Funcionarios, dirigentes y legisladores criticaron la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta de quitar la ayuda social a los beneficiarios del programa de ayuda social Ciudadanía Porteña si sus hijos e hijas pierden la regularidad escolar, al considerar que se trata de una medida «estigmatizante, electoralista y punitiva» destinada a «generar un efecto» en la opinión pública.

«A los chicos que no van a la escuela en vez de estigmatizarlos tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo», planteó el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, a través de su cuenta de Twitter.

Zabaleta dijo que la medida «estigmatiza» y «castiga» a las «familias vulnerables», y señaló: «No importa quiénes ni cómo sean sus padres, queremos a los niños y adolescentes en la escuela. Todos tenemos derecho a ser mejores que nuestros padres, a tener más herramientas y oportunidades, y en este caso estos chicos y chicas también».

Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, afirmó que «si sabemos que un chico no va a la escuela tenemos que invitarlo, abrazarlo y decirle que en la escuela tiene su lugar. Que le queremos enseñar y que lo vamos a querer». El titular de la cartera educativa se refirió a este tema en una entrevista con Radio La Red: «Los chicos no tienen planes sociales, los chicos tiene que ir a la escuela». Si no asisten «no perdieron un beneficio, perdieron un derecho. Hay que garantizar ese derecho buscándolos uno por uno», subrayó. Asimismo pidió no «mezclar» a los niños en esta polémica porque «los chicos no tienen un plan, sino que hay adultos que no cumplen su responsabilidad con los chicos. Si el padre no cumple la responsabilidad es del padre».

De esta manera, los funcionario cuestionaron la medida anunciada en las últimas horas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien determinó que las familias beneficiarias del plan Ciudadanía Porteña perderán el «adicional por hijo» que perciben en esa ayuda social si sus hijos e hijas no sostienen la regularidad escolar, un aspecto que será controlado de manera trimestralmente para, en caso de no alcanzar durante dos de esos períodos el 85 por ciento de asistencia, proceder a la baja del beneficio.

Desde el sindicalismo, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) afirmó que se trata de un «nuevo anuncio de marketing y discriminación» y remarcó que esta medida «despliega odio de clase» y, al mismo tiempo, «omite la responsabilidad de la gestión de la falta de vacantes, principalmente para las familias más vulneradas» como así también «la baja sistemática del presupuesto que hacen desde que gobiernan esta jurisdicción».

«Desde UTE nos solidarizamos con las familias de la comunidad educativa y reclamamos al Jefe de Gobierno que aumente el presupuesto educativo, construya escuelas para garantizar vacantes y termine con la persecución a los sectores populares», planteó la entidad gremial.

En su anuncio, Rodríguez Larreta anticipó que «desde septiembre se notificará a las familias que tengan irregularidades en la asistencia de sus hijos y ese proceso lo vamos a repetir cada tres meses; no vamos a esperar a fin de año». El programa Ciudadanía Porteña tiene un universo de 23.686 niños y niñas involucrados.

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que la variable de la asistencia escolar «no puede ser usada como un castigo, una doble estigmatización y una herramienta fiscal para bajar la ayuda».

«Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud y no que la castigue por no hacerlo», aseveró en una serie de mensajes que publicó en Twitter.

En la misma línea, el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera, dijo a Télam que la decisión del jefe de Gobierno porteño tiene «un tinte represivo y punitivo», y que la medida termina «castigando a las familias más pobres».

«Si un chico no va a la escuela es un problema, pero si encima se le saca la ayuda a la familia, estamos generando otro problema», expresó el funcionario y subrayó que se trata de una medida que busca más «un título en un diario».

También el referente de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, cuestionó la decisión y la consideró «efectista» porque «surge de una estrategia más de marketing que de una política social seria», apuntó en declaraciones a Télam. El dirigente criticó que «tanto la ministra de Educación (Soledad Acuña) como la ministra de Desarrollo Social (María Migliore) no construyeron un argumento» para la decisión y que refleja una «mirada totalmente improvisada, sacada de apuro con la intención de intervenir de manera totalmente efectista y poco seria en el diseño de una política pública».

A su vez, el intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo que no está de acuerdo «con castigar a quienes no llevan a los chicos a la escuela».

En la misma sintonía, la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión parlamentaria de Promoción Social, Laura Velasco, dijo a Télam Radio que la medida «no tiene sentido más que hacer medios y propaganda, como nos tiene bastante acostumbradas».

«Deberían ocuparse de garantizar asistencia a las familias con presupuesto concreto en políticas sociales y en educación que garantice de verdad condiciones de vida igualitarias en la ciudad más rica del país, pero también la más desigual», sostuvo Velasco sobre el rol que debe tener el ministerio porteño de Desarrollo Humano y el de Educación.

Quien también criticó vía Twitter la medida del Gobierno porteño fue la legisladora porteña del FdT María Bielli: «La educación como contraprestación a un programa de ingresos se resolvió hace 10 años con la AUH».

En ese marco, añadió: «Tenemos un sistema educativo en la Ciudad que reproduce desigualdades sociales. ¿Por qué además de controlar y vigilar no se propone reparar injusticias y garantizar los mejores recursos?».

En tanto, la legisladora porteña del Frente de Izquierda-Unidad Alejandrina Barry presentó un proyecto de declaración que «repudia enérgicamente la decisión del Gobierno de la Ciudad de quitarle los planes sociales a las familias en base al criterio de presentismo escolar».

El proyecto argumenta que es «una medida discriminatoria, de ataque a los sectores más vulnerables y que no busca garantizar el derecho a la educación».

La declaración exige que «a fin de lograr una verdadera presencialidad escolar, se cumpla la sentencia judicial que obliga al Gobierno de la Ciudad a otorgar vacantes escolares y que se asignen becas estudiantiles a todo estudiante que la necesite».

En noviembre del año pasado, una resolución de la justicia porteña en segunda instancia estableció que el Gobierno de Rodríguez Larreta debía garantizar el acceso a la educación pública, en una causa iniciada por la organización Vacantes para Todos junto con legisladores del Frente de Izquierda.

En tanto, a nivel nacional, la Asignación Universal por Hijo ya cuenta entre sus requisitos la escolarización de niños y niñas, un aspecto que debe ser acreditado en forma anual. Así, las personas beneficiarias de la AUH cobran mensualmente el 80 por ciento del monto y, luego de dar cuenta de la asistencia a la escuela de sus hijos e hijas en forma anual mediante un certificado, perciben el restante 20 por ciento del beneficio.