Tras una audiencia clave, la Justicia argentina confirmará si los ocho profesionales de la salud imputados que estaban a cargo del astro del fútbol, en los días previos a su fallecimiento serán llevados a juicio por “homicidio con dolo eventual”. Los tribunales buscan dilucidar la cuestión central: ¿la muerte del “10” pudo haberse evitado?

A poco más de dos años del fallecimiento de Diego Armando Maradona por una insuficiencia cardiaca, la Justicia argentina avanza hacia la adjudicación de responsabilidades dentro del equipo médico a cargo del cuidado del astro futbolístico. Tras una extendida audiencia llevada a cabo este martes, la Cámara de Apelaciones tiene 30 días para definir si la causa se eleva a juicio bajo la carátula de «homicidio con dolo eventual» o si será una calificación más leve.

La figura penal que actualmente enfrentan los ocho imputados contempla una pena de entre ocho y 25 años de cárcel. Puntualmente, los profesionales de la salud involucrados son el neurocirujano y médico de cabecera del “10” Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la médica responsable de los cuidados domiciliarios Nancy Forlini; el médico Pedro di Spagna y los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón.

El escenario es complejo. En la elevación a juicio, apelada por la defensa y llevada a cabo en junio de 2022 por el juez de Garantías de San Isidro, Orlando Díaz, se sostuvo que los implicados no cumplieron «con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas», y que como «garantes» de la condición del exfutbolista tuvieron la posibilidad de «revertir» su cuadro cardiaco y no lo hicieron.

La defensa de Cosachov solicitó la audiencia de este martes, buscando el sobreseimiento de su clienta. Ahora la pelota queda en poder de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías, que deberá expedirse al respecto tras la audiencia. De confirmarse lo actuado en la instrucción, se sorteará la causa para designar al tribunal a cargo.

Hechos e interpretaciones

«Son todos coautores: todos tienen responsabilidad en el hecho. Cada uno hizo o dejó de hacer lo que debía, con un profundo nivel de indiferencia», dice en exclusiva ante Sputnik el fiscal general adjunto de la investigación, Cosme Iribarren.

“Es un gran engranaje y cada uno de los imputados desempeñó un rol fundamental: desde que trasladaron al paciente a la internación domiciliaria hasta el final, cuando descubrieron que Maradona había muerto”, sentencia el magistrado.

La acusación es cuestionada por la defensa, particularmente la de Agustina Cosachov, quien estuvo en el ojo de la tormenta. «La conducta de Cosachov no tiene ninguna injerencia en la muerte de Maradona. Son otras las personas que tienen que dar explicaciones«, responde el abogado de la psiquiatra, Vadim Mischanchuk.

El argumento del letrado hace hincapié en el rol que la especialista desempeñaba en el equipo médico: «mi clienta estaba a cargo de la salud mental del paciente, que murió por un evento cardiaco. Ella no estaba a cargo del cuidado clínico, solo del mental: y Maradona no se suicidó ni tuvo una sobredosis de medicamentos”.

“En el juicio debería dar explicaciones aquellos que estaban a cargo del cuidado clínico o cardiológico del paciente”, alega Mischanchuk.

Este punto constituye el eje de la estrategia del abogado. Sin embargo, la fiscalía considera que el señalamiento no es válido: “la psiquiatra aplicaba la medicación al paciente. Si este falleció, está claro que el cuerpo médico hizo lo que debía hacer. Todo está sustentado en la prueba, en los testimonios y en el desempeño de la junta médica», apunta Iribarren.

“Cualquiera que haya leído el expediente, sabe qué hizo y qué no hizo cada involucrado. Si hubiesen llevado a cabo su rol con la sapiencia correspondiente, esto hubiese tenido otro final”, considera el fiscal.

La pericia médica, en el centro del debate

La junta médica a la que se refiere Iribarren consiste en el cuerpo de especialistas que, tras analizar durante dos meses las circunstancias de la muerte de Maradona, concluyó que el exfutbolista tenía múltiples patologías, que agonizó 12 horas antes de morir y que pudo haber tenido «más chances de sobrevida» si hubiera estado en una clínica, y no en la vivienda donde estaba bajo internación domiciliaria.

El informe, firmado por 17 de los 22 integrantes, es la piedra basal de la fiscalía. “La acusación que hacemos es dura, pero está sustentada en las pruebas recolectadas. No es que la imputación se basa en una cuestión caprichosa, como algunos pretenden», dice Iribarren.

Dada la trascendencia que tuvo el documento en la causa, todos los cañones de la defensa apuntan a desestimarlo. «La junta médica debería anularse porque los peritos se excedieron en su función y atribuyeron responsabilidades penales, lo que les está vedado. Se metieron en cosas en donde solo pueden meterse los jueces”, denuncia Mischanchuk.

“La junta médica dice que Maradona debió haber sido declarado incapaz, cuando esa posibilidad no corre por cuenta de los médicos sino de la familia. Exigimos que se haga una nueva pericia”, apunta el abogado.

El punto de quiebre

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en su casa del municipio de Tigre, provincia de Buenos Aires, donde se encontraba alojado desde que fuera dado de alta el 11 de noviembre tras una operación por hematoma subdural, ocho días antes.

La autopsia estableció que la muerte fue consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardiaca crónica reagudizada». La pericia también determinó que el exfutbolista tenía en su corazón una «miocardiopatía dilatada».

Según la acusación, el primer acto de negligencia del cuerpo médico fue la decisión de sacar al paciente de la clínica para internarlo en la vivienda. “El momento bisagra es la internación domiciliaria: ahí cambió el estado del paciente y los consejos que el equipo médico empezó a ofrecer. Todo se desató desde ese momento”, dice Iribarren.

En efecto, fue a partir de un pedido de la familia del exfutbolista que la fiscalía empezó a trabajar con la hipótesis de que Maradona no había recibido los controles adecuados en su residencia, y que podría haberse evitado su fallecimiento en caso de haber estado en una clínica.

“Es claro que el paciente debió haber sido trasladado a otro tipo de centro en el primer momento”, remarca el magistrado. La responsabilidad atribuida al cuerpo de especialistas es clara: «fueron los médicos quienes firmaron el documento de internación domiciliaria. Ellos deben hacerse cargo de la decisión«, agrega Iribarren.

La postura de la defensa de Cosachov en este punto apunta a desligar la psiquiatra de la cuestión: «la decisión de internar a Maradona domiciliariamente no formaba parte de sus funciones. Comprendo la postura del fiscal, pero no entiendo que el reproche se lo hagan a Cosachov», sostiene Mischanchuk.

La «autonomía» de Maradona

Dentro del coctel de argumentos con los que los imputados se defendieron, hay uno que sobresale por la controversia que disparó: la supuesta «resistencia» del paciente a seguir las indicaciones de los especialistas, la cual habría agravado su estado de salud.

El neurocirujano Leopoldo Luque, por ejemplo, sostuvo en una entrevista con el canal TyC Sports que Maradona tenía «autonomía» para decidir sobre su tratamiento, definiéndolo como un «rebelde» que lo habría expulsado de su casa en reiteradas oportunidades tras negarse a los tratamientos.

Según la Fiscalía, aun si el testimonio de Luque fuera cierto, no constituiría un atenuante para los acusados. «El hecho de que se tratara de una figura como Maradona no nos modifica en nada en cuanto a la imputación. El estado de indiferencia e indefensión en el que se encontraba alarma incluso más al tratarse de este paciente», denuncia Iribarren.

@Sputnik

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