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NacionalPolítica & Economía 

Si no se cobra Ganancias a los jueces se pierde un impuesto a las «grandes fortunas» por año.

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El dato es elocuente y es sólo una de las muchas comparaciones que pueden trazarse a la hora de ver la importancia tributaria que tiene para los Estados lograr que el Poder Judicial, único eximido, pague de manera plena el Impuesto a las Ganancias: lo que el Gobierno dejará de recaudar el año próximo por no cobrarles el impuesto al sector asciende a 238 mil millones de pesos. Es decir, el Estado pierde a razón de un Impuesto a las Grandes Fortunas por año dado que ese tributo -que se votó en el Congreso y por única vez para paliar el daño económico de la pandemia-, recaudó en 2021 algo más de 240 mil millones de pesos. 

Es decir que sólamente generalizando un tributo que hoy paga toda la población que supere el Mínimo no Imponible y quitándole el privilegio al Poder Judicial, el Estado podría contar no sólo con un principio de equidad tributaria, sino que además podría usar esos fondos para financiar obras, ayuda social y otros puntos sin crear nuevos impuestos o enfrascarse en pujas políticas en el Parlamento. Esta es la discusión que se dará la semana próxima en el Congreso, en el marco del debate del Presupuesto 2023, en el cual el oficialismo, vía el diputado del FDT Marcelo Casaretto, introdujo un artículo donde propone, precisamente, que todo el Poder Judicial pague Ganancias. Al día de hoy, sólo pagan los jueces nuevos, aquellos que asumieron en el 2017. 

«Todos somos iguales ante la ley y todos los jueces en actividad o jubilados tienen que pagar Ganancias si superan el mínimo no imponible, como cualquier hijo de vecino», expresó Casaretto en declaraciones radiales y agregó que «incluye a todos, jueces de la Corte Suprema, camaristas, jueces, fiscales, funcionarios, todo el que supere los $330.000, paga Ganancias». Asimismo, consideró que «un obrero automotor paga Ganancias, el presidente y sus ministros, los legisladores también; los únicos que no pagan son los que están en la Justicia».

¿Para qué alcanza?

Hay otras comparaciones de lo que se recaudaría de Ganancias si el Poder Judicial se sumara en pleno. Por ejemplo, es casi lo mismo que se viene recaudando desde AFIP por el Impuesto País entre enero y septiembre (251.818 millones de pesos) y algo menos de 60 mil millones de lo que ingresa por el impuesto a los Combustibles. Otro caso, por Bienes Personales Bienes personales se vienen recaudando, a septiembre, 292 mil millones. Y todos estos son impuestos aparte que, además, también los pagan directa o indirectamente muchos de los que ya pagan Ganancias. 

Luego hay cuestiones más de sentido común por las cuales es llamativo que haya un sector que no pague Ganancias. Un caso, el IVA impositivo, que por la inflación y el consumo siempre crece exponencialmente, recaudó en septiembre 361 mil millones de pesos. Es el mayor aportante a la recaudación de AFIP, pero ese tributo lo pagan, sin distinción de condición ni ingresos todos los argentinos. No tiene progresividad. Y allí entran incluso las personas en situación de indigencia. 

Además, según datos que maneja la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), lo que no se recauda por Ganancias a jueces puede compararse con gastos directos. Por ejemplo, ese dinero es 4 veces lo que Desarrollo Social invertirá en 2023 en políticas alimentarias de comedores escolares y merenderos. También, la plata alcanza para pagar 4,5 Ministerios de la Mujer con su Presupuesto completo. 

Un debate extenso e injusto

Casaretto reiteró que la exención del pago de Ganancias para el Poder Judicial «significa un costo de 238.000 millones de pesos para el año que viene», y que la discusión en torno de la «intangibilidad» de los ingresos de los magistrados «viene desde hace 90 años», cuando en 1932 se aprobó el impuesto a los Réditos.

