El Presidente rubricó el documento por el cual se transformará societariamente a la compañía energética. De esta manera, la administración nacional busca abrir el camino a una eventual privatización.

En el marco de la reforma del Estado que impulsa Javier Milei, el Gobierno nacional avanzó con la transformación de la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una Sociedad Anónima. Ocurre días después de la reforma del Banco Nación. El Ejecutivo busca allanar el camino para las privatizaciones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó este domingo por la noche que el presidente Milei «ha firmado el decreto que transforma la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una Sociedad Anónima». Luego, parafraseando al exministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, dijo: «Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que tengan todos un gran inicio de semana. Fin».

La compañía estatal carbonífera emplazada en el sur del país fue incluida en la ley Bases aprobada por el Congreso dentro del listado de posibles empresas a privatizar de manera total o parcial por parte del Ejecutivo.

La mina de carbón ubicada en Santa Cruz. Un informe de la SIGEN de noviembre del 2024 reveló que la empresa, al cierre del tercer trimestre de 2024, registró un resultado económico negativo de $8.728 millones, a pesar de haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. El déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. En 2023 había sido de u$s140 millones.

Actualmente, la planta de YCRT tiene unos 2.100 empleados. La ciudad de Río Turbio vive alrededor del funcionamiento del yacimiento y de la Central Termoeléctrica.

El listado de empresas a privatizar

En el listado de la ley Bases, además de YCRT fueron incluidas también Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA).

De acuerdo a un listado al que tuvo acceso Ámbito en exclusiva, el objetivo final no se limita a dichas compañías. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, área que dirige Diego Chaher, tiene bajo análisis el destino de 62 empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, otras 59 en las que cuenta con una presencia minoritaria y otras 8 en proceso de liquidación.

Entre las más destacadas se encuentran Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, media docena de empresas de ferrocarriles, ARSAT, ENARSA, IMPSA, Casa de Moneda, los bancos Nación, Hipotecario y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor, Aguas y Saneamiento (AySA) y la Televisión Pública.

Javier Milei avanza con el esquema de privatizaciones

A principios de febrero, el presidente Milei firmó el decreto para la privatización total del Belgrano Cargas Logística S.A.. «El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles», anunció Adorni en sus redes sociales.

Días después, se concretó la primera privatización de la era libertaria. Tras haber completado la renegociación de una deuda de u$s570 millones con los acreedores de la metalúrgica estatal IMPSA, quedó firmada la privatización de la empresa que pasará a manos de la estadounidense Arc Energy, firma de estrechos vínculos con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El domingo pasado, la administración actual continuó con su plan de venta. A través del Decreto 97/2025, se avanzó con la privatización de Corredores Viales S.A.. La medida habilita el traspaso de la gestión y mantenimiento de rutas nacionales al sector privado mediante concesiones de obra pública bajo la Ley Nº 17.520.

El Ministerio de Economía liderará el proceso de privatización, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. El plan incluye la disolución de Corredores Viales tras adjudicar las concesiones, sin programas de participación para empleados o inversores locales.

Además, el miércoles pasado Milei firmó el decreto para transformar al Banco Nación en una sociedad anónima. La entidad había sido excluida del listado de empresas a privatizar de la ley Bases. Su titular, Daniel Tillard, impulsa su reforma. En septiembre, la Justicia Federal le advirtió al Gobierno que si eventualmente avanza con la privatización deberá ir al Congreso.

La medida, que lleva la firma de Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, señala que los accionistas del BNA S.A. serán: el Estado Nacional con el 99,9% del capital social, el cual «ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía», y la Fundación Banco de la Nación Argentina, quien tendrá la titularidad del 0,1 % del capital social. Se trata de un primer paso camino a la privatización parcial de la entidad.

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