El fiscal de Estado en San Juan, Sebastián Dávila, habló de las medidas que están dispuestos a tomar para evitar que sigan dándose amenazas de bomba que implican gastos y daños que le producen el Estado y la sociedad.

«Lamento profundamente que esto se haya puesto de moda, que no se dimensione la gravedad que tiene porque la aplicación de los protocolos. Nosotros queremos hacerles sentir las consecuencias porque no podemos dejar que pase desapercibido, no podemos decir ‘ah bueno hice un chiste, una broma y ya está’. Nosotros vamos a tratar de profundizar en lo máximo posible dentro de las normas y de los procesos legales correspondientes, pero lo máximo posible para que haya un castigo para que esto no suceda», dijo este viernes el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, sobre la situación tras una ola de amenazas de bomba en San Juan en el Centro Cívico, el Hospital Rawson, el show de Lali y escuelas.

Cada operativo conlleva un gran despliegue de fuerzas policiales y de bomberos, la evacuación del lugar y un costo millonario para el Estado. Dávila, que es quien defiende a la provincia como abogado, expresó que la situación es insostenible y por eso están pensando decidir en no más de dos semanas cómo cambiar el sistema de castigos, para poder llegar con un mensaje más contundente a la sociedad y evitar estas situaciones, según dijo el funcionario en declaraciones a Radio Sarmiento.

Sobre la acción civil, explicó que comprende lisa y llanamente el inicio de una acción por daños y perjuicios que obligue a pagar un resarcimiento al responsable de la amenaza, a la par del costo del operativo. «Porque no es solamente la reparación al Estado, el Estado no solamente se conforma con que las personas paguen el procedimiento que se hizo del protocolo de seguridad, sino que también, se incluyan todos aquellos elementos que produjeron un daño. En el caso del señor Salem, por ejemplo, paralizar durante un determinado lapso de tiempo el show de Lali Espósito, con todo lo que involucró, porque eso tenía no solamente la seguridad propia del espectáculo, sino también hubo que aplicar los protocolos por este tipo de amenaza. Entonces, todo eso involucra un gasto y un daño. Es un daño que se le produce al Estado, y el Estado lo va a salir a defender totalmente».

En el caso de las escuelas, ejemplificó también, «el hecho de que se paralice la actividad donde un profesor o un maestro no puede trabajar porque tiene que respetar los protocolos de seguridad y todo el funcionamiento del establecimiento se paraliza, eso también genera genera un daño al Estado O en el caso del Centro Cívico, del Hospital Rawson».

¿Y los menores de edad que amenazan?

«Lo estamos estudiando porque tampoco queremos dar pasos en falso, así que es una es una situación firme que va encaminándose, estamos en pleno proceso y también más que nada estamos con el tema de los menores que es algo más más dificultoso de llevar a cabo porque tenemos que de alguna manera tratar de involucrar a quienes ejercen la patria potestad de esos chicos», dijo Dávila.

Además, consignó «estamos tratando de vincularnos. Hay un un proceso con la Justicia Restaurativa Juvenil que viene proyectándose, que en donde el Poder Judicial la está impulsándolo y capacitando gente, la idea es ver si podemos adelantar unos pasos».

¿Cómo sería este abordaje? «No es un castigo propiamente dicho, es una instancia de reeducación, de readecuación en donde se involucra a todo el contexto social en el que vive es el menor, que son padres, tíos, primos, etcétera, donde se hace un trabajo social profundo con los vecinos, con una serie de medidas que lleven a que se reencause el menor, no solamente en el ámbito individual sino en un ámbito social, que todo el ámbito que rodea de esa persona caiga en la cuenta de que hay algunas cosas que no se hacen como cometer delitos».

Por ejemplo, el abordaje «mediante talleres, cursos más que nada apuntalados a que tome consciencia de la conducta que una persona tiene que tener», dijo.

No descartó que el menor termine en una institución para que allí se le ayude a entender lo la gravedad de sus actos. «Eso se tiene que dar», dijo. «No podemos, seguir con esto de que yo entiendo que es darle una palmadita y decir, mire, no lo haga más y nada más. O sea, me parece que requiere de un tratamiento más extenso, con mayor desarrollo de los profesionales especializados en el tema para que esto no vuelva a suceder y si se quiere, este, también ir a las escuelas a brindar charlas porque realmente deberían aprender que estas cosas tienen una gran gravedad como sociedad».

Dávila dijo que se pondría el circuito a punto para este abordaje más integral, como son los institutos de menores y profesionales en acción.

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Transeúntes de la capital sanjuanina, en compañía de un veterinario, rescataron a un perro que estaba dentro de una acequia y tenía un caño incrustado.

Noticia en desarrollo.-

El fiscal Pablo Martín reveló que en San Juan se recibían entre 100 y 120 denuncias por material de abuso sexual infantil al año

El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos, Pablo Martín, informó que en San Juan se recibían entre 100 y 120 denuncias anuales por material de abuso sexual infantil, lo que representaba un promedio de un caso cada tres días. “Es un número alto. Quizá bajo en comparación con las defraudaciones informáticas, pero no deja de ser grave”, señaló en Canal 13 San Juan, durante el programa Todos Vivos.

Explicó que la mayoría de las causas se originaban en reportes internacionales y se investigaban con allanamientos y secuestros de dispositivos. “Cuando llega un reporte, trabajamos con mucha precisión. Es prioridad número uno”, afirmó.

El funcionario judicial advirtió que la pandemia había incrementado tanto el consumo como la distribución de este material. “Lamentablemente, hay un público que consume ese tipo de contenido. Son imágenes aberrantes, desde niños hasta bebés. Eso explotó en la pandemia y aún quedan esas prácticas”, expresó.

El fiscal sostuvo que no existía un perfil único entre los acusados y que las investigaciones habían demostrado que podían ser personas de distintos ámbitos. “Puede ser cualquiera. Por eso trabajamos mucho en prevención y concientización. Las familias tienen que estar atentas y también es importante lo que se pueda hacer desde las escuelas”, remarcó.

Además, recordó que el Código Penal contemplaba sanciones severas para estos delitos. “La tenencia de este material tiene penas de entre 3 y 6 años de prisión. La producción y la distribución son todavía más graves. Es un delito que tiene que ser erradicado con el trabajo de todos”, concluyó.

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