La movilización, que se realizó el pasado sábado, se convocó en repudio a la comunidad migrante que vive en el norte de Chile, en su mayoría conformada por venezolanos, y se desarrolló desde la Plaza Prat hasta la sede del Gobierno Regional de Taracapá.
«No más migrantes», «No más ilegales» y «Chile es una república que se respeta» fueron las consignas que más se leyeron entre los asistentes a la manifestación, que no solo asistieron convocados por un discurso de odio sino que también perpetraron ataques directos contra la población que reside en situación administrativa irregular.
El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, culpó al Gobierno chileno por la ‘crisis migratoria’ en la región que dirige y llamó a la población a no cometer «ningún acto xenófobo». «Nosotros no somos lo que hoy día se vio en las imágenes», aseveró.
Sin embargo, las agresiones a la población en situación administrativa irregular provocaron el pronunciamiento del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, quien calificó de «inadmisible humillación» lo ocurrido en el norte de Chile.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Chile expresó «su preocupación por la violencia y xenofobia hacia personas migrantes» durante una reunión con las autoridades de la Cancillería chilena, a quienes instaron a «actuar en el marco del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario».
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en su cuenta en Twitter publicó un mensaje en apoyo al pueblo venezonalo en Chile. Además, anunció que, por orden del presidente Nicolás Maduro, se activará el Plan Vuelta a la Patria para la repatriación de los venezolanos desde Chile.
En 2018, mientras se agudizaban los roces entre el Gobierno de Chile y Venezuela, Piñera anunció la creación de un visado especial para venezolanos que quisieran emigrar a su país, y que les permitiría contar con un permiso de residencia temporal.
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