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Política & Economía Nacional

Principales puntos del proyecto de ley para regular las restricciones por la pandemia.

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El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso el proyecto de ley de emergencia Covid, que promueve la estandarización de los escenarios epidemiológicos y define las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar “medidas de cuidado de la población”. 

El proyecto de ley distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, “otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia”, según indicaron fuentes oficiales. Pese a que aún no se había dado a conocer el texto completo, durante el mediodía de este lunes Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a la iniciativa del oficialismo.

Dentro del anteproyecto, el Ejecutivo plantea la suspensión de clases presenciales en los lugares de Alarma Epidemiológica. Sobre esto, define “Alarma” cuando hay más de 500 casos cada 100.000 habitantes y más de 80 por ciento  de ocupación de camas de terapia intensiva. También brinda facultades a la Jefatura de Gabinete para ampliar o reducir la circulación nocturna, la virtualidad en los empleos públicos y las restricciones del transporte.

Según la ley, los parámetros para definir la situación epidemiológica son los siguientes: Bajo Riesgo: entre 50 y 150 casos cada 100.000 habitantes;  Mediano Riesgo: entre 150 y 250 contagios; Alto Riesgo: entre 250 y 500 casos yAlarma Epidemiológica: más de 500 positivos y 80% de ocupación de UTI.

Los principales puntos del proyecto.

Se fundamenta en las facultades que le da la Constitución Nacional y en los compromisos internacionales que asumió nuestro país (art. 41 y 42 de la CN; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos; entre otros). 

El proyecto de ley distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, Gobernadores/as y Jefe de Gobierno de la CABA, otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia: Las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización.

El ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo, relativas a ampliar lo dispuesto en la ley, se encuentran condicionadas a la previa consulta con las autoridades jurisdiccionales, en los lugares de Alto Riesgo Sanitario y Alarma Epidemiológica. 

Las autoridades locales podrán disponer medidas focalizadas en lugares de menos de 40000 habitantes y de Mediano Riesgo, más allá de las limitadas restricciones vigentes en todo el país-.

En los lugares de Medio Riesgo Epidemiológico y Sanitario son las autoridades locales quienes disponen las restricciones temporales y localizadas en el ámbito de las menores unidades geográficas. En los lugares de Alto Riesgo pueden establecer restricciones adicionales. 

En los lugares de Alto riesgo epidemiológico y sanitario y de Alarma epidemiológica y sanitaria, de observarse un empeoramiento o permanencia del estatus sanitario, y de ser necesario continuar con medidas restrictivas o profundizarlas, se faculta al Poder Ejecutivo a disponerlas de forma razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores/as y Jefe de gobierno de la CABA y con intervención de la autoridad sanitaria nacional (conforme lineamientos del fallo de la CSJN). Además puede morigerar o suspender las prohibiciones.

Criterios Epidemiológicos

El Proyecto no distingue entre zonas geográficas del país, sino que establece estrictos parámetros epidemiológicos y sanitarios conforme los cuales las jurisdicciones locales y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para mitigar la propagación del virus. Según dichos parámetros, el proyecto establece restricciones y, con relación al Poder Ejecutivo, establece los criterios a utilizar para el ejercicio de sus facultades.

La modificación de los parámetros para determinar la existencia de Bajo, Medio o Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario y Alarma Sanitaria corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional, previa consulta con los ministros y ministras de Salud de las provincias y el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Consejo Federal de Salud.El debate parlamentario permitirá analizar en profundidad los parámetros propuestos. Los legisladores podrán proponer otros.

Educación

La suspensión de las clases presenciales se dispone únicamente para los lugares de Alarma epidemiológica y se prevé que, previa consulta con la provincias, el Poder Ejecutivo podrá morigerar o dejar sin efecto esa restricción.

Facultades del Poder Ejecutivo

– Actividades prohibidas en todo el país: puede dejar sin efecto o morigerar las prohibiciones con intervención de la Autoridad Sanitaria Nacional.

– Actividades prohibidas en lugares de Alto Riesgo y de Alarma Epidemiológica: establecer suspensiones adicionales y ampliar previa consulta a las provincias, con informe de autoridad sanitaria local. 

