La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su «preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales» concedidas a represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Así lo expresó la Secretaria encabezada por Horacio César Pietragalla Corti, luego de que la Justicia en pocos días dejara a las puertas de la libertad a Santiago Riveros y Jorge Tigre Acosta, dos de los genocidas más emblemáticos de la última dictadura, quienes actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Campo de Mayo y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), respectivamente.

En los últimos tiempos también fueron beneficiados con domiciliarias otros dos represores: Mario Guillermo Ocampo y Luis Firpo, condenados a prisión perpetua en el juicio de la Contraofensiva.

«La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ve con preocupación el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado», indica el comunicado dado a conocer esta tarde.

Y señala que «ante el incremento de estos beneficios se redoblaron los esfuerzos de los equipos de abogados y peritos para analizar cada caso e impedir decisiones arbitrarias por parte del Poder Judicial».

En ese sentido, el organismo especificó que «los equipos de la Secretaría realizan un seguimiento permanente de cada uno de esos casos en todo el país, participan de manera activa en las causas en las que es querellante, efectúan un estricto control jurídico y exigen rigurosidad al Poder Judicial a la hora de otorgar esos beneficios y de hacerlos cumplir«.

Asimismo, consideró que «los crímenes investigados en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y cuyas penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad«.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos recordaron que, en los últimos años, según datos del Ministerio Público Fiscal, se profundizó el otorgamiento de estos beneficios y apenas un tercio de las más de 2200 personas investigadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad se encuentra detenida.

Y detalla que una «gran mayoría» de los represores detenidos cumplen sus penas bajo el régimen de prisión domiciliaria (565) y que tan sólo 185 cumplen la pena o la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.

Al respecto, el comunicado subraya que «el seguimiento y control de los pedidos de prisión domiciliaria, libertad condicional o salidas extraordinarias es uno de los objetivos centrales de esta Secretaría, como lo estableció en su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad«.

«Con ese propósito -recuerda el documento- se creó en agosto del año pasado un cuerpo de peritos que participa en las juntas médicas dispuestas ante pedidos de prisión domiciliaria por motivos de salud o planteos de incapacidad de afrontar el proceso penal». Este equipo de especialistas -que, desde su conformación, ya participó en 147 juntas médicas- interviene en todos los casos en que la Secretaría es querellante y se encuentra a disposición de las querellas en el resto de las causas.

A partir de lo dispuesto por la Ley de Víctimas, la Secretaría -a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas- también trasmite a los tribunales la voz de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado frente a estos pedidos de los represores.

Según se precisó desde el organismo, en el transcurso del 2022 ya fueron notificadas 628 víctimas o familiares para que se manifiesten sobre algún pedido de morigeración de pena.

También ha impulsado en algunos casos, en articulación con otras querellas y el Ministerio Público Fiscal, la realización de audiencias públicas para que sean escuchadas las personas que sufrieron esos crímenes antes de que se resuelva lo pretendido por el imputado o condenado.

La Secretaría, además, realiza gestiones de manera periódica para garantizar que el Servicio Penitenciario Federal «brinde condiciones adecuadas de detención y los servicios médicos y oportunos que estos condenados puedan necesitar», indica el comunicado.

Y concluye: «Mediante estas acciones, la Secretaría busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles y que decida con la mayor rigurosidad antes de otorgar una prisión domiciliaria o una libertad condicional, beneficios que pueden exponer a las víctimas y que podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino».