El director del Servicio Penitenciario de San Juan, Carlos Suárez, habló de las nuevas celdas en construcción, que suman espacio para 328 internos. De ellas, casi 100 son con forma de módulos, que es la primera vez que se usan en el Penal de Chimbas.

«Estamos próximos a finalizar la obra del Sector número 5 y ya comenzamos a partir de la semana pasada con la incorporación de un sistema modular que va a alojar a las personas privadas de la libertad con delitos menores y condenas cortas a través del Sistema Acusatorio», informó este jueves el director del Servicio Penitenciario de San Juan, Carlos Suárez, sobre los nuevos espacios que servirán para descomprimir el Penal de Chimbas, que está sobrepoblado hace años.

El nuevo pabellón tiene una capacidad promedio para 232 personas y el sistema modular, para 96, destinado a alojar a personas con hasta seis meses de condena, de acuerdo a lo informado por el funcionario en diálogo con Radio Sarmiento.

El sistema modular es toda una novedad. Se trata de estructuras que no son de material, no son containers, sino módulos habitacionales, de otro material, como los que usan las empresas mineras en la cordillera. Cada uno tendrá sus separadores con un lugar para que cada persona pueda tener su espacio físico.

En total son 8 módulos, que tienen una dimensión aproximadamente de 12,5 por 6 metros, con una capacidad para 24 personas cada uno. Se contempla un módulo sanitario, un módulo para atención médica, un módulo para el personal del organismo técnico y profesional, un módulo para visitas, y un módulo para el personal que brinda condiciones de guardia con un sistema de cámaras de seguridad. La idea es que en 45 días o a más tardar en 60 días estén funcionando y ya con internos allí alojados.

¿Cómo será el sistema de seguridad para estos módulos, para controlar a ese casi centenar de internos? Cada módulo va a tener un promedio de 24 personas alojadas, según dijo el funcionario. «Es un sistema con un material reforzado, obviamente que no es el mismo material de una construcción tradicional. Pero la calidad del módulo va a tener un sistema que pueda soportar y pueda mantener la seguridad del lugar, con perímetro cerrado, vallado de tela, puestos de seguridad y un sistema de cámaras», dijo el director del Penal.

Escáneres sí, inhibidor de señal no

«Estamos trabajando para que se pueda concretar en conjunto con la Secretaría de Seguridad y el Gobierno la posibilidad de la compra y la incorporación de un sistema de dos equipos más de escáneres. En principio sería uno de personas y el otro de bolsos. Porque se va a habilitar el Sector número 5, que es donde está apuntado el sistema de escáneres», dijo Suárez.

Por otro lado, sobre sumar un inhibidor de señales, lo descartó por el momento. «El sistema de inhibidor de señales se estuvo trabajando, pero había ciertas cuestiones técnicas que requerían de algunos cambios ahí. Porque afectaba alguna parte del vecindario», destacó.

«Trabajamos de manera permanente y continua con los procedimientos de registro todos los días en distintos pabellones y sectores, para obviamente minimizar el manejo del uso clandestino de teléfonos celulares que puedan tener en su poder algunas personas privadas de libertad. Si bien los internos cuentan con un teléfono celular que es un corporativo manejado por el personal de contacto de igual que pueden realizar las llamadas telefónicas tanto a sus defensores como a sus familiares. Pero el tema del teléfono dentro de un pabellón, no. Por eso se trabaja con los controles de requisa de manera permanente», concluyó.

/TSJ

De las 19 empresas sanjuaninas, 6 lograron cerrar acuerdos y 5 vendieron todos sus productos.

San Juan estuvo presente en la Feria Caminos y Sabores, en Buenos Aires, donde mostró su oferta de productos gastronómicos. El balance, según el Ministerio de Producción fue bueno. Adrián Alonso, a cargo de la Dirección de Comercio Exterior, dijo que en este tipo de eventos “históricamente el 5 a 10% de las empresas que participan logran  acuerdos comerciales y esta vez fueron el 30%”. Además, remarcó que hubo buena cantidad de ventas directas y que lograron reuniones con referentes de pizzerías y escuelas de pizzería. “Hoy está aumentando el consumo en todo el país de este producto y es una oportunidad para San Juan”, explicó.

