El examen de idoneidad fue aprobado por el 95% de los trabajadores estatales y este jueves se conoció cuál es la medida que tomó el Gobierno con aquellas personas que lo desaprobaron.

En medio de un clima político agitado tras reveses legislativos, la administración de Javier Milei tomó una drástica decisión con aquellos empleados estatales que no lograron aprobar el examen de idoneidad implementado meses atrás. A pesar de que el 95% de los trabajadores superó la evaluación, el Gobierno confirmó que no renovará los contratos del 5% restante.

La medida, oficializada a través de la Resolución 48/2025 publicada en el Boletín Oficial, establece un plazo para la desvinculación de los empleados que no alcanzaron el nivel requerido en la prueba. «Establecerse que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24», detalló el artículo 1° de la resolución.

La decisión del Gobierno de exigir la aprobación de un examen de idoneidad para ejercer cargos públicos había generado controversia desde su anuncio. Ahora, la confirmación de la no renovación de contratos para quienes no superaron la prueba ratifica la firmeza de la medida y su impacto en una porción del personal estatal.

Si bien el 95% de los empleados logró sortear con éxito la evaluación, el 5% que no lo hizo deberá afrontar la desvinculación de sus puestos a partir del segundo semestre de este año, en julio.

/DH

Fue a través de un comunicado, en el que describió que próximos a cumplir año y medio de gestión, le solicitó la renuncia a su equipo de Gabinete

El intendente de la Municipalidad de Rawson, Carlos Munisaga, dio a conocer que le pidió la renuncia a los 76 funcionarios que componen su equipo de trabajo.

Fue a través de un comunicado, en el que describieron que “próximos a cumplir 18 meses de gestión, y frente a la caída drástica en los ingresos por coparticipación, he solicitado la renuncia a los 76 funcionarios que actualmente integran el equipo de gobierno del ejecutivo municipal, incluyendo secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores”.

En ese sentido, desde la intendencia se expuso que “esta medida busca habilitar una evaluación integral del funcionamiento del gabinete, con el objetivo de introducir los cambios que resulten necesarios, redefinir funciones o ratificar responsabilidades conforme a las prioridades de esta nueva etapa”.

Por último, acerca de los detalles, Rawson añadió que “en los próximos días se comunicarán las decisiones adoptadas y otras medidas que estamos evaluando para reducir gastos y seguir respondiendo a las demandas de nuestros vecinos, a pesar de la situación compleja y la caída de los ingresos”.

Hace un mes atrás, en el Concejo Deliberante de Rawson, el arco opositor le solicitó al intendente un pedido de informe para que de a conocer quiénes son los integrantes de su gabinete, función y sueldo. Desde el cuerpo deliberativo los acusaron de que algunos no iban a trabajar.

/C13

El titular de la cartera productiva habló de evitar el “club de amigos” entre proveedores mineros y cuestionó las “fiestas” de anuncios sobre temas técnicos, en referencia a las gestiones pasadas.

Gustavo Fernández está al frente del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación, el cual se vincula con las actividades comerciales, industriales y de servicios, como el que genera la minería. En ese marco, reconoció que “hay algunos capitales mendocinos que han tomado interés por participar de la actividad minera”, dentro de la atención que ha generado San Juan a nivel regional e internacional para invertir. Así, cuestionó reclamos de sectores locales sobre ese desembarco mendocino, al señalar que “habría que preguntarle al empresariado sanjuanino por qué no se animan a comprar un pliego de 5 mil dólares y a armar un proyecto de exploración o asociarse con extranjeros para hacerlo”.

No fue lo único, ya que aprovechó para criticar al peronismo, al destacar que “tenemos que tratar de evitar que los proveedores locales que trabajan en la minería no sean un club de amigos”. Además, fue duro al indicar que se han “armado fiestas cuando empresas presentaban sus informes de impacto ambiental, creando la idea y la sensación de que, al año siguiente, el proyecto estaba en construcción”.

El reclamo de proveedores mineros y empresarios sobre la “invasión” de compañías de Mendoza y de otras provincias no es nuevo, ya que este medio reflejó el escenario en marzo. Primero, fue el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quien dio a conocer su reclamo y, luego, fue Fernando Godoy, presidente de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA).

Ante la consulta del malestar de proveedores mineros por esa situación, Fernández resaltó en el programa “Demasiada información”, de Radio Light: “Si hay empresarios de origen en Mendoza que toman la decisión de comprar pliegos para conducir proyectos de exploración en San Juan y no ha habido sanjuaninos, es un tema que nos tenemos que cuestionar como sociedad”.

Así, el funcionario orreguista se preguntó: “¿Qué tipo de negocios son los que busca el empresariado sanjuanino? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y qué niveles de riesgo está dispuesto a asumir a la hora de tomar decisiones de inversiones?

Por eso, se le consultó si el empresariado sanjuanino está acostumbrado a depender del Estado o no cuenta con el volumen suficiente para encarar tales inversiones. “Creo que los dos planteos forman parte de la respuesta”, respondió el ministro, a la vez que agregó: “Pienso que el terremoto (de 1944) marcó mucho al ecosistema empresarial sanjuanino. Hubo un cambio cultural, una mayor dependencia del Estado en el desarrollo empresarial. Eso ha sido un impacto cultural, del que el desarrollo minero que tuvimos a mediados de 2000 comenzó a torcerlo muy parcialmente y de manera muy imperfecta”.

En ese marco, explicó que, “para desarrollar negocios, se necesitan demandas de envergadura y de escala. Y, la realidad es que, quizás, en San Juan ha ocurrido que no hemos tenido sectores más allá del Estado provincial que ofrezcan esa demanda de gran escala que permita el desarrollo”. Excepto, señalo, “la minería, con altibajos, imperfecciones y con nuevas oportunidades, que son las que tenemos que aprovechar”.

De esa manera, remarcó que “tenemos que lograr que se desarrollen los proveedores locales” y “que la provisión en la minería no sea un club de amigos y que no haya oportunidad sin aprovechar para los proveedores locales. Es otra parte de la crítica a la historia de la minería en San Juan”.

No fue el único tiro al justicialismo, ya que cuestionó cuando se “montaron fiestas para anunciar que una empresa presentó su informe de impacto ambiental. Un informe requiere, mínimo, 12 meses de evaluación para que tengamos una declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada, que normalmente es aprobada con una serie de condicionamientos que tiene que responder la empresa. En la medida que el contexto del país lo permite y la macroeconomía esté alineada con lo que significa la seguridad jurídica para esas grandes inversiones, recién ahí podemos tener la certeza de que un proyecto se va a concretar en términos de construcción”.

/0264