El programa provincial visitará Ullum, Jáchal y Valle Fértil durante la semana del 11 al 14 de agosto, con precios accesibles para las familias.

Garrafa Hogar iniciará un nuevo recorrido por tres departamentos con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado, ofreciendo descuentos de hasta un 40 % respecto de los valores comerciales. Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, orientado a mitigar el impacto de las bajas temperaturas.

En este sentido, desde el lunes 11 al jueves 14 de agosto, son Ullum, Jáchal y Valle Fértil. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas.

El operativo, coordinado por Defensa al Consumidor y desarrollado en conjunto con empresas mayoristas, busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada crítica.

Cronograma de la semana del 11 al 14 de agosto:

Lunes 11
Ullum
9:30 a 13:30 hs – Paseo Los Concejales

Miércoles 13

Jáchal – Operativo San Juan Cerca

10:00 a 15 hs. Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro

Jueves 14

Jáchal – Operativo San Juan Cerca

Mogna 10:00 a 12:00hs- Escuela Capitán de Fragata Hipólito Buchardo

Huaco 14:00 a 15:30 hs. Club Atlético Huaco

Valle Fértil
8:30 hs – Plaza de Chucuma
9:30 hs – SUM Astica
11:50 hs – Plaza de Usno
13:20 hs – Villa San Agustín (oficinas del Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y General Acha).

/SiSanJuan

Los hizo la defensa de Luis Alonso y Eduardo Oro en el cierre de sus alegatos. Además, solicitó la absolución lisa y llana de los acusados y que se declare la inexistencia del delito.

“Las circunstancias que hemos vivido en este juicio no pueden quedar en la nada misma, por lo que voy a solicitar la aplicación de costas a la parte querellante porque entiendo que la sentencia los va a declarar perdidosos”. Con esa frase, el abogado Marcelo Fernández Valdez cerró su alegato en el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, momento en el que solicitó la “absolución lisa y llana” de sus defendidos, los exdirectivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, Eduardo Oro y Luis Alonso, y del ex secretario del Consejo Superior de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi. Según indicaron fuentes calificadas, el planteo del defensor llamó la atención ya que lo hizo contra la Familia Tellechea y las llamadas costas, que hacen referencia a todos los gastos en los que incurrió el Estado para llevar adelante el proceso, por lo que, para este caso, “sería una cifra cuantiosa” si se tiene en cuenta el tiempo que lleva tramitado el expediente en la Justicia Federal. Además, si bien el pedido se puede hacer en el cierre de los alegatos, la defensa oficial no lo hizo, la costumbre indica que se solicitan al dictarse la sentencia, lo que se espera, en principio, a fin de año.

El pedido del abogado defensor tuvo su fundamento en que, según sostuvo, la Familia Tellechea, a través de su abogado representante, Conrado Suarez Jofré, forzó el sistema judicial para indicar que existió un delito que “ha quedado comprobado que no ocurrió”, incluso, “sin ninguna prueba presentada”. Así, explicó que existe un principio judicial que indica que “el que pierde debe pagar el juicio” porque “tiene que reparar los gastos en los que se han visto obligados a realizar quien indebidamente fue vinculado al pleito”. En ese marco, el profesional indicó ante el tribunal que se trata de “todo aquel gasto que se ha incurrido en la Justicia, llámese, dispendio de recursos humanos y administrativos, no solo lo que ha tenido este tribunal sino la Justicia Federal, por completo, desde el momento en que esta causa fue llevada al Juzgado de Instrucción”.

Dicho planteo no es menor, ya que la causa Tellechea tuvo vaivenes clave. La desaparición del ingeniero se produjo en septiembre de 2004 y si bien hubo una investigación en la Justicia provincial, el expediente comenzó a tramitarse en la Justicia Federal a partir de mayo de 2011, cuando se produjo un cambio en el Código Penal y se incorporó el delito de desaparición forzada de persona. Incluso, sobre ese punto, Fernández Valdez, al inicio de su alegato, a través de la codefensora, Ludmila Derka, planteó que el juicio nunca debió ocurrir por que “hacer una aplicación retroactiva de la ley implicaría una violación al principio de legalidad penal” ya que el delito investigado “no existía al momento de la realización del hecho”.

Sobre las costas y el paso del tiempo, fuentes judiciales indicaron que se trata de todos los gastos que incurrió la Justicia para tramitar la causa desde su inicio, por lo que, implicaría, pericias, recurso humano, diligencias, papel y hasta tinta para impresoras, desde 2011 hasta que termine el juicio, lo que se espera para fines de este año. Si eso ocurre, las costas deberían contemplar 14 años de proceso. Además, un punto clave a tener en cuenta, es que, según explicaron fuentes calificadas, para el Juicio Tellechea, y a pedido del tribunal integrado por Eliana Rattá, junto a sus pares de San Luis, Gretel Diamante y María Carolina Pereira, el Consejo de la Magistratura de la Nación asignó una partida especial para el debate, ya que se tuvo en cuenta el número de acusados, la cantidad de testigos y el tiempo necesario hasta dictar sentencia. Dicho monto, también debe ser contemplado para las costas.