La feria a la que asistieron 19 empresas sanjuaninas dentro del stand que hizo Gobierno es un encuentro clave del sector gastronómico. Participan cámaras empresariales, escuelas de cocina, tiendas especializadas de productos gourmet y hasta cadenas de supermercados. Estos fueron los posibles clientes que fueron a buscar desde la provincia, con toda la oferta agroproductiva local. Hubo al menos 5 firmas de la provincia que participaron de 14 rondas de negocios, lo que también representó un récord.

Producción hizo un balance de los resultados de los 4 días que estuvieron en la feria. Entre los puntos más importantes estuvo que 5 de los participantes vendieron toda su mercadería, ya que si bien se trata de un espacio de negocios “muchos van para stockearse con productos regionales”, dijo Alonso. Además, tuvieron contacto con empresarios de Perú, Brasil, Turquía en Inglaterra, en búsqueda de exportar. El 32% de los sanjuaninos remarcó que hubo excelentes contactos comerciales, el 16% los calificó como muy buenos y un 48% como buenos.

Entre esas oportunidades, el funcionario remarcó el buen diálogo con Apyce, la asociación de pizzerías, y la escuela de maestros pizzeros. Explicó que en Buenos Aires especialmente está aumentando el consumo de este producto. Esta tendencia creciente es una ventaja para productores de tomate, pero también otros regionales como aceite de oliva, tomate seco, espárragos y otras variedades. Para continuar con esta búsqueda de negocios, el ministerio ya tiene prevista otra “noche de la pizza sanjuanina en agosto, en la Casa de San Juan en Buenos Aires”. Alonso explicó que este tipo de ferias permiten posicionar la producción local, ya que si bien había quienes conocían sobre la salsa de tomate o el aceite de oliva, “no todos saben que por ejemplo San Juan es la primera productora nacional de olivos”.

Según dijo, la participación en la feria pudo abrir alternativas para los empresarios presentes, pero también para el resto de la agro industria. “Pudimos explicar que la calidad anclada al origen es lo que le da una expresión sensorial a la provincia, por su sol, sus altas temperaturas y otras condiciones”, contó. Rescató que San Juan tiene la mayor cantidad de sellos anclados al origen, por condiciones naturales únicas.

/DC

Se trata de un exempleado de planta permanente, quien fue cesanteado. Fue investigado, pero el expediente en sede penal prescribió.

Jorge Iván Pereyra trabajaba en el IPV y se desató una investigación en su contra por la sospecha de cometer estafas con casas de la repartición. Incluso, estuvo detenido, pero, al final, fue sobreseído por prescripción. En el medio, fue echado del Estado y, con la desvinculación a su favor por el paso del tiempo sin que se haya llegado a una resolución, buscó su reincorporación en la Justicia Civil. Sin embargo, sufrió un primer revés, ya que la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, destacó en un fallo que el hecho de que haya quedado desligado penalmente “no influye en modo alguno en la sanción administrativa impuesta”.

La magistrada resaltó que “la fundada sospecha que recae sobre un funcionario público de haber cometido delitos dolosos contra la administración pública y la fe pública, es causa suficiente y razonable para que resulte inadmisible la permanencia en su función”.

El caso data de octubre de 2018, cuando Pereyra quedó en la mira de la Justicia Penal por entregarle una “autorización” falsa a una familia para que habitara una casa del Barrio Conjunto 7, en Pocito, cuando no era la adjudicataria.

A la vez, se abrió un sumario administrativo, dado que Pereyra era empleado de planta permanente. La investigación interna contó con el testimonio de la madre de familia que fue a vivir a la casa en Pocito. La mujer había indicado que le había preguntado al trabajador estatal, al que conocía de la infancia y sabía que cumplía tareas en el IPV, si había alguna chance de conseguir esa vivienda que estaba abandonada.

Fue así que se dio un encuentro en las inmediaciones del Centro Cívico, en el que, según relató la mujer, le entregó dinero por la vivienda y recibió una autorización para habitarla. Sin embargo, luego de un relevamiento del personal del IPV, la mujer fue citada y le informaron que ese documento y su firma eran falsos.

En el expediente también figura el testimonio de la jefa del Departamento Administrativo de la repartición, Marcela Rodríguez, quien había manifestado que, luego del hecho, “el Departamento Adjudicaciones del IPV procede a hacer un relevamiento de barrios para identificar el estado de las casas que registralmente estaban deshabitadas. Así, en varias situaciones, surgió también la existencia de autorizaciones falsas por decenas y se constató que esta maniobra que venía realizando el Sr. Pereyra era en relación a varios inmuebles. No menos de 30 casos existen a la fecha, por lo cual el Sr. Pereyra recibía dinero y todo surge de la causa penal”.

En el allanamiento que se hizo en el hogar del empleado público y en la requisa a su mochila, la Policía halló tarjetas del IPV, documentación de terceras personas, notas de mesa de entradas, entre otros elementos, según figura en la causa.

El sumario administrativo culminó con la cesantía de Pereyra, por el incumplimiento a la ley 142 A, del Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública, dado que los empleados tienen prohibido gestionar “trámites de terceros que se encuentren en substanciación”, “atribuirse funciones que no le competen” y “usar indebidamente documentos de las reparticiones públicas”.

Además, Pereyra contaba con dos antecedentes disciplinarios: un llamado de atención y una suspensión por dos días. Incluso, la jefa del Departamento Administrativo había señalado que “no era cumplidor de su trabajo, durante la jornada se ausentaba y existían quejas de sus compañeros”.

Todo eso se desprende de la investigación administrativa. El expediente penal se tramitó en el extinto Primer Juzgado de Instrucción y, con la puesta en marcha del sistema acusatorio, pasó a la Oficina Judicial de Finalización de Causas. En dicha instancia, la causa prescribió, es decir, se extinguió la acción penal por el paso del tiempo sin que hubiese alguna de las medidas que la interrumpiese ni que se diese una resolución de su situación procesal. O sea, el caso no tuvo avances. Así, fue sobreseído por prescripción.

Los abogados de Pereyra presentaron esa resolución para tratar de lograr su reincorporación. Sin embargo, la jueza del Contencioso Administrativo remarcó, en primer lugar, que “se observa que la sanción resulta razonable y proporcionada a la falta cometida y que se ha ajustado a las previsiones legales mediante la sustanciación del sumario administrativo previo”.

En segundo lugar, destacó que “la jurisdicción penal se limitó a sobreseer ‘por prescripción’ a Pereyra por el delito de estafa, pero no se pronunció sobre la inexistencia del delito fundado en causales de fondo (…), ni acerca de la responsabilidad penal del presunto autor, como así tampoco calificó como ‘acusación calumniosa’ ni ‘falsa denuncia’ la promovida por el IPV en cumplimiento de su deber ante las irregularidades detectadas”.

Por eso, indicó que “se ha sostenido que el sobreseimiento por prescripción de la acción penal no implica una declaración de inocencia, sino que el proceso penal no puede continuar debido a que ha transcurrido el plazo legal para ejercer la acción penal”.

De esa manera, Tettamanti resaltó que “resulta claro, en este caso, que no existen resoluciones contradictorias, puesto que en sede administrativa se impuso la sanción de cesantía por los hechos que configuraron faltas a la ley de empleo público 142-A, y en sede penal no se resolvió la falta de mérito ni la absolución del imputado en base a la declaración de inocencia, sino que se extinguió la acción penal por prescripción, es decir por inactividad de la jurisdicción penal en el transcurso del tiempo”.

Según fuentes judiciales, Pereyra aún cuenta con el plazo para apelar la resolución de primera instancia.

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