NacionalPolítica & Economía
Ratificaron condena de López y sus testaferros en la causa por los bolsos con dólares.

De este modo, el exsecretario de Obras Públicas quedó condenado a la pena de siete años y seis meses de prisión, una multa del 60 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas al exsecretario de Obras Públicas José López y a sus testaferros en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se le siguió al exfuncionario que en 2016 fue sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
De este modo, López quedó condenado a la pena de siete años y seis meses de prisión (la pena vence el 14 de diciembre del 2023), multa del 60 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua y los empresarios Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez a la pena de ejecución condicional de 2 años y 6 meses de prisión, con una multa del 50% del valor del enriquecimiento.
Con el fallo que lleva la firma de los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci se confirmó también el decomiso de la residencia de López de la localidad de Dique Luján, en Tigre, el del dinero y objetos incautados (8.982.047 dólares y 153.610 euros; además de 159.114 pesos), que se dirigen al Hospital Garrahan y al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades prioritarias de asistencia médica para los niños/as y adolescentes del país.
El secuestro del dinero que López llevaba en bolsos se produjo en la madrugada del 14 de junio de 2016 en el monasterio “Nuestra Señora de Fátima”, ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
Los argumentos de la condena
Según la sentencia condenatoria, López urdió un plan para ocultar el dinero y los valores en el convento -donde arribó a una carabina calibre 22mm, con mira telescópica -aprovechándose del estrecho vínculo que había establecido con las monjas de ese monasterio.
El tribunal estableció que también se benefició junto con su mujer con la mansión ubicada en Dique Luján y para ello se valió de dos empresarios como testaferros: Andrés Galera, con quien guardaba una relación personal y además estaba ligado a la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano, y Eduardo Gutiérrez, presidente del Grupo Farallón y dirigente de la Cámara Argentina de la Construcción.

NacionalPolítica & Economía
El gobierno de Milei anunció el cierre de Vialidad Nacional

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno avanzará con el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad.
Este lunes, el Gobierno nacional anunció oficialmente que cerrará la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de su política de achicamiento del Estado. La noticia fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
En desarrollo.-

El exjugador del Benfica, Real Madrid, Manchester United, Juventus y PSG, campeón del Mundo y figura con la selección argentina, se mostró visiblemente emocionado en la conferencia de prensa realizada en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito.
«Es algo muy lindo, algo que soñaba ya hace bastante. Lamentablemente, quise antes y no se pudo, pero eso ya pasó. Hoy estoy acá, estoy feliz con mi familia, era lo que soñaba, jugar otra vez en Central, estar otra vez en el Gigante«, aseguró Ángel Di María en el marco de la presentación de su regreso que se realiza en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito.
El Fideo se mostró visiblemente emocionado en la que es su vuelta al club donde se formó y debutó en primera división. «Recién tuve la oportunidad de conocer a todos mis compañeros, de poder entrenar, de volver a ponerle la camiseta, sentirme otra vez parte de este gran club». agregó Angelito.
«Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero para mí esto es más que todo lo que hice. Volver a casa otra vez después de tanto tiempo, de tantos años… Sinceramente es algo muy especial poder volver a vivir a Rosario con mi familia, poder volver a vestir la camiseta de Central y que la gente esté contenta para mí eso es todo», sostuvo Di María mientras intentaba contener sus lagrimas.
Luego se proyectó un video que repasa la carrera de Di María desde su infancia y sus inicios en Rosario Central hasta sus éxitos en los más grandes clubes de Europa y la selección argentina.Siempre a bordo de su bicicleta, la que su madre usaba para llevarlo a los entrenamientos, cuando Fideo era apenas un juvenil del Canalla. Pero no todo fue un camino de rosas, en el medio hubo espinas. Lesiones, críticas, algunas de ellas despiadadas, marcaron su carrera.
«De la bicicleta nunca me bajé, porque esa bicicleta fue mi oportunidad. Y hoy, después de tanto camino recorrido, esa misma bicicleta me trae al lugar más lindo del mundo. Donde siempre quise volver a cumplir mi gran sueño, estar otra vez en casa», cierra el emotivo relato, con la voz del propio Di María, mientra se pone la camiseta de Central.
Noticia en desarrollo…
/P12
NacionalPolítica & Economía
Liberalización de armas: «un retroceso de medio siglo»

