Sociedad
Tras la intimidación a Naturgy, ahora la Defensoría del Pueblo busca evitar largas filas en los bancos

La Defensoría, liderada por Florencia Peñaloza, reclama mejoras en la atención de Naturgy y extiende su accionar para agilizar las filas en bancos provinciales.
La Defensoría del Pueblo de San Juan, encabezada por la Dra. Florencia Peñaloza, tomó cartas en el asunto tras las numerosas quejas de usuarios por las extensas demoras y la falta de personal en la atención de Naturgy, la empresa prestataria del servicio eléctrico. La situación alcanzó un punto crítico cuando se difundieron imágenes de una persona desmayada en una fila, presuntamente agotada por la espera. En respuesta, la Defensoría intervino de oficio y emitió recomendaciones basadas en la Ley 748-D, que fija un tiempo máximo de espera de 30 minutos.
El organismo intimó a Naturgy a implementar medidas urgentes para optimizar la atención, mejorar la infraestructura y garantizar personal suficiente. Además, solicitó a la Dirección de Defensa al Consumidor que supervise el cumplimiento de la normativa y al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que adopte acciones correctivas.
La Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, explicó en Radio Sarmiento: «Hemos intimado a la empresa al cumplimiento de la ley, pero también requerimos a Defensa del Consumidor, como autoridad de aplicación, que controle su efectivo cumplimiento». Y agregó: «Hablar de energía no es solo hablar de tarifas. Implica muchos componentes que deben protegerse y garantizarse a los sanjuaninos. Es un derecho del consumidor consagrado en la Constitución y un derecho colectivo que nos afecta a todos».
Pero la intervención de la Defensoría no se limita a Naturgy. Peñaloza también anunció que se está trabajando para evitar largas filas en los bancos de la provincia, un problema recurrente que ya había sido abordado el año pasado. «Emitimos una resolución en 2024 advirtiendo sobre esta situación y nos reunimos con las autoridades bancarias, quienes aseguraron haber realizado cambios», detalló.
La funcionaria explicó que, de persistir el problema, se tomarán medidas drásticas: «Si no se cumple, una vez agotadas las vías administrativas sin respuesta, iniciaremos un reclamo judicial, incluso un embargo colectivo, para que la Justicia obligue al cumplimiento de la legislación vigente».
La Defensoría recuerda a los ciudadanos que pueden realizar consultas o reclamos al 432-2249/432-0333, en Mitre 13 (E), o a través de la web www.defensoriadelpueblosj.org. Con estas acciones, el organismo busca resguardar los derechos de los usuarios frente a las deficiencias en servicios esenciales, tanto en el ámbito energético como en el bancario.
/DZ

Sociedad
Aumentan las multas de tránsito: hasta $447.000 por conducir en estado de ebriedad

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, actualizó el valor de las infracciones viales.
Conducir sin licencia o en estado de ebriedad puede costar más de $447.000
El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, actualizó el valor de las infracciones viales.
Desde el miércoles 3 de julio entraron en vigencia los nuevos montos de las multas de tránsito en San Juan. La medida fue informada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, área que tiene bajo su órbita los Juzgados de Faltas de la provincia.
La actualización surge del nuevo valor de la Unidad Fija (UF), que pasó a ser de $1.490. A partir de este cambio, las infracciones más graves, como conducir sin licencia, en estado de ebriedad o negarse a un control de alcoholemia, pueden alcanzar los $447.000 en el caso de camiones y transporte público.
Para los conductores de autos y camionetas, circular sin la licencia habilitante o alcoholizado implica una multa de $372.500, mientras que para motociclistas la sanción por esas mismas faltas oscila entre $149.000 y $223.500.
Desde la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos remarcaron que «las multas no son una cuestión recaudatoria, sino un mecanismo para ordenar el tránsito, generar conciencia y reducir los siniestros viales». Además, recordaron que los Juzgados de Faltas son los encargados de tramitar y sancionar cada una de las infracciones.
Otras faltas habituales también sufrieron incrementos:
Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO): $372.500
No llevar cinturón de seguridad: $223.500
Falta de casco protector o su uso inadecuado: $223.500
Falta de seguro obligatorio: $298.000
Circular sin tarjeta de identificación del vehículo: $223.500
Cruzar semáforos en rojo o circular en contramano: $372.500
Estacionar en doble fila: $74.500
Usar el celular al conducir: $74.500
No asir el volante con ambas manos: $74.500
No portar chaleco reflectivo: $149.000
Desde el Ministerio de Gobierno anticiparon que se intensificarán los controles en calles y rutas, con la intervención de las fuerzas de seguridad y los Juzgados de Faltas. La autoridad reiteró que el cumplimiento de las normas de tránsito es obligatorio y que las reincidencias o faltas graves pueden derivar en la retención del vehículo y la inhabilitación para conducir.
/DZ
Sociedad
Un camioneta fuera de control casi provoca una tragedia en Rivadavia

