Dos estudiantes de la escuela técnica deben pagar por intimidación pública tras una falsa denuncia de bomba realizada el pasado miércoles.

La Justicia formalizó este viernes la causa contra los dos alumnos de la Escuela Boero que realizaron una falsa amenaza de bomba. El operativo de evacuación y seguridad tuvo un costo estimado de 4 millones de pesos, y la Fiscalía propuso una probation con medidas económicas y comunitarias como reparación.

Durante la audiencia, la fiscal Daniela Pringles (UFI Genérica) detalló que uno de los jóvenes usó el celular de su compañero —que pertenece a su madre— para llamar tres veces al 911, siendo la tercera la que fue atendida. La geolocalización permitió confirmar que el llamado salió desde el interior del aula séptimo segunda de Electromecánica, donde ambos imputados -Ricardo Joaquín Barassi y Juan Paulo Ferreyra Castro- se encontraban en ese momento.

La amenaza activó el protocolo de emergencia: evacuación total, un cerco policial en la zona y un rastrillaje que duró más de dos horas. Finalmente, el operativo terminó sin hallazgos de explosivos.

Como parte del acuerdo de suspensión de juicio a prueba, cada imputado deberá pagar $2 millones en 6 cuotas, cumplir 24 horas de trabajo comunitario en sus respectivas jurisdicciones y asistir a un curso de concientización sobre explosivos dictado por Bomberos.

El caso fue caratulado como intimidación al orden público, una figura que ya se aplicó recientemente por una falsa amenaza en el Hospital Rawson.

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El abogado Fernando Burlando señaló similitudes entre el caso de Lucía Rubiño y el asesinato de Fernando Báez Sosa, remarcando la participación de familiares de funcionarios judiciales en la causa y cuestionando el accionar de fiscales y jueces en el proceso.

El abogado Fernando Burlando se refirió al caso de Lucía Rubiño y estableció un paralelo con el crimen de Fernando Báez Sosa, al advertir que ambas causas comparten similitudes estructurales, no solo por la violencia del hecho sino también por el contexto de encubrimiento y vínculos familiares de los acusados con el Poder Judicial. En una entrevista radial, Burlando afirmó que fue contactado para intervenir en la causa y expresó que conoce el expediente, destacando que en la escena estuvieron involucrados familiares de un juez federal, en referencia al hijo de un camarista federal.

Durante su análisis en diálogo con Radio Colón, el abogado hizo hincapié en la actitud del fiscal que intervino en la causa, mencionando que en lugar de acusar, actuó en defensa de la absolución de uno de los imputados, situación que llamó la atención de los colegas presentes en las audiencias. Burlando remarcó que el accionar de ciertos miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial se aleja de su verdadera función, que es representar a las víctimas y administrar justicia con imparcialidad.

El abogado expresó que detrás de estos casos hay familias destruidas que vivirán con la imagen del sufrimiento de sus hijos hasta el último día de sus vidas, como sucede también con los padres de Fernando Báez Sosa. En este sentido, enfatizó que no se trata de noticias pasajeras sino de situaciones que marcan a las víctimas y sus familias de manera permanente, subrayando la importancia de que la Justicia actúe con responsabilidad y apegada al derecho.

Fernando Burlando insistió en que es fundamental que los magistrados se pongan del lado de las víctimas y que resuelvan con justicia, respetando los códigos y las leyes, sin incurrir en arbitrariedades ni interpretaciones creativas que se alejen de la búsqueda de la verdad.

Finalmente, Burlando criticó a un reducido grupo de magistrados a quienes responsabilizó de acciones que deterioran la confianza pública en la Justicia. No obstante, destacó que la mayoría de los jueces y juristas de la provincia son profesionales de excelencia, que terminan pagando las consecuencias por el comportamiento de esos pocos funcionarios judiciales que, según él, se alejan de la verdadera esencia del derecho.

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El abogado de los famosos pisó suelo sanjuanino para impugnar la sentencia contra los dueños de la prestadora de la Obra Social Provincia, condenada por estafa. En una conferencia de prensa y fiel a su estilo extravagante, el letrado cuestionó el fallo, a la fiscalía y realizó una grave denuncia pública contra efectivos del Servicio Penitenciario.

 Fernando Burlando aterrizó en San Juan y lo hizo para generar un sismo en la causa Garder. Es que el abogado de los famosos impugnó la sentencia contra los dueños de la prestadora de la Obra Social Provincia condenada por estafa y, en una conferencia de prensa, disparó fuerte contra la fiscalía y los efectivos del Servicio Penitenciario.

Fiel a su estilo extravagante y polémico, el letrado más conocido del país no sólo cuestionó el fallo de 3 años de prisión efectiva para Marilina De la Fuente y Eduardo Guzmán, puesto que aseguró que no se configuró el delito y la causa no debió tener curso, sino que además denunció públicamente que la empresaria fue víctima de vejaciones durante su estadía en el Penal de Chimbas.

Sobre esto último, Burlando, que estuvo acompañado por el defensor del matrimonio Benjamín Balmaceda, aseguró que la mujer fue sometida a prácticas que vulneraron sus derechos primarios y que, por ello, debería haber consecuencias. Aunque sostuvo que la mujer no se encuentra en condiciones psíquicas y emocionales para afrontar un proceso de tal envergadura, como el de radicar la denuncia en la UFI correspondiente, advirtió que en algún momento lo haría. «La desnudaron y lo hicieron todos varones, cuando debía ser personal femenino», sostuvo.

El abogado que, entre otras causas representa a las hijas de Diego Maradona, comparó el accionar del fiscal Iván Grassi con el de la jueza Julieta Makintach. Para Burlando, la conducta del Ministerio Público fue la de persecución hacia los imputados, que no configuraron el delito de estafa porque no causaron perjuicio económico al Estado. Según señaló, la acusación resultó más un capricho que otra cosa, que le costó dinero a los sanjuaninos.

A casi cuatro semanas de que los sentenciados recuperaran la libertad, tras la revocación de la prisión preventiva hasta que el fallo quedara firme, Burlando criticó con dureza el dictado de la medida puesto que aseveró que se había dado sin ser fundada. En ese orden, destacó la labor del Tribunal de Impugnación, encarnado por Benedicto Correa, que desestimó la medida coercitiva y los dejó en libertad. Asu vez, dijo tener «fe ciega» en el tribunal superior para con su revisión de la sentencia que impugnó.

Como no se encuentra matriculado para ejercer en la provincia, el mediático abogado, que se mostró comprometido con el caso y animado por regresar a San Juan, donde dijo que tiene muchos amigos, anticipó que su intervención será asistiendo a Balmaceda, junto a su asesor Javier Baños, y que su intervenció directa será en caso de tener que reclamar ante la Corte Suprema de Justicia.

/TSJ