-Siempre se deberán observar los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad en las medidas dispuestas como así también su justificación científico-sanitaria

– Actividades prohibidas en lugares de Alto Riesgo y Alarma epidemiológica: puede morigerar o suspender las prohibiciones.

– Morigerar o dejar sin efecto la suspensión de clases presenciales bajo Alarma Epidemiológica, según la mejora de datos sanitarios, previa consulta a la jurisdicción local.

Todas las medidas adoptadas en los lugares clasificados como de Medio, Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, Alarma Epidemiológica y Sanitaria y las disposiciones locales y focalizadas para partidos o departamentos de menos de 40.000 habitantes son temporales, correspondiendo su revisión a los 21 días de adoptadas en el marco de las especificaciones contenidas en la ley. Ello apunta a la temporalidad de la medida y a la evaluación y análisis en relación a las particularidades de cada jurisdicción.

– Ampliar o reducir el plazo de 30 días establecidos para el cierre de fronteras. 

Facultades del Jefe de Gabinete

– Empleo público: excepciones a virtualidad en ámbito laboral. 

– Ampliar o reducir las excepciones a la restricción de circulación nocturna en lugares de Alto Riego

– Transporte Público : puede ampliar o reducir las excepciones a prohibición de utilización

Duración.

Desde el 22 de mayo hasta el 31/12/21 (hasta la vigencia del Decreto N° 260/20 (emergencia sanitaria), prorrogado por Decreto N° 167/21.

Política & Economía Nacional

Diputados: La Libertad Avanza presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 12 años

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El proyecto prevé penas de hasta 15 años para aquellas personas que tengan 12 años o más. Días atrás, el Gobierno se había manifestado a favor de la baja en la edad de imputabilidad.

Álvaro Martínez, diputado de La Libertad Avanza (LLA), presentó un proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil que actualmente contempla sanciones para la comisión de un delito desde los 16 años de edad hasta los 18 y solicitó bajar la edad de imputabilidad a los 12 años.

Según explicó el legislador, “la situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante, debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes que no respetan ni tienen consideración por el más mínimo derecho fundamental de las personas. El desprecio a la vida, a la libertad y a la propiedad privada se ha vuelto moneda corriente“.

Y agregó: “Llegó el momento de que se acaben los privilegios para los delincuentes y asesinos. Basta de impunidad y de doctrinas garantistas. Hay que dar un mensaje claro de que el que las hace las paga. Es momento de que los preocupados sean los delincuentes y no los ciudadanos”.

El artículo 1 de la normativa, además, indica que “tendrá como objeto regular los derechos del niño, niña y adolescente a quien se le atribuyere ser autor o partícipe de la comisión de una infracción penal, estableciendo los principios rectores que orienten la aplicación e interpretación de la misma y de los desarrollos normativos e institucionales que se creen para darle cumplimiento, así como la determinación de las medidas que deben aplicarse al niño, niña y adolescente que cometiere una infracción penal y los procedimientos que garanticen los derechos del mismo”.

El proyecto presentado al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, prevé hasta 20 años de cárcel para los mayores de 16 años y de hasta 15 años para los menores que tuvieran entre 12 y 15 años al momento de la comisión de un delito.

“La conducta de los niños, niñas y adolescentes cuyas edades se encontraren comprendidas entre los DOCE (12) y DIECISÉIS (16) años de edad que constituya delito se establecerá mediante el procedimiento regulado en esta Ley. Comprobados los hechos constitutivos de la conducta, el Juez Penal Juvenil resolverá aplicar al menor cualesquiera de las medidas establecidas en esta Ley y/o su asistencia por medio de los órganos administrativos de protección de niños, niñas o adolescentes, siempre que sean en beneficio para el menor”, establece el artículo 2 de la normativa.

De esta manera, el bloque oficialista en el Parlamento reflota la discusión por la baja de la edad de imputabilidad, debate que también estuvo presente en el gobierno de Mauricio Macri.

