La reunión de este miércoles sumó una docena de testimonios de sindicalistas, representantes del sector empresario, académicos y abogados del fuero, que mostraron diferentes posiciones en relación con la iniciativa.

La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate de los proyectos de reducción de la jornada laboral, mientras continúa en la búsqueda de acuerdos para llegar a un texto de consenso que contemple llevar las actuales 48 horas a 36 semanales o a un máximo de seis diarias.

Durante la reunión de la comisión presidida por Vanesa Siley (Frente de Todos), el cosecretario general de la CGT Héctor Daer afirmó que «a los argentinos nos tiene que agarrar un poquito de escozor la situación en que estamos», al referirse a las 48 horas mínimas de trabajo semanal en comparación con las 36 o 40 que ya se implementan en otros países.

«En el acto por el 1º de Mayo (Día del Trabajador) la CGT planteó que este año íbamos a trabajar por la reducción de la jornada laboral, para los que dicen si es conveniente o no en este momento», dijo el sindicalista

Para Daer «hay que establecer claramente una jornada mínima y plazos, para que si se tiene que articular, se haga, si es necesario que se profundice el debate», agregó.

En el mismo sentido, el secretario gremial de la CGT y adjunto del sindicato mecánico (Smata), Mario «Paco» Manrique, sostuvo que «mejorar la calidad de vida de las personas en la reducción de la jornada laboral significa darle una mejor calidad de vida integral a la sociedad».

«Cuando hablamos que la reducción no debe ir acompañada de reducción salarial, estamos manteniendo, no solo el poder adquisitivo a los trabajadores, sino que también en cierta medida se lo estamos aumentando», dijo el dirigente gremial.

En una de las primeras exposiciones, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, apuntó: «Cuando hablamos de jornada laboral tenemos que tener en cuenta la enorme heterogeneidad del mundo del trabajo» y «las diferencias entre varones y mujeres en el mismo, por eso debemos considerar las horas de trabajo de cuidado».

El abogado laboralista de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan José Etala señaló que «no parece adecuado el momento en que se decidió avanzar en este complejo tema, no parece que en este escenario se pueda hablar de reducción de jornada laboral, ya que sólo aumenta la presión sobre el sector formal y no sobre los trabajadores no registrados, que es adonde se debe apuntar».

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, puso de relieve que «la jornada reducida existe hace años por la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras entre sí, quienes través de las organizaciones sindicales reducen las jornadas para no ser suspendidos o despedidos».

El secretario general de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, cuestionó la pretendida legislación: «No podemos hablar de empleadores y empleados porque en una pyme ambos trabajan codo a codo, la estructura es diferente, por eso estos proyectos generales no son abarcativos, ni siquiera entre las mismas pymes».

Por la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba), Oscar García Díaz, dijo: «No nos olvidemos que los empresarios también somos trabajadores, y nos parecería oportuno generar otros derechos para nosotros, sobre todo para las pymes, analizando por ejemplo lo que son las multas de la legislación laboral».

Su par cordobés, Oscar Uribarren, expresó el argumento de la mayoría del empresariado: «La perspectiva del trabajo es hacia la retracción de la actividad, no tenemos dólares para capitalizarnos para producir, hay mucho trabajo informal o monotributista. Tenemos que discutir la informalidad antes que este tema», dijo.

El expresidente del bloque del Frente para la Victoria de Diputados, Héctor Recalde, enfatizó: «Seamos modernos, ¿nos exigen modernidad?, entonces salgamos de una ley que tiene casi 100 años, hay muchas actividades que ya tienen menos horas, o se reducen proporcionalmente»

«Pero avancemos al menos en alguna medida, y me parece que a esta altura de la sociedad y su evolución, reducir la jornada laboral a siete horas no es nada revolucionario ni mucho menos», cerró.

Omar Yasín, abogado laboralista y profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la UBA, se mostró encolumnado con las asociaciones empresarias y sostuvo que «la reducción de las horas de trabajo es sin reducción salarial, por lo que es un costo que debe afrontar el empleador».

«Aunque no está la prohibición de realizar horas extras, y eso es importante porque es probable que sigan trabajando lo mismo pero cobrando un poco más en horas extras. Costo que va a tener que soportar el sector privado», sostuvo.

El profesor Investigador asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de Fundar Sebastián Etchmendy destacó el avance al decir que «hay mucho para hacer en materia de legislación laboral, se intenta avanzar y el mundo va en ese sentido, no es un capricho, es algo que pasa en el mundo»

«En esta reforma hay dos puntos: el bienestar de los trabajadores, quienes van a trabajar menos o en todo caso cobrarán más por horas extras, y el que crea empleo, que es más discutible, porque hay que ver cómo se concreta».

En cuanto a la implementación de la ley, en caso de que se apruebe, consideró que «se puede hacer escalonado, para que las pymes se puedan adaptar con más plazo».

Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA), puso en la mesa de debate el cuestionamiento de las patronales a una posible baja de la productividad.

«Desde las patronales dicen que no está comprobado, pero esa variable tiene que ver con muchas características, y la mayor en nuestro país se dio en el año 50, donde se asoció a las condiciones industriales, situación que vuelve después de 2002 y cae en 2016, porque el trabajador hizo su aporte en esa productividad», aseveró.

Invitado por el Frente de Izquierda, el «metrodelegado» Claudio Dellecarbonara se refirió al mismo tópico.

«El planteo no se puede hacer en función de si a la empresa le va a significar una pérdida o no, eso a los trabajadores nos tiene que tener sin cuidado», sostuvo.

«Porque además, se dijo acá, en los últimos años ha habido un gran avance de la productividad, que tiene que ver con una transferencia de recursos desde la última dictadura cívico-militar. Entonces solo se trata de recuperar algo que nos han quitado», remarcó.

El exdiputado nacional de izquierda Néstor Pitrola dio también su punto de vista: «Bajo este capitalismo el desarrollo de las fuerzas productivas no se traduce en mejoras para los trabajadores, se traduce en mayor explotación, esta es la realidad mundial que estamos viviendo», afirmó.

Sobre el cierre de la reunión expusieron algunos diputados y los dichos de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, abrieron lugar a la polémica.

«Cuando hablamos de siniestralidad laboral, de explotación, de plusvalía, debemos hablar de empresarios inescrupulosos, pero también de sindicalistas inescrupulosos, enriquecidos», advirtió.

Hicieron fila para repudiar sus dichos ‘Paco’ Manrique, Recalde y los diputados del Frente de Todos, Hugo Yasky y Claudia Ormaechea, quienes la cuestionaron por «calificar» y por «generalizar sin argumentos».

«Cuando tengo que descalificar a alguien doy nombre y apellido», le dijo el dirigente de la CGT, a modo de sugerencia.

La deeste miércoles fue la tercera reunión en que se trató el tema, luego de que la semana pasada concurriera la ministra de Trabajo, Raquel Olmos.

El oficialismo de Diputados ya trabaja en un borrador que toma como base los siete proyectos presentados por diputados de diferentes bloques y que busca establecer que la duración de la jornada de trabajo diurna salubre no podrá exceder de seis horas diarias o 36 semanales.

De esas propuestas, cinco corresponden al oficialismo -presentadas por Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza- y dos de legisladores de la oposición, impulsadas por el socialismo, a través de Enrique Estévez, y de Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda.

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