Los montos reclamados superarán los 4 millones de pesos, valores que en promedio desembolsa la provincia tras cada amenaza de bomba. El primer paso será realizar una “mediación previa obligatoria”. Si no hay acuerdo, se iniciará el juicio por daños y perjuicios.
El Fiscal de Estado de la provincia, Sebastián Dávila, confirmó que este viernes la provincia dará inicio a los reclamos judiciales que tendrán por objetivo recuperar los gastos que el Ejecutivo incurrió al desplegar los operativos tras las amenazas de bombas. El funcionario orreguista indicó que “serán al menos dos” los procesos a iniciar y no se descartó que puedan llegar a presentar un tercero, del que, hasta ayer por la noche, les faltaba completar documentación. Si no, esa demanda quedará para la semana que viene, momento en el que también se espera que se sumen más procesos judiciales. Es que, hasta hace una semana, Fiscalía de Estado tenía contabilizados 16 casos en lo que iba a reclamar vía judicial los daños y perjuicios. Sobre qué casos serán los primeros, Dávila evitó dar precisiones hasta no tener las demandas presentadas, por lo que tampoco indicó el monto de cada uno de los procesos. El funcionario si manifestó que los valores a reclamar “superan los 4 millones de pesos” que en promedio gasta la provincia en cada operativo.
Los juicios por daños y perjuicios por las amenazas de bombas, son uno de los mecanismos que la gestión orreguista decidió aplicar luego de que se produjeran un sinnúmero de casos hasta la fecha. De hecho, tras dar a conocer el inicio de las demandas, Fiscalía de Estado tenía contabilizados 16 casos y en sólo una semana se sumaron 9 episodios, dos de ellos ocurridos ayer: uno en la Escuela General Antonio González Balcarce de Santa Lucía y otro en la Escuela Secundaria del Valle Grande, en Rawson. Así, las medidas judiciales parecen no haber tenido efecto en las personas, tanto mayores como menores, que deciden realizar amenazas. Otra de las medidas dispuestas por el Ejecutivo fue realizar jornadas de acciones preventivas a través del Ministerio de Educación con espacios de sensibilización, actividades reflexivas y materiales pedagógicos para trabajar en las aulas con los alumnos. Ese evento se realizó el martes. Por otro lado, también ha comenzado una campaña de comunicación con el objetivo de concientizar sobre las problemáticas y consecuencias de las amenazas de bomba.
El anuncio del inicio de acciones judiciales contra aquellas personas que obligaron a realizar operativos antibombas se dio a mediados de la semana pasada. El Fiscal de Estado de la provincia, Sebastián Dávila, dio a conocer la decisión al indicar que los procesos comenzarían esta semana. Así, tras la consulta, el funcionario confirmó que hoy se presentarán “al menos dos” demandas con la posibilidad de que se sume una tercera. Es que, para iniciar los trámites, la repartición que defiende los intereses de la provincia en la Justicia, debió contar con información clave, como el monto total de cada uno de los operativos, información aportada por otras reparticiones como la Secretaría de Seguridad y Orden Público, el Ministerio de Salud y Educación, entre otras. De esa forma, las presentaciones judiciales serán paulatinas y no todas juntas, por lo que también se espera que la semana que viene se realicen otras presentaciones.
Un punto clave que aclaró Dávila es que las demandas judiciales darán su inicio con una “mediación previa obligatoria” instancia que se conforma a través de la presentación de un formulario en el que consta toda la información de la demanda. Si existe un acuerdo entre las partes en esa instancia, el proceso termina ahí, mientras que, si no existe acuerdo, recién en ese momento se admite la iniciación de la demanda judicial respectiva. Además, los planteos no ingresan a un solo juzgado Civil, ya que cada expediente es sorteado entre los 8 juzgados de ese fuero más el Contencioso Administrativo.
Por otro lado, sobre los montos que serán plasmados en las demandas que serán presentadas hoy, Dávila indicó que “superan los 4 millones de pesos” cada una, ya que ese valor es el que se estimó en promedio “como mínimo”.
La semana pasada, el Fiscal de Estado había aclarado que “vamos a iniciar acciones civiles por daños y perjuicios contra todas las personas mayores de edad involucradas en las amenazas de bomba, así como contra los parientes responsables de los menores que estén bajo su guarda”.
Paralelamente, Fiscalía de Estado ha tomado parte, como querellante, en cada uno de los procesos penales que el Ministerio Público Fiscal inicia contra las personas que realizan las amenazas. En algunos de esos casos, los imputados recibieron una suspensión de juicio a prueba, como fue el caso de la bioquímica que en junio llamó alertando falsamente que existía una bomba en el Hospital Rawson. Si bien Rosario Cortez no recibió una condena, sí acordó pagar 4 millones de pesos y realizar tareas comunitarias. Dávila aclaró que los procesos civiles son por fuera de las causas penales, por lo que la profesional será demandada por los daños y perjuicios ocasionados.
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