Por entonces, «la Corte Suprema interpretó que todos tenían que pagarlo menos ellos», recordó, además de señalar que «ese impuesto fue cambiado por el de Ganancias en la década de los ’70 y en la de los ’90 se eliminó la exención para los jueces».

No obstante, nuevamente «la Corte, encabezada por Julio Nazareno en 1996, volvió a disponer que todo el mundo pagara Ganancias menos ellos», indicó, en tanto «a partir de 2016, se aceptó que pagaran Ganancias los jueces que entraran de 2017 en adelante, pero no los que estaban hasta esta fecha».

En esa línea, Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del programa Justicia Fiscal ACIJ dijo a Página I12 que incluso «después de 2017 hay un monton de cautelares que les han impedido cobrar Ganancias. Por eso es interesante que este tema se debata en el Congreso y en el marco del Presupuesto, lo que no tengo claro es cómo lo van a implementar». Para la especialista, «estamos ante una historia injusta». Es que al día de hoy hay sólo tres sectores económicamente activos que no pagan Ganancias: los ciudadanos que viven en país y con la renta obtenida compran o venden acciones y títulos (un agujero negro del que hay muy pocos datos pero que en volúmen no es representativo), el Poder Judicial y también el Régimen de Mineras, cuya excención para el 2023 es más grande que todo el Presupuesto del Ministerio de Ambiente. Luego están los rubros a proteger, como asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas. 

Los sueldos, en el eje de la discusión

Un trabajo reciente de ACIJ titulado «No hay transparencia en los salarios del sistema judicial» detalla cuáles son los sueldos del Poder Judicial. Explican que si bien esa información es de acceso público y está en los sitios web de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, hay cuestiones a tener en cuenta. 

Según ACIJ faltan allí «varios suplementos» que están en los recibos de sueldos entre los que se incluyen “cargo funcional c/ bonificación título”, “permanencia categoría”, “antigüedad en el título” y “diferencia suplementaria bonificación”. Así, concluyen que esos puntos generarían una diferencia de hasta 50 por ciento entre el salario publicado y el real. 

Ejemplifican algunos casos: si un magistrado de primera instancia figura como cobrando en mano $625.286,48, en la realidad el promedio de quienes están en ese cargo cobran alrededor de $1.000.000. Y cuando subrogan otro juzgado lo que reciben en mano es alrededor de $1.300.000. 

En el caso de las juezas, fiscales o defensores de Cámara figura una escala salarial de $796.000 «pero en la práctica el promedio que perciben neto (libre de cualquier retención o impuesto) es de alrededor de $1.300.000». Con una subrogancia se alcanzan casi $1.700.000 pesos mensuales en mano. El sueldo publicado de las y los jueces de Cámara de Casación es de $, pero cobrarían en promedio alrededor de casi $900.00 pesos.

Por último, ACIJ destaca que sobre los sueldos en mano de jueces y juezas de la Corte Suprema no hay información precisa. «Lo que podemos afirmar es que, conforme lo que figura en la página del Alto Tribunal, el básico de $963.581 es muy inferior al real, ya que dependiendo de la edad y antigüedad en el cargo el sueldo total rondaría entre $1.700.000 y $2.400.000». 

/Página12.

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Fuerza Patria lanzó su primer spot de cara a las elecciones en Buenos Aires

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La alianza es conformada por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Los comicios bonaerenses tendrán lugar el próximo 7 de septiembre.

Tras acordar la unidad y confirmar la alianza el pasado miércoles 9 julio, Fuerza Patria presentó su primer spot de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses que tendrán lugar el próximo 7 de septiembre. «Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante», reza una voz en off en el video de más de un minuto.

En detalle, la alianza está conformada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el titular del PJ provincial, Máximo Kirchner, y el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, que tras meses diálogos y enfrentamientos lograron acordar un frente común.

