El exdueño de Autotransportes San Juan – Mar del Plata adhirió a un plan de pago, pero los abogados de fisco lo rechazaron porque ya tiene una condena por evasión simple.
El próximo jueves, se llevará adelante una audiencia en el Tribunal Oral Criminal Federal en la que se ventilará una causa contra el empresario sanjuanino Manuel Ponte por evasión impositiva, cuyo monto actualizado es de 207 millones de pesos. El exdueño de Autotransportes San Juan – Mar del Plata suscribió un acuerdo de pago en 13 cuotas con el organismo recaudador nacional ARCA (ex AFIP), por lo que, tras su cancelación, apuntaba a quedar sobreseído, tal cual indica la normativa. El tema es que, según la propia ley, un contribuyente no puede acceder a tal régimen si tiene una condena por un delito tributario. Y Ponte carga con un castigo condicional de 2 años y 6 meses por evasión simple y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, indicaron fuentes oficiales.
Por ese motivo, los abogados de la actual ARCA se opusieron al plan de pago, pese a que salda toda la deuda. Una obligación en rojo que contempla los períodos fiscales 2014, 2015 y 2016 por un total de 32.738.008 pesos. Al encarar un plan de pago en el organismo recaudador, la cifra se actualizó en un 512 por ciento para llegar a los 207 millones, destacaron las fuentes.
Se trata de un caso de interés público, en el que está implicado un empresario de trayectoria, que estuvo al frente de una compañía tradicional en la provincia, con el trasfondo de recursos públicos que no fueron a las arcas del Estado nacional.
Ante el rechazo del fisco por la condena previa, el juez federal Daniel Doffo convocó al fiscal Fernando Alcaraz, a la defensa del empresario y a los querellantes del fisco para una audiencia en el Tribunal. Se basa en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, el cual establece que los jueces y fiscales “procurarán resolver el conflicto (…) dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.
En este caso, se da que un contribuyente quiere pagar todas sus obligaciones tributarias adeudadas, que es lo que persigue el fisco, pero no puede hacerlo por el impedimento legal, dado que incurrió en un delito tributario previo. Entonces, se verá si se da un camino alternativo que es, en esencia, lo mismo: la reparación integral del daño. O, por el contrario, se irá a juicio, en el que Fiscalía y la querella buscarán el castigo penal.
Ponte, de unos 75 años, es un reconocido empresario que proviene de una familia tradicional de la provincia, ligada al transporte. Era el dueño del 95 por ciento de las acciones de la empresa Autotransportes San Juan Mar del Plata, mientras que Silvia Vitar poseía el 5 restante, de acuerdo al expediente.
El empresario vendió la compañía, formalmente, el 21 de noviembre de 2014, aunque con el comprador establecieron que, en la práctica, el acuerdo comenzara a regir el 1 de septiembre de ese año. Según la acusación fiscal, Ponte no le comunicó al organismo recaudador la transacción que llevó a cabo, la cual está alcanzada por el Impuesto a las Ganancias.
Los que adquirieron Autotransportes San Juan Mar del Plata fueron Realtic Sociedad Anónima, que se quedó con el 92 por ciento del paquete accionario, y Mario Verdeguer, que consiguió el 8 restante.
Se trató de una venta en la que no trascendió el monto total, aunque los compradores destinaron 4.247.692 pesos en 2014, 25.220.821 pesos en 2015 y 15.119.646 pesos en 2016 en concepto de cuotas del convenio, comprendiendo sólo los períodos investigados por ARCA, según figura en el expediente.
También aparece otro pago por 800 mil pesos en ese último año, sumado a que en el contrato se determinó que los que adquirieron la empresa se hicieran cargo de sus pasivos concursales reconocidos. Estos fueron de 80.698.038 pesos en 2014 y de 142.774.810 pesos en 2015.
Además, Ponte no declaró ante ARCA la existencia de dos cuentas en España y sus respectivos movimientos, omisión que constituye un delito, ya que se oculta lo que se denomina el hecho imponible, es decir, aquello que el fisco tiene derecho a gravar y reclamar. En el Impuesto a las Ganancias, son, justamente, los ingresos, rentas o ganancias de un contribuyente.
La AFIP de entonces había recibido en 2016 información del exterior sobre Ponte, que derivó en la fiscalización de ese año y la inclusión de los dos anteriores. A la hora de determinar los montos, lo evadido en 2014 fue de 16.423.989, lo que contempló la no declaración de las cuentas y la venta del paquete accionario. De acuerdo al Régimen Penal Tributario, cuando se superan los 15 millones, se ingresa en la evasión agravada, que tiene penas que van de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión. En este caso, si se sobrepasó ese tope.
En el período 2015, la cifra fue de 13.974.892, mientras que, el de 2016, fue de 2.415.105. Así, el total ascendió a 32.738.008 pesos.
Según figura en el expediente, Ponte fue a juicio abreviado y recibió una condena el 20 de diciembre de 2023 de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por evasión simple y la retención indebida de aportes a la Seguridad Social.
De acuerdo al fallo, hubo un perjuicio fiscal por la evasión del Impuesto a las Ganancias en el período 2012 por 2.035.977 pesos y del IVA en 2011 y 2012 por 3.905.386 y 1.573.255 pesos respectivamente.
Por otro lado, los descuentos que Autotransportes San Juan – Mar del Plata les hizo a los trabajadores y no transfirió a Anses fueron por un total de 4.149.376 pesos durante meses de 2007 a 2011.
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