Además, se conoció que Ariel García Furfaro, detenido tras las muertes por el fentanilo contaminado, le pagó viajes a Estados Unidos.

El juez que avaló la censura previa está cada vez más complicado. Ayer, la exdiputada y referenta de la Coalición Cívica. Elisa Carrió, presentó junto a la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Alejandro Maraniello, el mismo que ordenó la censura de los audios con la voz de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Reclaman que se lo investigue por mal desempeño y piden su destitución. En paralelo, ayer trascendieron datos sobre el vínculo del magistrado con el laboratorio HLB Pharma y su dueño, el empresario Ariel García Furfaro, detenido en el marco de la investigación por el centenar de muertes tras el uso de fentanilo contaminado. Hay indicios de que el dueño del laboratorio le pagó varios viajes a Estados Unidos al magistrado. Incluso, en la denuncia se detalla que la empresa es auspiciante de una asociación de la que Maraniello es fundador y presidente, algo «incompatible con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece«.

El escrito solicita la apertura del proceso de remoción, la suspensión inmediata del cargo y la formulación de la acusación correspondiente. “Estamos frente a un magistrado que violó su deber de imparcialidad, abusó de su autoridad en perjuicio de subalternos y menoscabó la confianza pública en la Justicia”, expresaron los dirigentes de la Coalición Cívica. La principal crítica recae sobre la decisión de Maraniello en la causa “Karina Milei s/medidas cautelares”. En ese expediente, el juez ordenó prohibir la difusión de audios, chats y videos de la funcionaria del Ejecutivo y hermana del presidente Javier Milei. Para la Coalición Cívica, esa medida “implica lisa y llanamente censura previa contra la prensa y, en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.

Pero otro de los puntos claves tiene que ver con el vínculo de Maraniello con “HLB Pharma», el laboratorio investigado por las casi 100 muertes por fentanilo contaminado. El juez es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), «que resultaría parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación«. «A tal punto, que cuenta con importantes ´auspiciantes´ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma y Ramallo», sostienen los denunciantes.

Pero hay más, ayer trascendieron los vínculos de Maraniello con el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y detenido en el marco de esa investigación. Según un informe del canal A24, el empresario, a través de la asociación de abogados y magistrados, financió los viajes de Maraniello y otros jueces a ese país. La denuncia menciona entre quienes participan de la Asociación de Justicia Constitucional al consejero Alberto Lugones y a camaristas del fuero civil y comercial como Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Gottardi, integrantes a su vez del tribunal de alzada encargado de revisar las decisiones de Maraniello.

Otro de los hechos que menciona la denuncia es la posible connivencia del juez con el Poder Ejecutivo en la figura del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, con el fin de “encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos” contra Maraniello, actualmente en trámite ante el Consejo y la justicia federal. “La sola sospecha de que un juez busque protección política para sustraerse al escrutinio de sus conductas es inadmisible en un Estado de Derecho”, afirman.

Las otras denuncias

El cuarto punto de la presentación repasa la acumulación de denuncias contra el juez en el propio Consejo de la Magistratura. Maraniello es investigado en cinco expedientes distintos, por abuso moral, sexual y violencia de género. Las presentaciones fueron realizadas por personal de su juzgado directamente ante el Consejo, y en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal. Carrió & Cía. recuerdan que en septiembre del año pasado se dispuso una consigna policial permanente dentro del juzgado para resguardar a los empleados. “Difícil imaginar un indicio más claro de la pérdida de autoridad moral del juez y del peligro concreto que representaba su presencia para los propios trabajadores de su tribunal”, destacaron.

El quinto y último hecho enumerado en la denuncia se relaciona con irregularidades en el otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina bajo su gestión. Para los denunciantes, las conductas de Maraniello evidencian “un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario”. “Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluyeron. 

Aunque la presentación se canalizó únicamente a través del Consejo de la Magistratura, desde la Coalición Cívica no descartan futuras acciones en el Congreso.

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Tras la sanción del Senado que dejó en pie la Emergencia en Discapacidad, el bárbaro posteo contra el senador del PRO, su familia y su hija discapacitada fue lanzado por Daniel Parisini, conocido como «Gordo Dan» en las redes.

Hasta Guillermo Francos tuvo que salir a repudiarlo: «Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión», sostuvo el jefe de Gabinete tras una consulta periodística, y aseguró que no había podido hablar con Javier Milei sobre el tema porque el Presidente estaba de viaje en Estados Unidos.

Tras las declaraciones del funcionario el referente de Las Fuerzas del Cielo borró su tuit. Pero insistió, con sorna: «Ahí va con más respeto. Luis Juez utiliza la situación de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del estado argentino con el consiguiente empobrecimiento del estado argentino. “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”. 

El repudio, como es lógico, siguió creciendo.  

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Tras el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Congreso, el Gobierno de Javier Milei analiza recurrir a la Justicia para frenar su aplicación.

Luego de que el Senado rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Casa Rosada evalúa recurrir a la Justicia para frenar la aplicación de la norma. La medida, que fue impulsada por legisladores de la oposición y recibió amplio respaldo en ambas cámaras, podría abrir un nuevo frente judicial y político para el Gobierno nacional.

Según publicó el diario Clarín, los equipos técnicos de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Justicia ya trabajan en los fundamentos legales para una eventual presentación ante la Justicia, aunque en el propio gabinete de Javier Milei hay dudas sobre la conveniencia de avanzar con esta estrategia, en un contexto adverso para el oficialismo en el Congreso.

“Si aún se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, advirtió el presidente Javier Milei durante un acto en la Bolsa de Comercio. La declaración no hizo más que confirmar lo que ya se discutía en el círculo más cercano del mandatario desde el mismo momento en que el Senado convirtió el proyecto en ley.

El Ejecutivo considera que la ley podría ser inconstitucional o violatoria de ciertas competencias del Poder Ejecutivo, por lo que evalúa judicializar su implementación antes de que entre en vigencia formal.

Una nueva derrota en el Congreso

El rechazo al veto presidencial se produjo este jueves en el Senado, sumando así la vigésima derrota legislativa consecutiva del oficialismo en apenas 40 días. La sesión también dejó otras señales de tensión entre el Gobierno y el Congreso, especialmente por el avance del proyecto de modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que obtuvo media sanción.

Desde la Casa Rosada temen que esta modificación limite el margen de maniobra de Milei en la segunda mitad de su mandato, cuando planea intensificar el uso de herramientas ejecutivas para impulsar sus reformas sin necesidad del aval legislativo.

Qué implica la Ley de Emergencia en Discapacidad

La norma en cuestión declara la emergencia en materia de discapacidad y busca garantizar el acceso a prestaciones, servicios y cobertura de tratamientos para personas con discapacidad en todo el país. Fue aprobada con el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria y vetada por Milei, quien argumentó motivos fiscales para frenar su aplicación.

Tras el rechazo del veto, la ley quedó firme. Sin embargo, su aplicación podría verse suspendida si prospera una eventual judicialización por parte del Ejecutivo.

/LPSJ