La Secretaría de Derechos Humanos pide que se investiguen las responsabilidades del Estado y otras instituciones por los fusilamientos de alrededor de 1500 huelguistas ocurrida entre 1920 y 1922 en la provincia de Santa Cruz.

Muy poco se sabría sobre la matanza de obreros ocurrida entre 1920 y 1922, en la provincia de Santa Cruz, en el árido y ventoso suelo patagónico argentino, de no ser por el periodista y escritor Osvaldo Bayer. Fallecido en diciembre de 2018, este empecinado revisionista de la historia abordó durante su extensa trayectoria los temas que incomodan al Estado argentino por sus propias aberraciones, que fueron, en su mayoría, silenciadas.

Es precisamente en ‘Los vengadores de la Patagonia trágica’, la obra más difundida del pensador anarquista, donde se desentraman las responsabilidades del gobierno de Hipólito Yrigoyen, del Ejército y de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en los fusilamientos de alrededor de 1500 peones rurales y sindicalistas. Los hechos sucedieron en el marco de una extensa huelga en la que los trabajadores reclamaban mínimas condiciones de trabajo.

Los obreros exigían que no durmieran más de tres hombres en recintos de 16 metros cuadrados, que se entregase un paquete de velas por mes a cada trabajador,​ que los sábados fueran día de descanso, un mejoramiento de las raciones de alimentos, un sueldo mínimo mensual de 100 pesos y el reconocimiento de la Sociedad Obrera como el único representante legítimo de los trabajadores. El pliego fue rechazado, la huelga se extendió más de lo previsto y los peones y dirigentes terminaron, en su mayoría, asesinados.

Hace muchos años, la nieta de una de las víctimas inició una causa en la justicia santacruceña para averiguar dónde estaban los restos de su abuelo, fusilado junto al dirigente anarco sindicalista José Font, más conocido como ‘Facón Grande’, por el tamaño del cuchillo que llevaba siempre atado a la cintura.

Esa causa nunca avanzó. Pero empezó a haber movimiento cuando, al cumplirse el centenario, en junio de 2021, la Secretaría de Derechos Humanos y la gobernación provincial se presentaron como querellantes para que se inicie la investigación. Por otro lado, la senadora Ana María Ianni (Frente de Todos – Santa Cruz) presentó un proyecto de ley para que se declaren estos fusilamientos crímenes de lesa humanidad. La iniciativa contempla la creación de una comisión investigadora bicameral, para que se determine qué grado de responsabilidades tuvieron las instituciones del Estado y de la sociedad civil en aquella masacre. 

En diciembre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó también como querellante y solicitó que se realice un Juicio por la Verdad, en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas y sus familiares. Este tipo de procesos fueron activados por organismos de derechos humanos para que los delitos cometidos durante la última dictadura militar no quedaran impunes, ya sea por las leyes de obediencia debida y punto final, o por el fallecimiento de los victimarios. 

Memoria, Verdad y Justicia

Esteban Bayer es, al igual que su padre Osvaldo, periodista e investigador. Y además de ampliar el imprescindible trabajo que ha dejado el autor de ‘La Patagonia rebelde’ (nombre que se da a la compilación de los cuatro tomos del libro original, publicados entre 1972 y 1978), colabora en la investigación que busca determinar la responsabilidad del Estado y las instituciones de la sociedad civil. 

Si bien vive en Argentina y Alemania —Osvaldo Bayer y su familia tuvieron que exiliarse un año antes de la última dictadura—, Esteban ha participado de los actos conmemorativos de la masacre sureña en su aniversario 100, para «recordar a los peones rurales y a sus dirigentes fusilados, los mártires de la mayor huelga de peones rurales en la historia de la región».

Esos recordatorios fueron impulsados por una red de agrupaciones de la Patagonia, como la Comisión por la Memoria de las Huelgas de Río Gallegos, que realizan un gran trabajo visibilizando a nivel local dónde ocurrieron los crímenes, colocando monumentos, cambiando nombres de calles, entre otras actividades reivindicativas. 

«En la historia argentina se repiten represiones violentas hacia el movimiento obrero, golpes militares, fusilamientos. Después de la última dictadura militar los argentinos nos basamos en el lema Memoria, Verdad y Justicia. En estos actos nos dimos cuenta que la verdad había sido rescatada a través de las investigaciones de mi padre, la memoria está vigente en el trabajo diario de estas mesas de huelga en Santa Cruz, pero lo que hacía falta era la justicia», dice Bayer a RT.

El periodista remarca que en estos 100 años se conocieron quiénes fueron las víctimas, quiénes dieron las órdenes de reprimir, pero nunca la justicia argentina ni el Congreso trataron el tema. «Ahí nos propusimos trabajar duro para conseguirlo. Sabemos que aquellos protagonistas de la represión están muertos, pero lo que sigue existiendo son las estructuras, las organizaciones que estuvieron involucradas en aquella matanza, ya sean civiles o del Estado. Y estas instituciones tienen que asumir sus responsabilidades», sostiene. 

