La ministra de Gobierno dijo que no recibió ninguna comunicación oficial sobre un posible paro.

La compleja situación del transporte público en San Juan, que tiene hasta amenazas de paro por parte de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), sumó un nuevo capítulo este miércoles. En medio de este clima de tensión, la ministra de Gobierno, Laura Palma, ofreció su perspectiva sobre las demandas de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que ha solicitado la intervención del gobierno provincial y un subsidio de $3.000 millones para hacer frente a los pagos salariales exigidos.

Palma, aclaró que hasta el momento no ha recibido comunicación oficial de que se esté preparando alguna medida de fuerza por parte de ATAP. «No tengo conocimiento oficial de que vaya a haber ninguna medida de fuerza. He leído algunas cuestiones en medios de comunicación, pero oficialmente, la ATAP no me ha comunicado que haya inconvenientes con la UTA», afirmó la ministra.

La preocupación de ATAP se centra en el cumplimiento de un acuerdo salarial firmado a nivel nacional en noviembre pasado, que incluye diferencias salariales que deben ser saldadas antes del 28 de febrero. Ricardo Salvá, referente de la asociación, ha sido claro en su llamado a la intervención del Gobierno provincial, afirmando que «indefectiblemente debe intervenir el Gobierno» para resolver la crisis que enfrenta el sector.

A pesar de la urgencia expresada por Salvá, Palma enfatizó que el tema salarial debe ser negociado directamente entre ATAP y la UTA, y que el gobierno no es parte de estas negociaciones. «Estamos en comunicación permanente. El tema salarial lo tiene que negociar ATAP con UTA. No tengo una comunicación oficial de que vaya a haber una medida de fuerza, ni un pedido de una reunión ya para ese tema», reiteró la ministra.

El reclamo de los transportistas incluye la necesidad de una adecuación del esquema de costos del transporte, dado que el actual precio del boleto, fijado en $560 tras la última actualización en julio de 2024, no cubre los costos operativos, que han aumentado drásticamente debido al incremento en el precio del combustible y otros insumos. Salvá destacó que el boleto mínimo debería estar en $770 para hacer frente a las deudas acumuladas.

La situación es preocupante, ya que, según Salvá, si no se cumplen los plazos establecidos, la posibilidad de un paro que afectaría gravemente el servicio de la Red Tulum es inminente. «La actividad tiene 1.650 trabajadores, y el aumento es escalonado, comenzando con una parte del salario de noviembre que debe abonarse en febrero», explicó.

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El Presidente participará una vez más de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que esta vez se realizará en Washington. Se reunirá con Georgieva y el dueño de Tesla. No hay pactada bilateral con Trump.

El presidente Javier Milei viajará esta noche a Estados Unidos para participar de una nueva edición de la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) y para entrevistarse con Elon Musk y con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en medio de la polémica por el escándalo cripto con la

El mandatario partirá a las 00.10 del jueves en un vuelo especial rumbo a Washington y aterrizará alrededor de las 10 de la mañana del jueves (hora Argentina).

Lo acompañarán en el viaje el ministro de Economía, Luis Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y completará la delegación el canciller, Gerardo Werthein, quien lo esperará en Estados Unidos.

El mismo jueves, a las 17, el libertario volverá a encontrarse con Musk, quien asumió al frente del Departamento de Eficiencia de la Casa Blanca tras la asunción de Donald Trump, y a las 19 hará lo propio con Georgieva en las oficinas del FMI.

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La gestión de Sebastián Carbajal primero publicó un comunicado asegurando que solo podían cubrir las actividades oficiales los medios que tienen pauta. Ahora han salido a decir que tomaron esta medida para «ordenar» la información.

El 12 de febrero pasado el municipio de Calingasta publicó un mensaje que fue catalogado como un caso de censura. Es que la comuna salió a aclarar que solo podrán cubrir la actividad oficial los medios que tienen pauta publicitaria. Esto generó una serie de reacciones entre los medios, y diferentes dirigentes políticos. Ahora la comuna salió a decir que no pretendió censurar, sino que solo quiso “ordenar” la información. 

El comunicado, que lleva la firma del intendente Sebastián Carbajal, comienza asegurando que “la Municipalidad de Calingasta reafirma su compromiso con la libertad de prensa y el acceso a la información”.

Luego, aseguran que la medida de permitir la cobertura de la actividad oficial sea hecha solo por los medios con pauta oficial, “no busca restringir la participación de los medios, sino garantizar que la información oficial sea transmitida con precisión y responsabilidad”. 

El mensaje oficial agrega que “en un contexto donde la información o las interpretaciones erróneas pueden afectar a la comunidad, la municipalidad se hace responsable únicamente de lo que se comunica a través de los medios con pauta oficial, asegurando así una fuente confiable para la ciudadanía”, asegura el comunicado en el que la comuna se arroga la potestad de informar con la verdad. 

El comunicado asegura además que “esto no impide que otros medios participen o cubran la información, pero sí nos permite establecer un marco de referencia claro para la comunicación institucional”, aseveraron desde el municipio.

Ya en el fin del comunicado, informaron que el responsable del área de Prensa y Protocolo, Daniel Roco, fue desvinculado de esta función y aseguraron que están avanzando en una reestructuración del área de comunicación para “fortalecer la transferencia y la eficacia de la difusión de información oficial”. 

Este mensaje llega después de que los medios de Calingasta y de la provincia salieron a criticar la medida de Carbajal, ya que la definieron como una censura. 

A estas opiniones se sumió la del diputado y exintendente calingastino quien Jorge Castañeda, criticó duramente al intendente por su accionar.

El diputado Castañeda contó que le “llama mucho la atención y me pone muy triste porque los actos de los funcionarios son actos públicos y los puede transmitir, criticar y opinar todo el mundo. Es una falta a la libertad de expresión y de prensa, en una clara contravención con lo que dice nuestra Constitución nacional contra las libertades individuales que tiene las personas para poder opinar, la libertad democrática de poder elegir y ser elegido, la libertad de trabajar”.

A esto se sumó que en las últimas horas el exfuncionario de Prensa, Daniel Roco, informó que hay 5 radios y 2 diarios, de los cuales menos de la mitad tienen pauta. Por lo que menos del 50% de los medios calingastinos pueden acceder a la información oficial de primera mano.

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