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Política & Economía Latinoamérica

Pasaportes, chats y renuncias: lo que hay detrás de la crisis que golpea al Gobierno de Uruguay.

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Escuchas telefónicas y chats en que se acuerda ocultar pruebas a la justicia llevaron a la renuncia de dos ministros y sumieron al Gobierno de Luis Lacalle Pou en una “crisis política”. Analistas coincidieron en que las renuncias no saldan la preocupación por posibles vínculos entre política y narcotráfico.El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aún no puede dejar atrás la crisis política desatada en los primeros días de noviembre y que, además de motivar las renuncias de su canciller Francisco Bustillo y su ministro del Interior Luis Alberto Heber, podría llevarlo a declarar ante la justicia por irregularidades en el otorgamiento de un pasaporte a un narcotraficante que sigue prófugo.El caso salió a la luz a finales de 2021, cuando Montevideo entregó un pasaporte al uruguayo Sebastián Marset, nacido en el país rioplatense y detenido en Emiratos Árabes Unidos por portar un pasaporte falso de Paraguay.Si bien Marset no tenía antecedentes en Uruguay, sí era buscado en el Estado guaraní, donde se lo consideraba un peligroso narcotraficante.El escándalo político por haber entregado el pasaporte, lo que facilitó que Marset saliera de prisión en Dubái y continuara prófugo, incluyó interpelaciones a los ministros Bustillo y Heber en 2022. En aquel momento, el oficialismo respaldó a los secretarios de Estado, considerando que el Gobierno uruguayo no sabía antes de entregarle el documento de identificación que el sujeto era un narcotraficante señalado por peligroso.Un año después, grabaciones de llamadas y chats presentados ante la justicia por la ex vicecanciller Carolina Ache demostraron que los ministerios conocían el perfil de Marset y que incluso hubo gestiones para ocultar al parlamento que el Gobierno estaba al tanto de su historial delictivo.La grabación de Bustillo pidiendo a Ache “perder el celular” para evitar brindar sus chats a la justicia y la cita a una reunión en la sede del poder ejecutivo para borrar los mensajes profundizaron las sospechas.El 4 de noviembre, a su regreso de una visita a Washington, el presidente Lacalle Pou confirmó la renuncia de los ministros Bustillo y Heber, aunque consideró que no habían cometido ilegalidades en la gestión del pasaporte.El mandatario sudamericano también confirmó que su secretario de prensa, Roberto Lafluf, convocó a una reunión a metros de su despacho, en la Torre Ejecutiva, aunque negó que el Gobierno hubiera eliminado pruebas requeridas por la justicia.”Las renuncias eran una señal que todos esperaban, pero son insuficientes. No se puede pensar que la crisis está terminada cuando todavía hay muchas preguntas por responder”, dijo a el politólogo uruguayo Antonio Cardarello.El analista consideró que las explicaciones de Montevideo no logran desactivar las dudas que se mantienen sobre el episodio. “Está la posibilidad de que sea solo un error político que se quiso tapar con una serie de irregularidades, la posibilidad de que haya sido un hecho de corrupción aislado o que exista una corrupción generalizada, lo que sería más grave”, apuntó.

Narcotráfico y política

Cardarello advirtió sobre las preocupaciones que persisten ante posibles vínculos entre la política y el narcotráfico, y que puedan surgir a partir del otorgamiento del pasaporte a Marset, al que suma otros incidentes, como la fuga de una cárcel uruguaya del mafioso italiano Rocco Morabito en 2019 —aún con el Frente Amplio en el Gobierno— y otros cinco narcotraficantes que evadieron su prisión domiciliaria y se fugaron en 2023, según datos del propio Ministerio del Interior.”Parecen ser llamados de alerta de que el narco tiene redes adentro de Uruguay y que el país no es una isla. Lo que hay que hacer es actuar rápido y dar señales a la población de que se está tomando en cuenta que esto es un peligro”, opinó el politólogo, para quien el sistema político uruguayo debería avanzar en una ley de financiamiento de partidos políticos que sigue sin ser aprobada.El también politólogo Martín Freigedo aseguró que lo sucedido puede ser calificado como una “crisis política” que no afectó solamente al Gobierno, sino que también “tuvo repercusiones en el poder legislativo y el poder judicial”.Para Freigedo, no hay dudas de que el caso “seguirá teniendo repercusiones” en la política uruguaya ya que, si bien el oficialista Partido Nacional y la coalición de partidos que lo sustentan —integrada por el Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente— han buscado dar el tema por saldado, “ni la justicia ni la oposición en el parlamento han dado vuelta la página”.De hecho, la coalición izquierdista Frente Amplio intentó el martes 7 de noviembre que el asunto sea abordado en el Senado, generando una nueva discusión con el oficialismo, que en contraparte buscó evitar su tratamiento.Mientras los miembros de la coalición gobernante se plegaron a la postura del presidente Lacalle Pou, el Frente Amplio buscó mostrarse más cauto y evitó el camino de un juicio político al presidente, mencionado en los chats investigados por la justicia.Freigedo sostuvo que un juicio político contra el presidente sí podría dar lugar a una “crisis institucional” y atribuyó la cautela de la oposición a la estrategia que la fuerza política de izquierda comienza a desplegar de cara a las elecciones de octubre de 2024.”Creo que se explica por la proximidad de las elecciones y la estrategia de atraer a cierto votante que vea al FA no como un partido de quiebre o radical, sino con un discurso moderado que ha primado”, aseveró.