“Un delito de adulto merece una pena de adulto”, había afirmado el Gobierno

Días atrás, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, había confirmado que el Gobierno intentaría que se avance con la baja de la edad de imputabilidad, que podría ser menor incluso a los 14 años. Además, ratificó que presentarán una ley anti-mafia, como las que rigen en Estados Unidos e Italia.

“Un delito de adulto merece una pena de adulto”, dijo Posse durante su exposición en el Senado, donde brindó su primer informe de gestión.

En las respuestas que mandó previamente a los senadores, el Gobierno se explayó sobre la cuestión: “El Ministerio de Justicia informa que el proyecto de ley sobre Régimen Penal Juvenil reconoce el principio de especialidad. En este sentido se aclara que la organización del Poder Judicial es una atribución propia de las provincias, que deberán decidir sobre la creación de un fuero especial juvenil”.

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Política & Economía San Juan

Orrego recibió a la máxima autoridad del BID en el país

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Se trata de Agustín Aguerre, que llegó a Casa de Gobierno para presentar saludos protocolares.

La máxima autoridad del BID en Argentina, Agustín Aguerre, estuvo en San Juan y visitó al gobernador Marcelo Orrego, en Casa de Gobierno. De esta reunión también participaron el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; de Infraestructura, Fernando Perea, el secretario de la Gobernación, Emilio Achem.

Aguerre contó detalles de la reunión mantenida con el primer mandatario: “Con el Gobernador, siempre tenemos reuniones donde llueven las ideas y los proyectos de desarrollo de la provincia. Esta semana hablamos mucho de minería y de las perspectivas que tiene San Juan como provincia de cobre y cal. Se ha congregado aquí un gran número de empresarios internacionales que han visto con muy buenos ojos las oportunidades que hay, así que hablamos bastante sobre esto. También discutimos sobre las rutas, la ruta 40, el paso de Agua Negra y las posibilidades de financiamiento en un momento de fuerte restricción en la inversión pública. Hablamos de la continuidad del túnel del Zonda y de cómo seguir con esa obra tan importante”.

Agregó además que “tratamos otros proyectos, como la terminación de espacios de primera infancia que están pendientes de definición, y también sobre EPSE y las posibilidades que tiene esa industria en la construcción o ensamblaje de paneles fotovoltaicos. Hablamos de las posibilidades de procesar el silicio para que llegue al grado solar, que es el grado máximo y le permitiría entrar en el mercado internacional.

Por otro lado dijo: “También hablamos de la voluntad y la necesidad de la reactivación de la obra pública. Ojalá que sí, porque al final del día las obras públicas siempre se pagan, ya sea por los usuarios que pagan un peaje o por los impuestos de todos, ya que hay bienes públicos que no solo benefician a quienes los utilizan. Hay que buscar los mecanismos para que esto funcione, porque una provincia que va a desarrollar la minería necesita una logística muy firme y ágil, desde las minas hasta los centros de exportación. Todo esto está en el menú de cosas que estamos trabajando con el Gobierno de la provincia”.

Cabe destacar que Agustín Aguerre es el representante en Argentina del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Estudió ingeniería civil en la Universidad de la República de Uruguay y obtuvo una maestría en gestión de construcción de la Universidad de Reading, Inglaterra.

@SiSanJuan.

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Política & Economía Latinoamérica

Cuba busca socios tecnológicos y comerciales en la Unión Económica Euroasiática.

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El Foro Empresarial Cuba-Unión Económica Euroasiática (UEE), celebrado en La Habana, fue un acercamiento, respecto a normativas, requerimientos financieros y logísticos, para la posterior presentación, discusión y concreción de acuerdos entre las partes, asociados a sectores priorizados dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

El secretario ejecutivo del Consejo Económico Euroasiático, Serguéi Mijnevich, aseguró que el aporte de ese eventual intercambio podría contribuir notablemente a los nexos económicos, comerciales y de inversión.

“Estoy convencido de que realizar encuentros como este foro de hoy se convertirán, sin dudas, en una plataforma efectiva para el intercambio constructivo, y brindarán también un aporte significativo para la solución de brechas informativas. Es importante determinar las oportunidades para desarrollar las relaciones que responderán a los intereses de mutuo acuerdo”, expresó.

