El proyecto surgido a partir del trabajo de la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa, se propone una primera etapa que tratará sobre 2.045 normas aún vigentes. 

En el marco de la Sesión Especial convocada en reafirmación de la democracia y los derechos humanos, el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, presentó un proyecto de ley que recapitula el trabajo realizado por la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa sobre los decretos aún vigentes y propuso la derogación de 2.045 normas instauradas durante distintos gobiernos de facto desde 1955 a 1983.

Esta labor fue realizada por una Unidad Especial creada en la sesión especial del 24 de marzo de 2022. A lo largo de un año y bajo la coordinación del intendente de González Chávez, Marcelo Santillán, fueron evaluados, en total, 3.217 decretos leyes y ordenanzas generales dictadas durante los periodos 1955-1958, 1932-1963, 1966.1973 y 1976-1983. Dentro de los fundamentos del expediente que expresa la propuesta, se detalló que entre estas normas aún vigentes se encuentran la Ley Orgánica de Municipalidades, el Código Procesal Civil y Comercial, las normas de Procedimiento Administrativo, la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado, la Ley de Ordenamiento territorial y uso de suelo, entre otras.

Del esa enumeración se desprende que la vida de los bonaerenses tiene reglas de convivencia que fueron decretados durante los gobiernos de facto de la segunda mitad del SXX. De allí surge la propuesta del diputado por la séptima sección Walter Abarca, que fue el elegido por su bloque para hacer uso de la palabra al momento de presentar el proyecto. “La Constitución es un pacto de convivencia que establecemos para vivir en comunidad”, dijo en el inicio de su alocución. Con un recorrido por el trabajo de la Unidad de Reparación, el legislador mencionó otros decretos que se conocieron durante el proceso de búsqueda, entre los que se incluye el que creaba una comisión para liquidar los bienes del Partido Peronista.

En el año 1956 salió a la luz el decreto ley 7.565, que establecía por potestad del interventor federal de la provincia “en ejercicio del Poder Legislativo”, la vigencia de la Constitución de 1934, dejando de lado la sancionada en 1949. Abarca explicó que aquella Carta Magna responde a una sociedad distinta a la actual, con un tercio de los habitantes del día de hoy, dónde los términos utilizados eran anacrónicos.

“Estamos convencido de que no solo debemos leer y aggiornar esas normas de la dictadura, sino dar un debate profundo sobre la Constitución de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el legislador saladillense. Y lanzó: “como producto de este trabajo hemos presentado un proyecto de convención constitucional constituyente”. Abarca sostuvo que temas como el medio ambiente y cuestiones del mecanismo de endeudamiento provincial, entre otros, se encuentran totalmente desactualizados y deben debatirse.

En relación al proyecto para derogar las normas establecidas en dictadura, el texto presentado los agrupa según su condición en los que ya han cumplido el objeto para el que fueron dictados, perdieron vigencia, y algunos otros que fueron derogados de forma implícita. Respecto a la cantidad, en esta primera etapa se analizaron y clasificaron 637 decreto leyes dictados en el período 1955-1958; 179 entre 1962 y 1963; 867 entre 1966 y 1973; y 1.534 durante la dictadura que se inició el 24 de marzo de 1976 y finalizó tras la asunción de Raúl Alfonsin en 1983.

Un debate con disenso en el acuerdo

Más allá del acuerdo mayoritario, la Cámara Baja tuvo algunos desencuentros en el marco de la condena al golpe de Estado de 1976 que derrocó a María Estela Martínez de Peron. El diputado del PRO y miembro del bloque Juntos, Daniel Lipovetsky, llamó a una autocrítica que polemizó sobre la teoría de los dos demonios. “El golpe no vino como un plato volador de un día para el otro”, consideró el legislador platense, y argumentó que habría que analizar lo sucedido en la etapa previa al golpe.

La respuesta llegó cuando tomó la palabra el diputado frentetodista José Ignacio Rossi, quien presentó el proyecto para declarar ciudadano ilustro post mortem de la provincia de Buenos Aires al guinosta de historietas y escritor Héctor Germán Oesterheld. “El golpe del ‘76 no fue producto de combatir una lucha armada”, indicó el legislador oficialista para argumentar que la intención de la dictadura fue implantar un modelo económico y cultural en referencia al neoliberalismo.

En la sesión, además, se declaró ciudadanas y ciudadanos ilustres a Rosa Catalina Aloy de Camarotti, Delia Giovanola, Adelina Ethel Damatti de Alaye, Juan Manuel Puig Delledonne; y como personalidad destacada a Lidia «Taty» Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, Adriana Calvo, Pablo Díaz y Magdalena Ruíz Guiñazú. 

“Los derechos humanos en la provincia no son un curro”, sostuvo Rossi en una respuesta a la recientemente repetida frase de Mauricio Macri alrededor de la política pública sobre la Memoria, la Verdad y la Justica. “No podemos dejar pasar esos dichos, se lo pido especialmente a los bloques que forman parte de su frente político, que digan algo al respecto porque aún no lo hicieron”, solicitó.

Horas antes, y en el mismo marco estipulado por la Ley 12.654, se celebró la sesión especial en la Cámara de Senadores de la provincia. Con un tratamiento de proyectos vinculados a la fecha, y con la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la co-fundadora de Madres de Plaza de Mayo-La Plata, Herenia Sanchez Viamonte, la vicegobernadora Verónica Magario entronizó de forma permanente en el recinto el pañuelo de las Madres y las Abuelas.

“Cada Madre y Abuela, cada nieto recuperado seguirán siendo nuestros nietos, ustedes marcaron un antes y un después en la historia argentina, en la historia de las luchas, y nuestros nietos que se animaron a saber de dónde venían son el símbolo de la identidad, de la historia y del reconocimiento de lo que los argentinos fuimos”, dijo la vicegobernador, que agregó: “La historia sirve para que la vayamos construyendo entre todos y no cometamos los mismos errores, la identidad y esa historia que construimos es un derecho que tienen que seguir conociendo nuestros jóvenes”.

“Si ellos – continuó – no conocen estas historias de lucha, estas historias de construcción de nuestra propia identidad, no tienen como construir su futuro. Por eso Abuelas, Madres y Nietos, sigan contando la historia porque la historia no se puede parar: la Memoria, la Verdad y la Justicia siempre tienen que estar presentes”, afirmó Magario que presidió la sesión especial de la Cámara Alta. 

El titular del bloque de Juntos, Alejandro Rabinovich, convocó a la reflexión sobre cuestiones que “son innegociables y no pueden ser puestas bajo manto de sospecha”. El legislador marplatense expresó que no puede circunscribirse la memoria de los derechos humanos a los últimos años porque “no sería justo con quienes lucharon durante estos 40 años de democracia y los 30 mil desparecidos”. “No busquemos que el 24 de marzo sea una fecha solamente para un sector, que sea de todos los argentinos, de los 30 mil que no están y de todos los que defendemos la democracia”, remarcó.

Teresa García, senadora sanisidrense que preside el bloque del Frente de Todos, respondió ante lo expresado por Rabinovich: “los peronistas no nos arrogamos la centralidad de los temas, pero a lo largo de los años pusimos el cuerpo y la sangre, y eso duele”. En el marco del agradecimiento y las palabras de afecto a Abuelas y Madres, García recordó el rol de la Justicia y condenó su metodología durante los años de la dictadura y la actualidad. 

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