A un año de las elecciones, ¿cómo afecta el escándalo?

Ambos analistas coinciden en que el escándalo desatado en torno al pasaporte de Marset tendrá impacto en el próximo proceso electoral, que comenzará en junio de 2024 con las elecciones internas de los partidos.De todos modos, aclararon que aún no puede medirse de qué manera impactarán negativamente en el oficialismo o si alcanzarán a porciones importantes del electorado.”Tenemos que pensar que esto afecta a un público que está informado, que le interesa y sobre todo que tiene un voto que es pensado. Puede repercutir en un sector muy pequeño, pero a su vez muy volátil, y que se vuelve muy importante porque la última elección se definió por menos de un punto”, apuntó Freigedo.Para el analista, las preferencias electorales de los uruguayos parecen “no haber cambiado mucho” con respecto al balotaje de 2019, cuando los partidos que hoy conforman la coalición gobernante totalizaron 50,79% y superaron estrechamente al Frente Amplio, con el 49,21%.Cardarello, en tanto, sumó al análisis otros episodios que golpearon al Gobierno en el 2023, como el procesamiento del jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, o la condena por varios delitos de abuso sexual infantil al senador oficialista Gustavo Penadés.”La sucesión de hechos puede generar desconfianza, a pesar de que la mayoría de la ciudadanía no sigue el día a día el acontecer político al detalle. Si la gente percibe que hay mentiras y hay corrupción se genera un descreimiento en toda la política, pero en particular en los sectores que están en el Gobierno”, interpretó el analista.@Sputnik/ Imagen principal: © AP Photo / Matilde Campodonico

Política & Economía Nacional

Salario mínimo: no hubo acuerdo y el Gobierno volverá a definir los aumentos por su cuenta

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Según fuentes de la Secretaría de Trabajo, en los próximos tres días hábiles, debería publicarse el laudo con los nuevos valores.

La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) finalizó sin acuerdo y deberá volver a definir la Secretaría de Trabajo a través de un laudo el nivel de ajuste que llevará a cabo.

Los actuales $202.800 con base de marzo son producto de la decisión unilateral del gobierno de Javier Milei de otorgar un aumento y volverá a ocurrir lo mismo para los próximos tres meses.

Según fuentes de la Secretaría de Trabajo, en los próximos tres días hábiles, debería publicarse el laudo con los nuevos valores.

La CGT y las dos CTA pugnaban por un ajuste de hasta 80% del SMVM, contra un 8% de mayo y 5% en junio que propusieron las centrales obreras. Ante tanta diferencia, no hubo acercamiento posible y deberá decidir el Gobierno.

Hugo ”Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, se expresó mediante su cuenta de X (antes Twitter): “Las tres centrales sindicales unificamos las propuestas en $377.000 para el mes de abril que equivale un 80% de aumento y para estar por encima de la canasta de la indigencia. Sin embargo, los empresarios propusieron insólitamente un aumento del 8% para el mes de mayo y un 5% para junio”.

“Como no hubo acuerdo, el gobierno y los empresarios de la UIA, la CAME y la Sociedad Rural impidieron el pleno funcionamiento del Consejo y obligaron a un final bochornoso en el cual el gobierno decidirá, una vez más por decreto, y seguramente en contra de los intereses de los trabajadores“, agregó.

El monto que solicitan las centrales obreras busca dejar el Salario mínimo por encima de la canasta de indigencia. En cambio el Gobierno, podría aplicar aumentos en base a las inflaciones proyectadas, lo cual sería un monto mucho mas cercano a los deseos de las centrales empresariales.

El Consejo reúne a los representantes sindicales y de las cámaras empresariales, entre quienes se encuentran dirigentes de la CGT y la CTA y empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA). La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.