El rol de la Sociedad Rural Argentina

Entre esas entidades no gubernamentales, aunque tradicionales y de innegable poder en Argentina, está la Sociedad Rural. La SRA fue fundada en 1866 en Buenos Aires por un grupo de grandes terratenientes, con el objetivo de defender los intereses de los productores agropecuarios. Expresa un ideario identificado con el liberalismo en el plano económico y con cierto tradicionalismo en lo sociocultural. En línea con esto, esgrime una defensa irrestricta de la propiedad privada y del libre mercado.   

«La Sociedad Rural, a través de sus dirigentes, los latifundistas dueños de las estancias, fueron los que indicaron al Ejército quiénes eran los cabecillas y los peones que debían ser fusilados. Pero la entidad nunca hizo una autocrítica y tuvo una responsabilidad muy grande», considera Bayer.  

El periodista añade que las estructuras de poder no se han modificado a pesar del paso del tiempo. Y que las familias dueñas de esas tierras lo siguen siendo al día de hoy. «El conflicto de hace 100 años fue por la esquila de la lana de las ovejas. Eso ya no es productivo, pero los dueños de las estancias son los dueños de las riquezas minerales que yacen en la tierra y que están extrayendo sin rendir cuentas. Los intereses económicos siguen, vemos que el sector agropecuario mantiene un poder político muy fuerte y actúa siempre en beneficio propio. En aquella matanza, lo hizo convocando a las Fuerzas Armadas, a través de su influencia en el gobierno radical de Yrigoyen», repasa el entrevistado. 

Bayer recuerda que la llamada Conquista del Desierto encabezada por el general Julio A. Roca (1878-1885) empezó con la ocupación de tierras pobladas por los pueblos originarios, masacrados por el Ejército. Y que los «agraciados» de esa campaña militar fueron los terratenientes agrupados en la Sociedad Rural: «En Argentina nunca hubo una reforma agraria para tratar de tener una estructura más equitativa, independientemente del gobierno que hayamos tenido». 

Ahora, los impulsores de la búsqueda de Justicia para las víctimas de la ‘Patagonia rebelde’ están a la espera de que el proyecto sea tratado, pero Bayer cree que hay un interés político y que todos los datos son suficientes para que se dictamine que se trató de un crimen de lesa humanidad. 

De conseguir la sentencia, la Justicia puede ordenar al gobierno continuar con la búsqueda e identificación de los cuerpos de los fusilados; marcar mojones en los sitios donde ocurrieron los fusilamientos (estancia San José, Bellavista y La Mata); remover monumentos y nombres de calles asociadas a los responsables directos e indirectos y reemplazarlas por homenajes a las víctimas, articular un pedido de disculpas en representación de los Estados nacional y local, entre muchas otras iniciativas. 

Remarca Bayer que existe un «buen antecedente» de hace solo un año y medio, cuando la Justicia de la provincia de Chaco determinó que la llamada masacre de Napalpí de 1924, en la que fueron asesinados entre 400 y 500 personas de comunidades aborígenes, fue un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado, en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos originarios. 

«Esto sirve sobre todo para establecer y para verificar, una vez más, que los crímenes, aunque haya pasado un siglo, no pueden quedar impunes, que la sociedad argentina tiene que esclarecer ¿Por qué? Porque si no se termina con la impunidad no se garantiza que no vuelvan a suceder de nuevo». 

En el caso de los hechos ocurridos en la Patagonia el aporte de Osvaldo Bayer con su trabajo de investigación es «único», dice su hijo con orgullo, por la cantidad de material que pudo obtener a pesar del silenciamiento del Estado y los medios de la época. «Recordemos que en esa época no había internet, no había libros en las bibliotecas que hablaran sobre el tema, no había documentación. Era un tema callado por la historia oficial argentina. Los responsables no hablaban por razones obvias. Y los familiares de las víctimas tampoco lo hacían por miedo. Mi padre tuvo la suerte de hablar con muchos de los sobrevivientes y protagonistas de todos los lados, familiares de huelguistas, algunos cabecillas que todavía vivían y con algunos oficiales que dirigieron los fusilamientos», remarca.

Hoy, si uno recorre la provincia está el recuerdo de los fusilados en sitios de memoria, en monumentos, en museos. Y en buena medida es gracias a Osvaldo Bayer: «En los recordatorios vemos que esa semillita que plantó mi padre dio sus frutos, se ha convertido en árbol y hoy la gente sigue divulgando lo que pasó hace 100 años».

@RT.

/Imagen principal y secundaria: Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz/