostener el consumo, comenzaron a tener un gran peso al compararlos con un salario que no termina de despegar y en segundo término, la tasa de interés.

“Con relación al salario, los préstamos personales mostraron una acelerada suba respecto del piso mínimo de abril de 2024, mientras que el financiamiento vía tarjeta de crédito ya se encuentra en máximos. En este contexto, luce razonable que las familias están teniendo dificultades para pagar sus deudas”, añade el reporte.

El relevamiento indica que “posiblemente estas cuestiones anticipen una mayor desaceleración en el crecimiento de los préstamos a familias y comiencen a generar dudas sobre la capacidad de seguir sosteniendo el aumento del consumo en los próximos meses”.

Las empresas de servicios financieros también reportan mora

De acuerdo con el estudio realizado por la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Financieros (CAEFPI) “se ha observado un aumento en la morosidad durante el primer semestre del año en comparación con el año pasado”.

“Un empresario de la entidad manifestó que la morosidad temprana ha empeorado, siendo habitual un 7% u 8% y ahora se sitúa entre un 13% y un 15%”, indicó.

La entidad también considera que “con el tiempo, eso tiende a recuperarse, pero los plazos de pago se extienden”.

Según datos de una de las empresas afiliadas a la Cámara, la morosidad superior a 30 días se encuentra en un 13,50% a los 60 días, es del 10,40%, y se reduce al 8,30% a los 90 días. En cuanto a la comparación con el año anterior, las fuentes consultadas indican que el aumento de la morosidad en el corto plazo ha crecido en un rango del 5% al 10%.

En ese sentido, la calificadora de riesgo Moody’s se sumó a la lista de organismos que empiezan a advertir sobre un importante incremento en los niveles de endeudamiento de los argentinos. «En los últimos trimestres se observó un fuerte deterioro en el desempeño de las carteras de crédito originadas por Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC)», alertaron.

En su último informe, la agencia de calificación de riesgo sostuvo que «la relación deuda media-salario se ha incrementado fuertemente a partir de la segunda mitad del 2024», con una suba del 72% entre junio del año pasado y enero de 2025. «Niveles similares a los de 2018», comparó.

«Desde Moody’s Local Argentina, prevemos que la morosidad seguirá en aumento durante el año 2025, hasta que los niveles de tasas reales positivas se reduzcan y los salarios muestren una tendencia sostenida de recuperación», advirtió la agencia de calificación de riesgo.

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En el Gobierno sostienen que el «rojo» en la cuenta corriente no es un problema ya que se trata de transacciones entre privados.

El creciente déficit de cuenta corriente encendió el debate público en los últimos meses sobre la sostenibilidad de esta dinámica que refleja la falta de dólares. Si bien desde el Gobierno justifican que esto no es un problema debido a que hay superávit fiscal, muchos economistas advierten que el orden en el segmento en pesos ayuda pero no garantiza la estabilidad en el plano externo.

La semana pasada, el INDEC informó un déficit de cuenta corriente de más de u$s5.000 millones, explicado fundamentalmente por un «rojo» de u$s4.502 millones en servicios, la cifra negativa más profunda desde que hay registros. Asimismo, el resultado en servicios tiene su principal origen en el boom de turismo en el exterior, incentivado por el atraso en el tipo de cambio.

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Los recientes datos del Banco Central (BCRA) fueron en el mismo sentido. Entre enero y mayo el déficit de servicios acumulado alcanzó los u$s4.915 millones, número que ya superó al registrado en todo 2024. El principal grifo de salida de divisas fue el del concepto «Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta» con casi u$s4.100 millones.

En cuanto a los bienes, se destaca el crecimiento que vienen arrojando las importaciones, en el marco del dólar barato y la apertura comercial. El sector que más divisas viene consumiendo en términos netos, según los datos del INDEC, es el automotriz.

El Gobierno asegura que el déficit de dólares no es preocupante

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que, si bien el Gobierno le presta atención a la cuenta corriente, el déficit no representa una preocupación e incluso es algo «necesario», dado que es el resultado de transacciones entre privados y no de un exceso de pesos generado por un Estado fiscalmente irresponsable.

En el marco de una exposición para el Summit 2025 del IAE, el funcionario puso como ejemplo el de una persona que compra dólares porque se quiere ir de viaje con su familia, y otra que quiere vender porque quiere pagar el alquiler. «Los dos están contentos con su transacción», sostuvo.

¿El superávit fiscal garantiza la estabilidad externa?

