Horas después que cuatro mandatarios provinciales sumaran sus críticas al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, los vicegobernadores y vicegobernadoras de dieciséis provincias de todo el país calificaron como «una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo» la disposición del máximo tribunal para que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.

«Manifestamos nuestra absoluta desaprobación al fallo de la Corte Suprema de la Nación que reintegra indebidos privilegios a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de todas las provincias», indicaron este viernes las y los representantes en un comunicado.

En ese contexto, señalaron que: «Estamos frente a una decisión que perjudica directamente a 44 millones de argentinas y argentinos en beneficio de tres millones de ciudadanas y ciudadanos que habitan en el distrito más rico del país en virtud de circunstancias relacionadas con su histórica situación de Capital Federal de la República Argentina», y «de una ausencia de federalismo durante décadas, que fueron gestando esa desproporcionada asimetría».

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan «en forma diaria y automática» por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

La decisión fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad y la Nación no lograran ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida a la Ciudad en 2016.

Los vicemandatarios consideran que la Corte Suprema restituye a CABA los fondos «a pesar de que ha quedado firmemente demostrado, que por decreto, (Mauricio) Macri le transfirió a (Horacio Rodríguez) Larreta muchos más recursos de la coparticipación nacional que los necesarios para absorber el traspaso de la policía a la órbita» porteña.

«Estamos frente a una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo», indicaron y añadieron que «el actual gobierno nacional decidió priorizar los legítimos intereses de 23 provincias en las que vive más del 93% de la población del país».

El texto está firmado por Florencia López (La Rioja); Sergio Mansilla (Tucumán); Rubén Dusso (Catamarca); Mariano Fernández (La Pampa); Carlos Haquim (Jujuy); Eduardo Mones Ruiz (San Luis); Ricardo Sastre (Chubut); Antonio Marocco (Salta); Carlos Neder (Santiago del Estero); Eber Solis (Formosa); Analía Rach Quiroga (Chaco); Mónica Urquiza (Tierra del Fuego); Roberto Gattoni (San Juan); Laura Stratta (Entre Ríos); Eugenio Quiroga (Santa Cruz); Verónica Magario (Buenos Aires).

Asimismo, indicaron que el fallo es en «favor de una ciudad que no tiene que asfaltar, que no tiene que construir rutas ni caminos, que no tiene que proveer nuevos tendidos de cloacas, ni de agua corriente, ni de electricidad, ni de gas».

«En la práctica cotidiana, el 93% de los argentinos y argentinas tendrán ahora menos recursos, mientras el 7% de la población restante se beneficiará con más fondos», destacan en el documento y añaden que «decenas de miles de millones de pesos irán a las arcas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Los vicegobernadores y vicegobernadoras subrayaron que el fallo «afecta y severamente a las provincias, toda vez que reduce los fondos de Nación necesarios para asistirlas financieramente en el desarrollo de infraestructura social (escuelas, hospitales, viviendas, cloacas y agua potable, caminos) indispensables para que reducir las asimetrías e inequidades históricas entre CABA y las Provincias».

«Por una simple cuestión de residencia contable, empresas que hacen su producción en todo el país, pero facturan desde su oficina central en CABA generan el artificio de una contribución al producto bruto interno que no es real», agrega el comunicado y destaca que además CABA «concentra el poder político nacional, el sistema financiero, el puerto, los organismos centrales de defensa y seguridad y el primer cordón industrial».

Para los vicegobernadores, esto significa «una inmensa transferencia de recursos a la jurisdicción de la CABA», que «redunda en más y mejores puestos de trabajo, mayor consumo y por ende mayor recaudación impositiva local».

Además, plantearon que a partir del fallo «un 7% de argentinos y argentinas no sólo pagarán menos por la tarifa de servicios esenciales como electricidad y gas, sino que también obtendrán ahora exenciones impositivas» y completaron su posición con un interrogante: «¿Esto es querer construir un país federal? ¿Por qué este grado de privilegio para una sola ciudad?».

Repudio de más gobernadores.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta); Arabela Carreras (Río Negro); Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

Los cuatro mandatarios -que no participaron de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo este jueves con gobernadores en Casa de Gobierno- se expresaron en las últimas horas a través de un comunicado conjunto.

«Las y los gobernadores de la República Argentina que firmamos este comunicado, manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto», comienza el texto.

Y agregan: «El traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial. Por otro lado, es importante destacar que esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía».

«Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas; pero también sostenemos firmemente que esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina», afirman los mandatarios provinciales.

Finalmente agrega que «cuestiones como estas no hacen más que profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecemos desde hace décadas y que se materializan en inequidades y desproporcionadas asimetrías».

Reunión de gobernadores con el Presidente.

Gustavo Sáenz, Arabela Carreras, Omar Gutiérrez y Oscar Herrera Ahuad se sumaron a los otros 14 que participaron de la reunión de este jueves con el Presidente -algunos en forma presencial, y otros virtualmente- y que firmaron el comunicado difundido al término de la reunión.

Ellos son Axel Kicillof (Buenos Aires) , Raúl Jalil (Catamarca). Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos),Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán)

Tras esa reunión, el presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria «in extremis» contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.

«En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe», argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de la reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

Posteriormente, el mandatario reiteró en declaraciones al canal C5N que el fallo es «muy singular» y de «imposible cumplimiento».

Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso «se deben cumplir» y añadió que la norma en cuestión «no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad».

Sobre ese punto, aclaró que «más allá» de que quiera cumplir con el fallo, debe enviar una ley al Congreso que «resuelva un nuevo presupuesto» para que se establezca «de dónde va a sacar los fondos», y en ese caso si es con «impuestos, aumento de retenciones o endeudamiento».

El mandatario señaló que la Corte estableció que Nación debe asignar 2,95% de transferencia a la Ciudad pero que el Gobierno «no tiene la menor idea» de por qué «llegaron a ese cálculo» en el máximo tribunal, al advertir que «ese dinero no está en el presupuesto nacional».

También consideró que con el fallo se asiste a un «choque de poderes» porque el máximo tribunal «logró lo increíble», en referencia al hecho de que una resolución «contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo».

«La Constitución nacional no menciona jamás a la ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación», apuntó el jefe de Estado.