El último encuentro fue el 15 de febrero, momentos en que el SMVM se encontraba en $156.000, valor fijado durante la administración de Alberto Fernández. El encuentro no llegó a buen puerto y el incremento fue establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En aquel entonces, la CGT emitió un duro comunicado, en el que acusó a la administración de Javier Milei de “hacer fracasar” la reunión. “Rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión”, consignó el documento.

El salario mínimo, vital y móvil cayó más del 34% desde que asumió Javier Milei

El salario mínimo, vital y móvil muestra un descenso muy fuerte desde la asunción de Javier Milei como presidente a hoy y su valor, que se había fijado para el mes de diciembre, quedó absolutamente por debajo del aumento de precios del 25,5% de ese mes, pero, a su vez, cuando se convocó tardíamente al Consejo de Salario, resultó claro que no había pretensiones por parte del gobierno de recuperar el poder de compra perdido.

La Secretaría de Trabajo definió allí una suba total de 30% en tramos, según un informe del Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), hizo que el salario profundizara su caída “ante la inédita ausencia de propuestas por parte de la representación empresaria en dicho Consejo”.

Los salarios aumentan por detrás de la inflación

El Salario Mínimo se fijó en $202.800 desde marzo y, de este modo, entre noviembre de 2023 y abril de este año, aumentó nominalmente 38,9% frente a una inflación que puede estimarse en más de 110%. “Se consumó así en pocos meses una reducción real de 34,1%”, informa el CIFRA.

Dadas las reducciones previas que ya habían tenido lugar, en abril de 2024 el poder adquisitivo del salario mínimo se ubica 44,7% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,7% por debajo del de noviembre de 2015.

@ámbito

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Política & Economía Nacional

Se frena el aumento del impuesto al combustible: ¿Subirá en las estaciones?

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En un intento por mitigar el impacto de la inflación en los próximos meses, el Gobierno Nacional decidió postergar la actualización del impuesto a los combustibles que estaba prevista para mayo. Esta medida busca evitar un incremento en el precio de la nafta y el gasoil, que podría reflejarse en una escalada general de precios.

Según un comunicado del Ministerio de Economía, se emitirá un decreto que será publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se diferirá hasta el 1° de junio de 2024 la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Esta decisión asegura que no habrá aumento por dichos conceptos durante el mes de mayo.

Originalmente, los aumentos en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) estaban programados para implementarse este miércoles 1° de mayo. Estos incrementos son parte de una política habitual de ajuste trimestral que afecta directamente los precios al consumidor de nafta y gasoil. Sin embargo, con la inflación aún en niveles preocupantes, el Gobierno ha optado por suspender temporalmente estos ajustes.

Esta medida se alinea con otras acciones similares tomadas por el Ejecutivo, como la no aplicación de la indexación en las tarifas de gas y electricidad para mayo, en un esfuerzo coordinado para controlar la inflación y sus efectos en la economía doméstica.

El Ministerio de Economía ha expresado que esta postergación es parte de un enfoque integral para garantizar la previsibilidad económica y ayudar a mitigar el impacto de la inflación en los bolsillos de los argentinos. La decisión de aplazar la actualización impositiva también busca proporcionar un alivio a los consumidores y mantener estabilidad en los sectores económicos más sensibles a variaciones en el precio del combustible.

@DiarioElZonda

/Fuente de imagen: Diario El Zonda

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Política & Economía San Juan

Un nuevo operativo territorial llegó a más de 400 angaqueros

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La actividad interministerial se realizó en la Unión Vecinal del departamento. Tal como ya lo hizo en otros operativos, el gobernador Marcelo Orrego, recorrió el lugar para hablar con la gente.

Durante este lunes 29 de abril, se llevó a cabo un nuevo operativo territorial organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en Angaco.

Esta iniciativa, que ya se realizó en otros departamentos, tiene que ver con poner en práctica estrategias en materia de derechos permiten una mayor inserción, colaboración y satisfacción de las comunidades alejadas, demostrando que es posible ofrecer servicios efectivos en cualquier lugar.

En este marco, el gobernador Marcelo Orrego dijo: “Fue una jornada muy nutrida. Estuve escuchando las distintas situaciones de la gente y eso es lo importante, estar cerca. Una vez más el Centro Cívico llegó a otro departamento de la provincia”.

Cabe destacar que los Operativos Integrales son una herramienta que busca llevar el estado provincial con sus distintos ministerios y áreas a distintas zonas de la provincia. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano es que se impulsaron los operativos en conjuntos con los demás ministerios para delinear acciones para poder brindar soluciones a las distintas comunidades sobre todo las alejadas.

Estuvieron además, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, el intendente de Angaco, José Castro; la directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez; directora de emergencias y políticas alimentarias, Cristina Cardozo.

@SiSanJuan.

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