El vocero Manuel Adorni anunció la designación del joven abogado en reemplazo del exjuez de la Corte Suprema menemista, desplazado por orden del Presidente. Milei pretendía que el reemplazante fuera el penalista Ricardo Manuel Rojas, quien rechazó el cargo.

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El Gobierno nacional anunció que el abogado Santiago Castro Videla será el nuevo Procurador del Tesoro en reemplazo de Rodolfo Barra, el exjuez de la Corte Suprema desplazado hace días por el presidente Javier Milei.

La confirmación de que Castro Videla será el sucesor del exministro de Carlos Menem fue hecha por el vocero Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

La elección de Castro Videla, un abogado de 43 años de edad egresado de la Universidad Austral en 2005, fue hecha luego de una serie de rechazos que recibió el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), entre ellos el del penalista Ricardo Manuel Rojas, el hombre que más ansiaba el Presidente.

Rojas, fue secretario de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 18 de la Capital Federal, sonaba como número uno para el Gobierno. Inclusive se había reunido ayer en Casa Rosada con Santiago Caputo. Fue allí donde rechazó el nombramiento pero se ofreció a ser asesor del Gobierno sin ningún cargo formal.

Luego de que cayera ese y otros nombres que tenían prioridad, sonó el de Castro Videla, un abogado y Magíster en Derecho Administrativo egresado de la Universidad Austral, y que en la actualidad ejerce su profesión en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados.

Según su currículm vitae, es profesor en la Diplomatura de Derecho Constitucional Profundizado de la Universidad Austral y adjunto del Claustro Docente de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. También se especializa en Derecho Constitucional.

Es secretario de Redacción de la Revista de Derecho Administrativo Abeledo Perrot y Revisor independiente de la RADEHM (Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería).

Fue coautor de “La delegación legislativa y el Estado regulatorio” (Ábaco, 2018), “Tratado de la regulación para el abastecimiento” (Ábaco, 2015), y “Estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción” (Ábaco, Buenos Aires 2015). También escribió capítulos de libros colectivos y artículos académicos.

Además, es miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Obtuvo el premio al Mejor Trabajo de Investigación durante su carrera de grado y el Diploma en Reconocimiento a los Valores Humanos, ambos otorgados por la Universidad Austral.

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