La oposición deberá reunir una mayoría especial de dos tercios si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original. 

El presidente Javier Milei remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario. La oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.

La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos. La oposición deberá reunir una mayoría especial de dos tercios si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan) y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que, según declaró el Presidente, también serán vetados. Cabe destacar que el plazo para hacerlo vence este jueves.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registró diferencias respecto del dato de julio.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de agosto se ubicó en un 1,9%, al igual que el mes de julio, registrando así un acumulado interanual de 33,6%.

Un Gobierno aún sacudido por la paliza en la Provincia se dispone a tomar una nueva decisión antipopular: vetar las leyes que sacan del pozo a las universidades y a los profesionales del hospital modelo de pediatría en el país. Si lo hace, habrá movilización. La oposición podría insistir en el Congreso como lo hizo con la Emergencia en Discapacidad. 

El gobierno de Javier Milei, aún aturdido por la paliza electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires, deberá decidir mañana si veta o no dos leyes fundamentales aprobadas por el Congreso y con amplio respaldo social: la Ley de Financiamiento Universitario, que ya vetó el año pasado provocando una descomunal pérdida de poder adquisitivo de los sueldos de docentes y no docentes; y la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca aumentar el financiamiento de los hospitales pediátricos y poner un freno al éxodo de profesionales por los bajos salarios derivados del ajuste eterno de la administración libertaria. Si el mandatario cumple su promesa previa al batacazo y veta ambas normas, se expondrá a un amplio rechazo que incluirá otra gran Marcha Universitaria y a la posibilidad cierta de que el Congreso insista con la sanción con los dos tercios de los votos en ambas cámaras.

El Senado aprobó hace dos semanas la ley que establece la reapertura de paritarias, la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos y la garantía de becas y financiamiento para las universidades nacionales. En aquella sesión, que se extendió por trece horas, la norma cosechó 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. Pese a ese amplio aval parlamentario, el gobierno no avanzó en la reglamentación.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió por unanimidad, en su plenario de secretarios generales, que realizará un paro nacional al día siguiente del eventual veto presidencial, en el marco del plan de lucha que lleva adelante la docencia universitaria. La medida se acompañaría de una acción de protesta de los sindicatos frente al Palacio Pizzurno y continuaría con la convocatoria a una nueva gran Marcha Federal, en coincidencia con la sesión parlamentaria que eventualmente deberá tratar y revertir el veto.

“Hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo universitario. Es fundamental en esta etapa consolidar, visibilizar y ampliar el respaldo, y tomar las calles de punta a punta del país el día que el Congreso debata el veto presidencial que pende sobre la Ley de Financiamiento Universitario”, anunció Carlos De Feo, secretario general de CONADU. “La próxima Marcha Federal tiene que presionar para que los diputados y senadores rechacen de forma definitiva el avance del Poder Ejecutivo sobre la voluntad popular que se expresa en el Congreso, para poner un freno a la política de ajuste que pretende destruir la universidad”, añadió.

Por su parte, los decanos de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se pronunciaron a través de un video en el que le piden a Milei que reglamente la ley aprobada por el Congreso. “Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública”, afirma el rector Ricardo Gelpi y los decanos de las facultades de la universidad más grande del país, que desde marzo pasado está en emergencia: docentes y no docentes cobran sueldos que no alcanzan, los profesionales de los hospitales universitarios trabajan con recursos al límite y la postergación de las paritarias empuja a docentes, investigadores y empleados a abandonar la institución en busca de mejores horizontes.

La falta de presupuesto repercute también en miles de estudiantes que dependen de becas y en pacientes que recurren a los hospitales de referencia para recibir atención. Para hoy, en la previa a la jornada que dejará en claro la decisión del gobierno, se prevé una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo, que realizarán docentes nucleados en Feduba y también en AGD-UBA.

En el caso de la ley por la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales, la sesión del Senado de hace dos semanas la aprobó con 62 votos positivos y apenas ocho negativos. La iniciativa se basó en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se declara el derecho a la salud integral garantizado por el Estado Nacional en condiciones de igualdad, continuidad, gratuidad y accesibilidad. 

El texto aprobado prevé más fondos, una recomposición salarial y la derogación de la resolución 2109/2025, por la cual el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas. Dentro de la ley se referencia especialmente el Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan como institución de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad, garantizando su “funcionamiento pleno y sostenido”.

El plazo para vetar ambas leyes vence mañana. Según el artículo 80 de la Constitución, si el Ejecutivo no se pronuncia en un plazo de 10 días hábiles tras la sanción de una ley, se considera que la aprueba tácitamente. Si Milei decide avanzar con los vetos se arriesga a que el Congreso insista en su sanción, superando el veto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. La oposición cuenta con los votos necesarios para insistir en la ley de emergencia pediátrica y está cerca de lograrlo con la ley de financiamiento universitario.

Los trabajadores ya habían advertido semanas atrás que, si Milei finalmente avanzaba con el veto de ley, realizarán una movilización de carácter federal que unirá todo el país desde Usuhaia a La Quiaca.

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