La defensa de Oro y Alonso fue dura contra la querella y contra el Ministerio Público Fiscal, representado por Francisco Maldonado. Frente a las juezas, Fernández Valdez indicó que “acá la intención es que alguien de esta causa salga responsable y que la Justicia, de alguna manera, lo condene, no importa si tienen pruebas, pero que lo condene porque así van a quedar bien con la sociedad”. Además, lanzó una dura reflexión, dijo que “habrá Justicia” tanto “para la familia” como para “todos los imputados, pero estoy convencido que habrá justicia para todas aquellas familias que crean en la verdad de los hechos, en la auténtica realidad de las cosas. También creo que va a haber justicia para todos aquellos que inventaron una caprichosa e infundada historia vacía de contenidos probatorios porque la justicia nos llega a todos”.

Cabe recordar que, en marzo, la querella, que representa los intereses de la familia Tellechea, pidió prisión perpetua para los cuatro ex directivos de la Mutual de la UNSJ (donde Raúl Tellechea cumplía funciones), Luis Moyano, quien también fuera viceministro de Desarrollo Humano de la gestión de José Luis Gioja, Miguel del Castillo, Luis Alonso y Eduardo Oro, que también se desempeñó como coordinador de Eventos de la entonces Secretaría de Turismo del gobierno giojista. También lo solicitó para el expolicía Alberto “Lali” Flores, señalado como apretador de testigos y quien habría brindado sus servicios para la desaparición de Tellechea, y para el ex jefe de Policía, Miguel González, y el ex jefe del área Seguridad Personal en la fuerza, Mario León. En el caso de la ex empleada de la Mutual de la UNSJ, Isabel Ahumada, apuntada por presuntamente desviar la investigación penal, sembrando pistas falsas y afirmando que Tellechea no había desaparecido, sino que se había fugado por una supuesta defraudación, el abogado querellante pidió 10 años de prisión efectiva, mientras que para ex arrepentido Sebastián Cortez Páez y el ex secretario del Consejo Superior de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi no hubo acusación. El Ministerio Público Fiscal solicitó la misma pena que la querella y tampoco acusó a Cortez Páez y Cachi.

El juicio continuará el próximo martes 19, con el inicio de los alegatos del abogado Carlos Daniel Rivadeo, en representación de Mario León e Isabel Ahumada. 

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«Es lo único que tengo para ganarme la vida», lamentó. Desde EMICAR aseguran que aplican protocolos obligatorios establecidos por un decreto del Gobierno nacional.

Jorge Eduardo Muñoz, un pintor sanjuanino, atraviesa un drama que pone en riesgo su sustento. Hace dos años que vive con diálisis debido a una poliquistosis renal hereditaria, pero eso no le impide trabajar. Su herramienta principal es su moto, con la que se desplaza para realizar trabajos de pintura. Sin embargo, apareció una gran problemática cuando intentó renovar su licencia de conducir y le negaron la renovación para moto, a pesar de haberla obtenido sin problemas el año anterior.

Según relató a este medio, el año pasado había renovado su carnet sin problemas tras presentar un certificado médico. «Me dieron por un año para auto, moto y camioneta. Ahora fui a renovarlo porque estaba por vencer y me dicen que para la moto no me lo dan más», explicó. Desde EMICAR le argumentaron que las condiciones psicofísicas exigidas para conducir moto son más estrictas y que, por estar en diálisis, podría marearse y correr más riesgo de accidente.

Muñoz insiste en que la moto es su único medio de transporte y herramienta de trabajo, ya que no puede comprarse un auto ni realizar largas distancias una bicicleta: «Cuando voy a diálisis, me levan y me traen. Pero para a trabajar me manejo en moto», asegura.

Además, detalló que desde Emicar le aconsejaron la posibilidad de viajar a otra provincia para tramitar el carnet, aunque implicaría mentir sobre su condición: «Yo no soy así, soy honesto, por eso dije que hacía diálisis. Pero me dijeron que si no me gusta, me vaya a otra provincia y allá lo saque».

QUÉ DICE DESDE EMICAR

El problema, según le explicaron, radica en una nueva normativa vigente en San Juan desde hace tres meses, basada en el decreto nacional 196-2025. Este decreto introdujo cambios en los requisitos psicofísicos para obtener licencias de conducir, especialmente para motocicletas, que exigen condiciones más estrictas debido a la naturaleza del vehículo.

Ernesto González, gerente de EMICAR Licencias de Conducir, explicó a este medio que la empresa aplica estrictamente los protocolos establecidos por la normativa nacional. «En seguridad vial no se trata solo de la persona que conduce, sino también de quienes comparten la vía pública. Los condicionamientos psicofísicos para motos son más exigentes que para autos», detalló. Según González, los nuevos estudios psicofísicos son más profundos y pueden derivar en la no renovación de licencias si se detectan riesgos.

/DZ