Al respecto, un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia coincidió parcialmente en que el superávit fiscal ayuda a darle sostenibilidad a las cuentas externas fundamentalmente por tres canales: 1) porque modera el crecimiento de la demanda interna y por tanto de las importaciones, 2) porque el sector privado tiene los pesos que «desea», y la cantidad de dinero se acerca al equilibrio, de modo que no hay pesos excedentes esperando para correr al dólar y 3) porque la deuda no debería aumentar dado que no hay déficit fiscal que financiar.

Sin embargo, la entidad remarcó que la «la apreciación cambiaria acelera el crecimiento de las importaciones» y que el estancamiento de las reservas crecen «complica la relación pesos/dólares». En ese sentido, si bien la economía puede tener los pesos para afrontar las diferente demandas (tanto para importaciones, como para viajes o pagos de deuda), el problema para el Provincia es que faltan los dólares, razón por la cual el riesgo país no arroja grandes mejoras.

«El orden del superávit fiscal se pierde por el desorden de la apreciación cambiaria. El déficit de cuenta corriente puede sostenerse mientras haya dólares para financiarlo, sea crédito o reservas. Pero, si el mercado no se reabre y las reservas no crecen, no importa si el desequilibrio responde a inversiones, consumo o turismo: importa que los dólares no están», alertaron.

La opinión de los economistas

Ante la justificación oficial, los economistas se preguntan por qué el Estado no puede gastar más pesos de los que ingresan, pero la economía puede gastar más dólares de los que genera genuinamente.

Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, coincidió con el análisis del Provincia en que el superávit fiscal es una condición necesaria para alivianar las cuentas externas, por que ayuda a reducir la presión sobre la demanda de divisas, pero no una condición suficiente.

«El déficit de cuenta corriente que tenemos hoy todavía no es no es tan abultado como el de 2017-2018, pero se da en un contexto donde no tenés reservas, cosa que sí tenías en esos años», dijo el magíster y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ese sentido, marcó la relevancia de contar con un mayor stock de reservas para suavizar cualquier shock que pueda llegar a venir.

En paralelo, Carrera agregó la comparación en materia de financiamiento externo, que hoy no existe y si existió hasta comienzos de 2018. En ese sentido, marcó que es más preocupante la tendencia a mediano plazo que el nivel actual, teniendo en cuenta que el camino elegido por el oficialismo parece ir hacia una mayor necesidad de financiamiento sin un mercado de crédito dispuesto ya a financiarlo.

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Piden que el 14,29% quede en el Tesoro Nacional, el 57,02% se distribuya entre las provincias y el 28,69% se destine a la ANSES para cubrir obligaciones previsionales.

22 gobernadores del país, entre ellos Marcelo Orrego, junto a senadores del Congreso, firmaron un proyecto de ley que busca que el producido del Impuesto a los combustibles líquidos sea coparticipable con las provincias de la Argentina. 

En el articulado del texto que cuenta con la firma los mandatarios provinciales, se propone una modificación del artículo 19 de la ley 23.966 que establece la forma de distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. 

El proyecto fija que los fondos de este impuesto “se distribuirán de la siguiente manera: a) Tesoro Nacional: 14,29%. b) Provincias: 57,02%. c) Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69%”.

En la misma iniciativa se prevé modificar el artículo 20 y establece que los fondos que corresponden a las provincias según lo previsto en el artículo anterior se distribuirán en un 25% en partes iguales entre las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto que el 75% restante se repartiría de acuerdo a los porcentajes de coparticipación provincial que están fijados en la Ley 23.548.

En los fundamentos del proyecto, los firmantes explicaron que los fondos en cuestión eran administrados por el Gobierno nacional, pero tenían afectación específica y se financiaban en gran parte con impuestos que no le eran propios. Bajo esa premisa, aseguraron que el cambio propuesto no impactaba negativamente en las finanzas públicas nacionales.

La iniciativa también se enmarcó en el plan de reorganización administrativa y eliminación de entes extrapresupuestarios que había impulsado el Ejecutivo nacional a través de la Ley Bases. Los gobernadores y senadores argumentaron que, en el actual contexto fiscal, resulta difícil sostener mecanismos de distribución tan segmentados, y que es necesario redirigir esos recursos hacia funciones esenciales como educación, salud, seguridad y justicia.

Finalmente, señalaron que la nueva propuesta fortalecía el federalismo, respetaba los criterios de coparticipación vigentes y no afecta la sustentabilidad económica del Estado nacional. Por ello, solicitaron el acompañamiento del Congreso para su aprobación.

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