«Esto es borrar de un plumazo toda la política pública de control de armas en Argentina». Así califican los especialistas en políticas de desarme la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver por decreto la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y sus exclusivas funciones de control para reestablecer el cuestionado Registro Nacional de Armas (Renar) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Afirman a Página/12 que, en relación con todas las políticas que el gobierno viene adoptando en torno a la liberalización de la tenencia civil de armas, la última decisión es «la más grave» porque implica «un retroceso de medio siglo» para «vaciar» al Estado de la posibilidad de controlar el uso de armas. Las organizaciones piden al Congreso que rechace el decreto.
Primero fue la edad: en diciembre del año pasado, el gobierno bajó de 21 a 18 la edad permitida para comprar y tener armas legalmente. Luego fue la flexibilización de los trámites, en mayo de este 2025, con la habilitación de un trámite digital de «tenencia express». Le siguió, hace sólo unas semanas, la decisión de habilitar a los legítimos usuarios la compra de armas semiautomáticas como las que protagonizan las sucesivas masacres civiles de Estados Unidos. En el medio, la eliminación de diversos trámites y tasas para la fabricación, venta y compra de armas. Ahora, aunque nadie pueda asegurar que este vaya a ser el final, la decisión de disolver directamente la Anmac y volver al Renar, que ya no será autárquico sino que tendrá dependencia directa de Seguridad.
Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme, asegura que esta última decisión «es la más grave de todas las que hemos venido viendo en los últimos meses«. «Es comprarse un problema que Argentina no tenía en relación a las armas porque implica vaciar la posibilidad de que el Estado las controle. Significa la eliminación de hecho de cualquier tipo de facultad del Estado de promover una política de desarme eficaz. Con esto volvemos a 1973, con el Estado renunciando a prevenir la violencia con armas de fuego», agrega en diálogo con este diario.
La Red fue una de las primeras organizaciones en salir a repudiar la medida a través de un comunicado en el que se hace foco precisamente en ese año: 1973. Fue el momento en el que se creó el Renar, «un registro pasivo, sin capacidad legal para implementar una política activa de prevención y control de las armas de fuego». El Renar, todo un símbolo de la flexibilidad en el control de armas, fue reemplazado en 2015 por la Anmac a través de la aprobación casi unánime en el Congreso de la Ley N° 27.192. La Red señala que el objetivo de la ley fue crear «una agencia moderna basada en el concepto humanista de prevención de la violencia armada: un claro norte para la formulación de políticas de control y de restricción de la proliferación de armas de fuego».
Tras el rechazo de la Red se sumó también la sede argentina de Amnistía Internacional, que ubicó a la última medida dentro de una serie de «alarmantes y regresivas» políticas del gobierno en el área. Aseguraron que la decisión de disolver la Anmac «implica un grave retroceso en una política estatal restrictiva en materia de armas de fuego», ya que la agencia tenía «funciones fundamentales para la prevención de la violencia armada».
«¿Qué consecuencias tiene esto para nuestra sociedad? Más armas y más violencia. Una sociedad armada no es una sociedad más segura. El Congreso debe revisar y rechazar este decreto y promover una política pública de control de armas y prevención de la violencia, que priorice la vida, la seguridad y la paz social», agregaron. Un detalle considerable es que el gobierno pudo tomar esta medida por decreto gracias a las facultades delegadas que justamente el Congreso le otorgó con la aprobación de la Ley Bases.
Pero además de la eliminación del carácter autárquico de la agencia y del simbolismo de la restitución del Renar, el Decreto N° 445/25 tiene consecuencias concretas en la política de control de armas. No solo porque elimina el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada que, entre otras fuentes, financiaba a la agencia, sino porque se derogan artículos de la ley que establecían funciones, competencias, alcances y herramientas específicas para el desarme. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, los artículos que definían que la agencia debía tener delegaciones territoriales en distintos puntos del país y elaborar un plan nacional de desarme.
El Artículo N°5, que fue borrado por completo, establecía 17 funciones de la Anmac, entre las que se pueden enumerar las de registro, autorización y control de la fabricación de armas, su destrucción en el marco de las políticas de desarme, la administración del Banco Nacional de Materiales Controlados, el dictado de cursos y seminarios sobre el tema, la elaboración de campañas de regularización de la situación registral, y hasta la realización de relevamientos estadísticos de actividades vinculadas al uso de las armas. Todo, advierte Alfie, fue borrado «de un plumazo» junto a «toda la política pública de control de armas».
Como siempre, la justificación oficial apareció en nombre de la desregulación y del recorte. Así, no fue Bullrich sino Federico Sturzenegger el encargado de defender en su cuenta de X la decisión en nombre del ahorro de gastos: «Dijimos varias veces que los organismos descentralizados son caros porque requieren una estructura administrativa propia y porque generan incentivos a la proliferación de trámites pagos; por ello, la transformación de la Anmac en un desconcentrado sigue, como ya hemos hecho en muchos otros organismos, bajando el costo del Estado, en este caso sin afectar sus funciones sustantivas«, sostuvo, aunque todavía nadie aclaró de qué forma las funciones básicas del Artículo N° 5 derogadas en el decreto seguirían formando parte del restituido Renar.
Mientras tanto, desde la Red piden al Congreso que tome cartas en el asunto para rechazar el decreto. Aseguran que el gobierno de Milei «imita lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada«: «Que cualquier conflicto social pueda terminar a los tiros, que niños y niñas estén más expuestos a balaceras, masacres escolares o accidentes con armas, que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías, que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego, y que aumente el riesgo de suicidios y accidentes con armas disponibles en los hogares».
Desde Amnistía, por su parte, ya habían advertido sobre los riesgos de la imitación estadounidense cuando el gobierno decidió habilitar la compra de semiautomáticas, armas de alto calibre que hasta entonces estaban reservadas para instituciones armadas. Entonces señalaron que, en ese país, «un promedio de 109 personas muere por día debido a la violencia con armas», mientras que «la violencia armada es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años«.
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