Los miembros de la Sala Acusadora se reunieron ayer a las 18 y rechazaron la denuncia del dirigente libertario Sergio Vallejos quien había pedido el juicio político contra los cortistas Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto. Según trascendió de fuentes calificadas, la postura fue unánime y estuvo en tono del dictamen que ayer había sacado la Comisión Investigadora, cuyos cinco miembros habían votado a favor del archivo.

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La denuncia apuntaba, en primer lugar, al fallo que sacaron los ministros sobre la expropiación de la exbodega La Superiora.  En segundo término, iba contra la decisión del Tribunal Electoral de despegar, el año pasado, los comicios de gobernador con los de diputados provinciales, cuando la Constitución local establece que deben ser juntos. El desdoblamiento se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendiera la elección de gobernador y vice para estudiar si habilitaba o no la candidatura de Sergio Uñac, a la que finalmente no avaló.

La causa había provocado revuelo, dado que la embestida la había encarado el empresario textil y dirigente libertario Sergio Vallejos, quien había sido candidato a gobernador dentro de una de las líneas internas del frente que conducía Marcelo Orrego.

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Por eso, la movida generó ruido en la oposición peronista, debido a que los ministros habían sido designados en la gestión uñaquista, por lo que llegaron a preguntarse y consultar si el oficialismo estaba detrás de la maniobra. En el orreguismo lo negaron y enviaron señales al Poder Judicial de que se trataba de una jugada individual de Vallejos, entre otras versiones que circularon.

Incluso, hubo dirigentes que entendían que el que perdía políticamente era el oficialismo si se encaminaba a rechazar la denuncia, dado que se corría el riesgo que se lo equiparara bajo el concepto de “casta” junto al peronismo.

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La Comisión Investigadora está integrada por los orreguistas Carlos Jaime y Marcela Quiroga, los peronistas Pedro Albagli y Sonia Ferreyra y el diputado de La Libertad Avanza – ADN, Fernando Patinella. Este último y Vallejos coinciden en el apoyo al presidente Javier Milei, pero es el único punto en común, ya que el empresario textil está enfrentado con el líder del espacio libertario en San Juan, José Peluc, con el que sí juega el legislador. El dictamen de los integrantes de la Comisión salió por unanimidad, indicaron las fuentes.

Más allá del impacto político, Vallejos había denunciado a Lima, Olivares Yapur y García Nieto, por entonces miembros de la Sala I, por la resolución en la causa de La Superiora. En líneas generales, el libertario cuestionó que los ministros ordenaran que el municipio de Rawson le pagara a los expropiados el valor actual del predio ubicado en Rawson, cuando, según su planteo, la normativa indica que se debe calcular el monto del terreno al momento de la desposesión. Sumado que la Corte dispuso la aplicación de la tasa activa del Banco Nación y no la tasa pasiva.

Por ello, había sostenido que Lima, Olivares Yapur y García Nieto incumplieron con sus deberes, dado que habría fallado en contra de la normativa vigente y porque corrigieron el planteo realizado por los abogados de la empresa expropiada, Cuyo Inversiones, de la familia Pallito, al resolver más allá de lo que habían pedido. Incluso, Vallejos llegó a indicar en la denuncia que los cortistas tuvieron el “indisimulable propósito” de “beneficiar inescrupulosamente a los amigos del poder, en detrimento del erario público”.

La expropiación del terreno de la exbodega La Superiora la encaró en 2012 la gestión municipal de Juan Carlos Gioja. Luego de dos tasaciones, a la comuna de Rawson le quedó por pagar poco más de un millón de pesos. Luego de la disputa judicial, los abogados de Cuyo Inversiones, entre los que se encuentra Martín Turcumán, dirigente político de ADN, partido que fue base de La Libertad Avanza en San Juan, acudieron a la Corte de Justicia, la que en 2023 sacó el fallo de la polémica.

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Con una nueva tasación, teniendo en cuenta el valor actual del inmueble, lo que le queda por abonar al municipio superó los 373 millones de pesos. Ante ese resultado, la administración de Carlos Munisaga puso el grito en el cielo y, a través de un planteo, lograron que la Sala IV de la Cámara Civil disponga que se haga un nuevo cómputo, luego de una valuación polémica del Tribunal de Tasaciones.

Si bien el tema se manejó con hermetismo, circuló que entre los argumentos de la Comisión Investigadora estaría el hecho de que la causa judicial aún está en trámite, que no está cerrada; que la sentencia de la Corte tuvo sus fundamentos para llegar a esa definición y que, en cualquier caso, sería materia opinable.

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Además, sobre el supuesto beneficio a los expropiados, no habría habido prueba que lo demostrara. Entonces, no encajaría la causal contra los tres ministros por incumplimiento de los deberes a su cargo.

En segundo término, el empresario textil le había apuntado a Olivares Yapur y García Nieto porque en 2023 integraron el Tribunal Electoral, junto al fiscal General Eduardo Quattropani (aunque a este no lo incorporó en la denuncia), el que despegó las elecciones de gobernador y vice de las de los diputados provinciales.

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El caso tuvo su origen cuando la Corte Suprema de Justicia suspendió la contienda de gobernador y vice para analizar si habilitaba o no la candidatura de Uñac, a la que, después, le dio de baja. El organismo electoral acató la decisión del máximo tribunal judicial del país, pero el cuestionamiento se basó en que debía tener en cuenta el artículo 185 de la Constitución, que establece que los comicios de gobernador y vice deben hacerse conjuntamente con los de los diputados.

En su momento, en el Tribunal Electoral explicaron que resolvieron de esa manera porque siguieron la orden de la Corte Suprema, la que sólo se refirió a la elección de gobernador y vice. Incluso, el abogado Marcelo Arancibia presentó un recurso y el máximo tribunal dispuso que había que remitirse a lo que había resuelto.

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Bajo la misma lógica del punto anterior, en la Comisión Investigadora prevaleció el argumento de que la postura del organismo electoral tuvo sus fundamentos y que sería materia opinable, pero no se encuadraría en la causal de juicio político.

Con el dictamen, la Sala Acusadora, presidida por el diputado del Pro, Enzo Cornejo, reunió a sus 18 miembros para tomar la decisión final. Si bien el dictamen de la Comisión Investigadora no es vinculante, los legisladores de la Sala siguieron la misma línea y rechazaron el pedido de juicio político.

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Vallejos había tratado de ampliar su denuncia contra Lima, al cuestionarle que no renunciara como titular del Registro Notarial Nº22 luego de que asumiera como miembro de la Corte de Justicia. Sin embargo, la Sala Acusadora rechazó el planteo, ya que no se trata de aportes que sumen datos o información sobre la denuncia original, sino de un hecho totalmente nuevo. De todas formas, el empresario volvió a presentar hoy una denuncia nueva sobre el mismo tema.