Sociedad Sucesos
Santiago Maldonado, una causa paralizada y sin culpables.
A cinco años de la desaparición del joven artesano, su familia sigue reclamando Justicia y saber la verdad. Apuntan a una testigo clave para reabrir la investigación.
Santiago Maldonado fue hallado sin vida el pasado 17 de octubre del 2017, 78 días después de su desaparición el 1 de agosto, durante una violenta represión a manifestantes del pueblo Mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut.
Su cuerpo fue hallado sumergido en el río Chubut y la causa de su muerte fue investigada como “ahogamiento”. De este modo, la Justicia no encontró culpables de la desaparición y muerte del joven artesano.
Sin embargo, su familia reclama que la Justicia investigue la causa como “desaparición forzada” y nombren a otro juez al frente del caso. «No se hizo nada, la causa está paralizada en la Corte desde marzo de 2020, a la espera de que se investigue como ‘desaparición forzada’ y que se designe otro juez», afirmó en declaraciones a Télam Sergio Maldonado, hermano de la víctima. Y agregó que a la fecha, el expediente «no tiene culpables ni responsables condenados».
Cabe recordar que la familia Maldonado realizó una presentación en octubre del año pasado ante la Corte de Justicia para que se designe un nuevo juez. Para ellos, el magistrado Gustavo Lleral, se niega a tomarles declaración a nuevos testigos y recordó que hubo muchas irregularidades en la investigación.
El Juez, cerró la causa en el 2018 luego de dictaminar que la causa de muerte de Santiago fue por “ahogamiento”. Además, absolvió de responsabilidad al gendarme imputado Emmanuel Echazú, que integró el operativo represivo de Gendarmería contra la comunidad Mapuche.
«A Lleral ya lo recusamos cuatro veces, no reconstruyó siquiera lo que pasó ese 1° de agosto de 2017, apelamos para que se designe a otro juez, él se agarra de eso para decir ‘No voy a hacer nada hasta que no resuelvan qué van a hacer conmigo, no puedo hacer algo distinto porque yo ya dí mi fallo’ «, sostuvo Maldonado.
«El no tomarle declaración a la nueva testigo, por ejemplo, es una muestra más de la falta de compromiso con la causa y, también, una bajada de línea o una forma de amedrentamiento al resto de las personas que quieran declarar», añadió. Se trata de una integrante del personal de salud de Gendarmería del Escuadrón 36 de Esquel.
En este sentido, Sergio Maldonado, señaló que la testigo, de identidad reservada, declaró por cuatro horas frente al fiscal federal de esa ciudad, Federico Baquioni. La mujer relató que al día siguiente de la represión en la localidad de Pu Lof «asistieron a su consultorio Dávila Felipe y Jorge Espejo», quienes comentaron que «habían detenido en la zona del campo de Benetton» a una persona a la cual se referían como «el hippie».
Además, dijo que la testigo escuchó en esa oportunidad que «Ahumadita se había mandado la cagada del siglo» y que al parecer «Chuqui (apodo con el que identifican al segundo jefe del escuadrón 36, Juan Pablo Escola), había dado la orden y Ahumada la había ejecutado».
«Conocemos a otras personas que pueden aportar un montón de información para seguir sumando y destrabar esto. Pero ¿cómo hacemos para seguir volcando testimonios si no hay un juez que investigue?», cuestionó el hermano de Santiago.
A su vez, el familiar cuestionó las irregularidades que hubo en la investigación. Entre otras cosas, mencionó que los libros de actuación de Gendarmería fueron adulterados, grabaciones incompletas del operativo, la quema de evidencia, el espionaje ilegal de celulares a su familia y la falta de análisis de las contradicciones que surgen de las declaraciones testimoniales que dieron los gendarmes.
Para Sergio Maldonado es una “ paradoja» que el cuerpo sin vida de Santiago haya aparecido el 17 de octubre de 2017, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez. Fue en el mismo lugar donde más de 400 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad, con helicópteros, drones y perros rastreadores no habían encontrado nada.
También resaltó la importancia de ubicar la desaparición de Santiago en el contexto de una represión violenta contra los miembros de la Pu Lof que reclamaban acceso al territorio de los pueblos indígenas de la Patagonia.
De este modo, Sergio Maldonado expresó que “pasa el tiempo y nos alejamos cada vez más de la verdad, se van perdiendo pruebas, no sabemos dónde están las pertenencias de Santiago para analizarlas, si las cuidaron». Y agregó que «si el propio juez rompió la cadena de custodia del DNI, no me quiero imaginar dónde deben estar tiradas todas las cosas».
También reclamó que «no se hizo nada» con el fallo de la Cámara de Casación Penal sobre cuatro puntos del informe pericial que debían ser explicados y ampliados. El mismo fue expedido en septiembre del 2019, pero que aún no fueron investigados
Esos cuatro puntos clave son: la data de la muerte, la presencia de polen adherido en las ropas, el informe sobre la identificación de algas, que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión, y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos.
«Es una cadena de responsabilidades que ninguno quiere investigar porque ahí la responsabilidad abarca hasta al propio Poder Judicial», sentenció Sergio Maldonado.
La opinión del CELS
El director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Manuel Tufró, señaló que «la desaparición y muerte de Maldonado se dio en el contexto de un plan implementado» por el Gobierno de Mauricio Macri para «reprimir a la comunidad mapuche».
«El Gobierno anterior, a pedido explícito de la Sociedad Rural de la Patagonia, avanzó con un plan represivo que implicaba, entre otras cosas, desplegar a las fuerzas federales y realizar prácticas de inteligencia ilegales para espiar a estas comunidades», sostuvo.
Asimismo, Tufró hizo referencia a investigaciones posteriores sobre cómo se actuó durante el operativo represivo, como la realizada por la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin). También mencionó una revisión que hizo el propio Ministerio de Seguridad, a través de las cuales comprobaron que «ese día hubo un montón de irregularidades y situaciones de violencia excesiva».
«Los gendarmes que entraron ahí no estaban preparados ni entrenados para lidiar con situaciones de conflicto social, hubo problemas en el diseño y en la ejecución totalmente violenta del operativo», indicó.
De este modo, Tufró expresó la necesidad de que la investigación judicial pueda avanzar en reconstruir estos aspectos para «poder determinar las responsabilidades que les competen a los gendarmes pero, sobre todo, a quienes ordenaron e implementaron el operativo».
A 11 años de la denuncia sobre el ocultamiento de los maltratos y las muertes de niños en albergues católicos para madres y embarazadas no casadas, Irlanda se prepara para desenterrar a las víctimas.
Este lunes en Irlanda comenzaron los preparativos para exhumar 796 niños y bebés de una fosa común descubierta hace más de 10 años en donde funcionaba un antiguo albergue religioso para madres solteras y embarazadas no casadas cerca de Dublin.
Los desentierros comenzarán a realizarse desde el próximo mes de julio, pero el tema ya tiene más de 10 años en la agenda pública local. Es que en 2014 la historiadora irlandesa Catherine Corless comprobó que muchos niños (desde recién nacidos hasta los 9 años) fallecieron en el albergue religioso Santa María del Buen Socorro de Tuam, en la ciudad de Galway, a 200 kilómetros de la capital del país europeo.
La búsqueda comenzada por Corless certificó que los cuerpos habían sido enterrados en la antigua fosa séptica de la institución. A pesar de la destrucción en 1972 de este espacio que trabajaba con madres embarazadas no casadas, la fosa séptica se mantuvo intacta en las últimas décadas.
Los primeros datos
Luego de la alarma encendida por la historiadora, se encontraron restos de bebés humanos allí entre 2016 y 2017. Por este motivo el gobierno irlandés llamó a la creación de una comisión nacional de investigación que develara los maltratos contra las madres y sus niños causados en estos hogares.
Los resultados de la comisión fueron expuestos en 2021 y destacaron que había niveles «alarmantes» de mortalidad infantil en este tipo de albergues. Estas instituciones existieron en Irlanda desde 1922 a 1998, por ellas pasaron 56 mil mujeres y 57 mil niños y fallecieron 9000 chicos.
Las mujeres embarazadas por fuera del matrimonio eran enviadas a estos hogares por pedido del Estado nacional irlandés y de la Iglesia Católica, que eran los mismos que gestionaban estos espacios. En estos lugares las mujeres daban a luz a sus hijos y luego eran separadas de ellos, quienes finalmente eran dados en adopción.
«Cuando comencé este proyecto nadie me quería escuchar. Suplicaba: saquen a los bebés de estas cañerías, hay que ofrecerles el entierro cristiano digno que se les negó» explicaba Corless, la historiadora irlandesa de 71 años.
La historia del terror irlandés
El lugar sobre el que Catherine Corless encontró los cientos de certificados de defunción era llamado «El Hogar», fue dirigido desde 1926 hasta 1961 por las monjas de la hermandad Bon Secours y pretendía recibir a las madres solteras que necesitaran ayuda.
Sin embargo, la historiadora argumentaba ya en 2014, año en que comenzó a descubrirse esta verdad, que el gobierno de Irlanda ocultaba al menos 4000 certificados de defunción de los bebés que pasaron por este albergue y que fueron enterrados en fosas sin identificar. Si bien se habían descubierto restos humanos en ese lugar en 1975, no fue hasta la denuncia de Corless que se relacionaron ambos hechos.