También, resaltó, es medular entender cómo se puede colaborar de manera efectiva y exponer cuáles son las dificultades y restricciones que deben ser resueltas conjuntamente, en aras de avanzar con éxito.

Remarcó que el Consejo Económico Euroasiático reúne a grandes asociaciones empresariales y “decenas de miles de compañías estarían deseosas de establecer convenios de colaboración con nuestros socios cubanos”.

Esta asociación económica de integración internacional opera desde el 1 de enero de 2015 y está conformada por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, mientras que Cuba desde 2020 posee el estatus de Estado Observador.

Innovación tecnológica

Según refirió a Sputnik, Antonio Carricarte Corona, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, algunas de estas esferas de interés, coincidentes con las estrategias asumidas por el mecanismo, son la industria química para la producción de fertilizantes y pienso, la industria metalmecánica, los implementos agrícolas, la agroindustria azucarera y el turismo.

“Podemos avanzar en convenios conjuntos, en primer lugar, por la existencia en la isla de tecnología que puede actualizarse, no solo para su uso en el mercado doméstico. En este sentido, el país puede constituir un puente o plataforma de acceso para, desde nuestro esquema de integración regional, vincular productos y servicios de la Unión Económica Euroasiática con América Latina y el Caribe“, aseguró.

La aspiración, indicó, es el intercambio entre los profesionales de la nación caribeña y los representantes de los Estados que integran el grupo, para “fortalecer las relaciones institucionales con asociaciones y cámaras, captar la atención sobre nuestras propuestas y, eventualmente, sumar potenciales socios tecnológicos y comerciales”.

Esta primera reunión, por tanto, constituyó un espacio de preparación encaminado a la asistencia de Cuba al foro empresarial del grupo, previsto en el mes de septiembre próximo; es decir, “no podemos llegar a ese escenario en cero, debemos trabajar y capacitar desde ahora para que nuestros proyectos tengan un feliz término”.

Carricarte Corona señaló que muchos productos agrícolas locales se vendieron en los territorios miembros de la UEE, por tanto, existe la voluntad de retomar esa actividad, a partir, en su consideración, del potencial interno para el desarrollo de la agricultura y la exportación, sumado a las inversiones foráneas y el empleo de las tierras aún no cultivadas.

El presidente de la Cámara de Comercio mencionó, asimismo, los avances del archipiélago antillano en la industria farmacéutica y biotecnológica, y el turismo de salud, y valoró que estas acciones contribuyen, además, al fortalecimiento de los vínculos con Rusia.

Sostenibilidad de proyectos bilaterales

Para Mario Antonio Padilla Torres, secretario académico del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) y especialista en los países exsocialistas de Europa, este evento, organizado por la Cámara de Comercio de Cuba, busca la sostenibilidad de los proyectos y el fomento de nexos económicos y comerciales.

Recordó, igualmente, la presencia del presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática el 8 de mayo último en Moscú, y la voluntad de La Habana de tener una mayor participación en los mecanismos de la Unión para el avance hacia una integración más profunda.

A juicio del académico, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la mayor de las Antillas hasta 2030 coincide con las prioridades de esa organización, sobre todo, el papel que conceden a la ciencia y la innovación, sumado al fomento de áreas como: turismo, agroindustria e industria biofarmacéutica.

Padilla Torres añadió que esa cooperación ventajosa para ambas partes comprende el impulso de lazos comerciales fortalecidos, la transferencia de conocimientos y tecnología—Cuba podría beneficiarse de la experiencia en sectores como industria, agricultura y energía—, nuevas cadenas de valor, investigaciones conjuntas e intercambio académico.

“Al colaborar con la UEE, la isla podría diversificar su economía. Ello contribuiría a una menor dependencia de esferas tradicionales y al estímulo del crecimiento; y sortear los efectos negativos del bloqueo estadounidense. En mi opinión, estamos en presencia de un nuevo tipo de multipolaridad e intercambio”, señaló.

@Sputnik

/Imagen principal: foto archivo

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