Fuerza Patria apunta a las elecciones legislativas

Lograr los acuerdos necesarios para presentar un frente único no fue tarea fácil para el peronismo en territorio bonaerense, que tuvo un semestre revulsivo, con el debate por el desdoblamiento de las elecciones y la condena de la expresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el pasado miércoles, el frente emitió un comunicado que confirmó el primer paso de las negociaciones: «Se firmó el frente y se acordó que todas las listas, tanto las de concejales de los 135 municipios, como las de legisladores provinciales por las ocho secciones, como la de diputados nacionales tendrán un único esquema de apoderados, uno por sector».

En este escenario, y a dos meses de los comicios legislativos, la nueva propuesta electoral lanzó su primer spot de campaña. El mismo fue publicado por Massa, con un lema que reza: «Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa».

/ámbito

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Senado: aprueba proyectos sobre la distribución de los ATN y combustibles

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Una sesión muy intensa se vivió en el Congreso. Aprobaron varios proyectos y Milei anunció que los vetará.

El Senado aprobó  los proyectos que proponen la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles por 56 votos afirmativos y uno negativo, dos iniciativas que fueron impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

Fue con el apoyo de senadores de todos los bloques con excepción de Luis Juez (PRO) y La Libertad Avanza (LLA), que dejó el recinto horas antes y a la mitad de la discusión por los proyectos jubilatorios, que salieron aprobados con dos tercios de los presentes y que el presidente Javier Milei advirtió que vetará.

La embestida de los mandatarios provinciales se activó después de una reunión en el CFI en la que participaron representantes del Gobierno, entre ellos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Ante la inflexibilidad oficialista de considerar las propuestas presentadas, decidieron avanzar con ambos por ley en la Cámara alta.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación. Además, elimina los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

/LPSJ

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Paro nacional de pilotos para el sábado 19 de julio: es en rechazo al decreto que modificó el código aeronaútico

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El sindicato de pilotos de aviones confirmó paro de 24 horas para el sábado 19. Lo hacen en rechazo al Decreto 378/2025 que firmó el presidente Milei y modifica el código aeronáutico.

Mediante un comunicado, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro de 24 horas para este sábado 19 de julio, a partir de las 00.00 y hasta las 23.59 del mismo día. La medida de fuerza nace a partir de la promulgación del Decreto 378/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que fue rechazado por el gremio por unanimidad en asamblea general. “Advertimos que la implementación de dicho decreto representa un serio riesgo para la seguridad de los vuelos y hacemos responsables a las autoridades de las consecuencias de su aplicación”, indicaron en el comunicado.

Acusan al Gobierno de aumentar los tiempos de servicio de vuelo, disminuir los descansos de las tripulaciones y suprimir artículos que contribuyen a reducir la fatiga en horario laboral. Además, APLA denunció que no se trata de una disputa sectorial aislada, sino de una problemática que compromete a varias cuestiones estructurales vinculadas a la seguridad aérea.

Se prevé que la medida afecte tanto vuelos de cabotaje como internacionales, en uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico del año, lo cual agudiza el conflicto en el sector aeronáutico en plena temporada alta.

Se espera que el paro del sábado impacte sobre al menos el 50 por ciento de la regularidad de los vuelos desde este mismo fin de semana y durante todo el receso invernal, generando una ola de cancelaciones y demoras.

Qué dice el Decreto 378/2025 que firmó el presidente 

El conflicto se centra en el Decreto 378/2025, recientemente firmado por el presidente Milei, el cual introduce modificaciones en la normativa vigente sobre tiempos de actividad y descanso de las tripulaciones. Desde el sindicato calificaron a la postura gubernamental como un intento de “desviar la atención y deslindar responsabilidades frente a una medida claramente improvisada y peligrosa”.

En ese contexto fue que confirmaron el paro de actividades para este sábado 19, que durará 24 horas y se espera que afecte a la regularidad de los vuelos en el comienzo de la temporada alta de viajes.

Desde el Gobierno, en tanto, minimizaron la protesta, la cual atribuyeron a «motivaciones políticas a las acciones sindicales». En los últimos días, voceros del Gobierno señalaron que el gremio «responde a intereses corporativos que buscan resistirse a la modernización del sistema aéreo”.

/Ed

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