No hay coincidencia en que, en las amenazas de bomba, por ejemplo, se vea afectado el patrimonio público. Habrá reunión entre el fiscal General interino y el fiscal de Estado.
Si hay un tema de interés público que ha acaparado la atención de Fiscalía de Estado, el organismo que representa los intereses de la provincia, son las amenazas de bomba. Al punto que sus abogados han intervenido en las causas penales para buscar sanciones “ejemplificadoras” y han entablado millonarias demandas civiles. Sin embargo, el viernes, en el juicio contra Axel Muñoz, acusado de hacer tres llamados por artefactos explosivos en una escuela de Rawson, los abogados del Estado recibieron un baldazo de agua fría: los fiscales de la Unidad Genérica les marcaron la cancha al oponerse a que sean parte querellante en el proceso, es decir, que actúen como acusadores.
No hay antecedentes de una postura tan enfrentada en un juicio entre la Fiscalía que defiende el patrimonio del Estado y el Ministerio Público Fiscal, que representa los intereses de la sociedad. El tema desató todo tipo de interpretaciones, inclusive, en el ámbito político, y trascendieron los cortocircuitos internos.
En el medio, hay acusaciones cruzadas, por lo bajo, de que el Ministerio Público carece de una política criminal sobre el tema, mientras que, desde el otro lado, destacan que Fiscalía de Estado “busca protagonismo”. Los abogados del organismo, además, han buscado sanciones más severas en las causas por amenazas de bombas.
En el Ministerio Público Fiscal han puesto la lupa en la actuación de los abogados de la provincia, ya que consideran que quieren intervenir en causas en las que el perjuicio contra el Estado es mínimo, inexistente o que no se ha probado. Incluso, cuestionan que amaguen con planteos de nulidades, que pueden demorar los procesos.
Un ejemplo que circuló es el del empleado judicial Adolfo Holywell, quien fue condenado a un año de prisión en suspenso por filtrarle información a una banda de delincuentes. Fiscalía de Estado quería ser parte querellante en la causa debido a los gastos que originó el procedimiento de detención del exempleado, dijeron las fuentes.
Según indicaron desde el Ministerio Público, solicitaron copias del expediente y señalaron que esgrimieron una serie de nulidades, las que no se produjeron, pero hubo malestar.
Ese es uno de los detalles trasfondo, que salió a la luz en la audiencia en la que la fiscal Coordinadora de la UFI Genérica, Daniela Pringles, y el fiscal Alejandro Mattar se opusieron a que los abogados de la provincia sean querellantes en la causa de la triple amenaza de bomba de Axel Muñoz. Por el lado de Fiscalía de Estado, que sostuvieron su intervención en la causa, se encontraban Claudio Herrera, José Freifer y Ricardo Lorenzo.
Fueron los exponentes de la disputa, pero sus decisiones y movimientos cuentan con el aval de sus superiores. En el caso de los fiscales Pringles y Mattar, la línea sube hacia el supervisor de la Unidad Genérica, Andrés Noguera, y el fiscal General interino, Daniel Galvani. Por el lado de los profesionales de la provincia, actúan bajo el control del fiscal de Estado, Sebastián Dávila, un funcionario de estrecha confianza del gobernador Marcelo Orrego.
Tras la disputa que se dio públicamente, trascendió que Galvani y Dávila mantendrán una reunión esta semana para calmar las aguas y tratar de unificar criterios.
En la audiencia del viernes, la fiscal Coordinadora sostuvo, en líneas generales, que se realizó un estudio profundo de la normativa, incluida la Constitución, y llegaron a la conclusión de que en las amenazas de bomba no hay una afectación al patrimonio del Estado, ya que los gastos que demanda un operativo son los ordinarios, por lo que no corresponde darle la calidad de víctima para que puedan intervenir.
Incluso, Pringres había reconocido en la audiencia que, en casos anteriores, el Ministerio Público le había aceptado la participación de querellantes en base al error.
En cambio, desde Fiscalía de Estado consideran que sí existe un daño al patrimonio público tanto en las amenazas de bomba como en el caso del exempleado judicial, por el movimiento y el operativo que se despliega, además de que existe un interés público en el que entienden que deben intervenir.
Además, aseguran que es una obligación del Ministerio Público de todas las causas a Fiscalía de Estado para que evalúen si hay o no un perjuicio patrimonial contra las cuentas públicas. Aseguran que así lo indica el Código de Procedimiento, la ley de Fiscalía de Estado y la propia Constitución.
Por lo pronto, la jueza Carolina Parra decidirá el lunes si los abogados de la provincia pueden o no ser parte querellante en la causa por la triple amenaza de bomba por parte de Axel Muñoz. Cualquiera sea la resolución de la magistrada, quedó más que claro la parte que se considere afectada apelará al Tribunal de Impugnación para revertir la situación. Es decir, la puja continuará se verá si el tema se aquieta tras el encuentro entre el fiscal General interino y el fiscal de Estado.
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