En los documentos a los que accedió la historiadora ya se advertía que la mayor parte de la mortalidad infantil encontrada había ocurrido por tuberculosis, infecciones, partos prematuros y defectos de nacimiento. Sin embargo, una inspección gubernamental de 1944 ya había destacado la malnutrición en varios de los 271 chicos que habitaban el lugar junto a sus 61 madres solteras.
Además, cabe aclarar que estos no habrían sido los únicos maltratos que tuvieron lugar en estos centros religiosos. Algunas monjas emprendieron un camino de negocios privados, como el de las Lavanderías de la Magdalena, que funcionaron entre 1922 y 1996, donde varias mujeres padecieron un régimen de semiesclavitud y abusos.
Un informe oficial del 2013, año anterior al de los primeros descubrimientos de Corless, indicaba que las principales causas por las que las madres solteras acudían a estos lugares eran el rechazo de padres adoptivos, abusos familiares, deficiencias físicas o psíquicas, actitudes «inmorales», pobreza y orfandad.
Si bien en su momento los líderes religiosos de Galway negaron conocer lo sucedido y se comprometieron a recaudar fondos para homenajear a los 796 bebés fallecidos con un monumento, el único que fue certero en sus dichos había sido el arzobispo de Dublin, Diarmuid Martin.
El responsable de la arquidiócesis de Dublin advirtió que “si no se establece una investigación sobre las cuestiones de gran preocupación que rodean este asunto, será importante que se desarrolle un proyecto de historia social que ofrezca una imagen precisa del papel desempeñado por esas casas de acogida”.
/P12
Un avión de pasajeros se estrelló en una zona residencial cercana al aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad en la India, informó el portal de noticias ‘ABP’. De acuerdo con autoridades locales, unos 242 pasajeros estaban a bordo. Según reportes, más de 100 personas se fallecieron.
El Boeing 787 Dreamliner siniestrado llevaba más de 200 personas a bordo, reportó la cadena NDTV. El avión, que supuestamente pertenece a la compañía Air India, realizaba un vuelo de Ahmedabad a Londres, pero se estrelló durante el despegue, detalló.
Según datos preliminares, al menos 133 personas murieron en el accidente aéreo. Hay sobrevivientes del accidente, informa el canal NDTV, publicando videos de las víctimas llegando al hospital.
Ente las víctimas mortales podrían estar más de 20 estudiantes, ya que la aeronave cayó sobre el techo de una residencia para médicos, precisa la agencia de noticias ANI.
«Se cree que más de 20 estudiantes murieron en un accidente aéreo en Ahmedabad. El avión se estrelló contra el edificio de la residencia de la Facultad de Medicina BJ», escribe la publicación.
Las autoridades de aviación indias confirmaron que 242 personas, entre ellas dos pilotos y 10 miembros de la tripulación, se encontraban a bordo. Los pilotos hicieron una llamada de auxilio al control aéreo, poco después del despegue, indicaron.
«Había un total de 242 personas a bordo del avión, incluidos dos pilotos y 10 miembros de la tripulación. El vuelo estaba comandado por el capitán Sumeet Sabharwal y el primer oficial Clive Kundar. El capitán Sumeet Sabharwal es teniente coronel, con 8.200 horas de vuelo. El copiloto tenía 1.100 horas de vuelo», informaron.
Mientras tanto, la empresa Air India confirmó que la aeronave accidentada le pertenece. A bordo del avión viajaban 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, detalló la aerolínea.
La señal del avión estrellado desapareció «menos de un minuto» después del despegue, precisa el portal Flightradar24.
/Sputnik
Sociedad Sucesos
Picada mortal de Ruta 40: las cámaras del CISEM muestran la carrera ilegal y cómo pasa en rojo la conductora del auto
La mujer que chocó con el motociclista Máximo Tanten, Natalia Colquer, será investigada por homicidio culposo agravado. Mientras que el otro motorista, Ezequiel Garay, por realizar picadas ilegales con la víctima fatal.
Un vídeo de las cámaras del CISEM confirma lo que los investigadores venían sospechando de la tragedia en calle Mendoza y calle 10 en Pocito. Esta tragedia ocurrió en medio de una picada ilegal. Dos personas quedaron en la mira de la Justicia: Natalia Colquer por el delito de homicidio culposo agravado por pasar en rojo. Mientras que, Ezequiel Garay, por hacer picadas ilegales.
Además de confirmar que se hacía una carrera ilegal, las cámaras también muestran que Colquer (conductora del Honda Fit) pasa el semáforo en rojo, es decir, que paso en un momento que no debía hacerlo.
/SJ8
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