Un hombre de 75 años conducía una Saveiro que terminó destrozada. No había heridos de gravedad.
Momentos de gran tensión se vivieron en Rivadavia, entre los vecinos de calle Colón, por un vehículo que circulaba a toda velocidad, aparentemente fuera de control, y que terminó impactando a un colectivo y quedó en una vereda, destruido.
Ocurrió este mediodía y no hubo que lamentar heridos de gravedad.
Según el relato de los testigos, la camioneta Volskwagen Saveiro negra venía a alta velocidad por Rastreador Calivar, luego ingresó a calle Cristobal Colón (oeste) casi atropella un chico que estaba por cruzar, y fue su grito lo que alertó que algo pasaba con ese auto que siguió a gran velocidad.

La camioneta continuó su marcha descontrolada, impactando contra un colectivo de la Red Tulum que circulaba por esa calle y luego terminó sobre la vereda.
Fuentes policiales informaron que el conductor tiene 75 años, es de apellido Olivares y vive a pocas cuadras de donde fue el accidente. El hombre trasladado al hospital, sin que se haya informado aún su estado de salud. En el vehículo también iba una mujer.


/DC
Sociedad
Histórico fallo en la megacausa de expropiaciones: condenas para exfuncionarios y abogados

Luego de 15 años, este viernes se conoció el fallo por el juicio de la megacausa que tuvo en vilo a toda la provincia.
Este viernes se conoció la esperada sentencia en el juicio por la megacausa de expropiaciones, el proceso judicial más complejo y extenso de los últimos tiempos en San Juan, que involucra a exfuncionarios, jueces, fiscales, peritos y abogados acusados de defraudar al Estado mediante el pago de sobreprecios en terrenos expropiados.
La audiencia, desarrollada en el Concejo Deliberante de Capital, concluyó con la lectura de las primeras condenas por parte del tribunal. Entre los principales implicados, el abogado Santiago Graffigna recibió una pena de 7 años y 8 meses de prisión efectiva, de los cuales ya cumplió tres años en detención preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
Además, se conocieron las siguientes condenas:
Horacio Alday, abogado: 6 años de prisión.
Carlos Macchi, exjuez: 6 años de prisión. Cabe recordar que Macchi ya había sido separado de su cargo mediante un jury de enjuiciamiento.
Ana María Melvin, perito oficial: 4 años de prisión. Melvin logró jubilarse antes del inicio del juicio.
El escándalo judicial comenzó a gestarse en el año 2010, a partir de investigaciones que detectaron irregularidades en los montos pagados por terrenos expropiados en zonas clave como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y el Canal Benavídez. Se determinó que hubo una manipulación sistemática de tasaciones para inflar los valores y beneficiar a privados en detrimento del erario público.
El monto total del fraude aún está siendo evaluado, aunque las estimaciones extraoficiales apuntan a cifras millonarias. Por eso, una de las principales incógnitas tras el veredicto es si los condenados deberán devolver el dinero sustraído al Estado. El tribunal aún debe expedirse sobre ese punto crucial.
En desarrollo.-
/DH
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