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Puja. Quattropani (primero a la derecha) mantiene un vínculo a veces tirante con los miembros de la Corte local. En la foto, junto a Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal General, Eduardo Quattropani, le pidió al presidente de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, que le instruya al “aparato administrativo” para que la Oficina Judicial de Flagrancia fije audiencias en la tarde. Así, cuestionó “la costumbre administrativa de no trabajar en horario vespertino”, lo que “complica severamente el funcionamiento del sistema”, dado que los representantes del Ministerio Público no sólo intervienen en los juicios sino que, también, encabezan las investigaciones y deben concurrir al lugar de los hechos, allanamientos y secuestros. Todo eso, concentrado en la mañana, dificulta la tarea de los fiscales y, según señaló, lleva “al límite los plazos máximos de detención”.
El jefe del Ministerio Público planteó la sugerencia y la crítica en un escrito que envió el lunes, en lo que representa otra embestida contra el secretario Administrativo, Javier Vera, y, por ende, un palo más al máximo tribunal local.
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En ese contexto, Quattropani le había solicitado a la Corte una auditoría sobre la Oficina Judicial Penal para que se verifique si se habían llevado a cabo los sorteos entre jueces para la integración y la presidencia de los tribunales que intervinieron en los juicios de 2021 a 2023, y si se notificó a las partes, tal cual lo establece la normativa.
No fue lo único, ya que, sin mencionarlo, había cuestionado a Vera por su influencia en el máximo tribunal cuando se otorgó un adicional a un grupo de administradores de las Oficinas Judiciales y por una acordada que dispuso cambios al mecanismo de asignación de los jueces a las causas, lo que, según había definido, violaría el principio de juez natural. Por un lado, la auditoría se estaba haciendo y, por otro, hubo retoques al sistema de asignación de jueces.
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Ahora, todo surgió por un pedido del fiscal General para que la Corte ponga en vigencia el 1 de noviembre la ley que permite que el procedimiento de Flagrancia incorpore delitos como lesiones, encubrimientos y daños, entre otros. De esa manera, se descomprime la actividad de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica.
De acuerdo al escrito, Quattropani sostuvo en su planteo que, ese plazo, da “tiempo necesario suficiente para la capacitación de los operadores en las nuevas competencias, así como para la adecuación de los recursos materiales”.
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Pero, luego, comenzó con los dardos. “El aparato administrativo, por razones que se desconocen, ha prescindido de fijar audiencias en horario vespertino, cuestión que complica severamente la actividad del Ministerio Público Fiscal”, destacó en el escrito.
En ese marco, sostuvo que el “modo de prestación de servicios” de los fiscales “es diferente al de la magistratura”, dado que “les corresponde la investigación y la litigación de los casos, lo que conlleva la concurrencia a lugares del hecho, allanamientos, secuestros y demás”. Con respecto a las audiencias, resaltó que los juicios pueden “llevar más de una mañana y más de un día”.
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De esa forma, sugirió que el horario de actividades sea de 7.30 a 14 y de 16.30 a 21.30, “como mínimo”. Además, expuso que, el lunes, el Ministerio Público había solicitado 16 audiencias, de las cuales, 14 se habían fijado en la mañana, mientras que las otras dos se habían pasado al día siguiente.
El fiscal General remarcó, además, que la ausencia del juez Eduardo Raed, que ascendió al Tribunal de Impugnación, y “la asignación de Ricardo Moine (juez) para ocuparse en otra área penal”, más “la costumbre administrativa de no trabajar en horario vespertino, complica severamente el funcionamiento del sistema. En ese punto, indicó que se llevan “al límite los plazos máximos de detención”, pero, sobre todo, hace “perder los principios del sistema de Flagrancia en nombre de la burocracia administrativa”.
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