El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno avanzará con el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad.

Este lunes, el Gobierno nacional anunció oficialmente que cerrará la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de su política de achicamiento del Estado. La noticia fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En desarrollo.-

El gobernador Marcelo Orrego confirmó que el Gobierno Provincial puede ayudar en el financiamiento de la terminación de la construcción de la Escuela de Música de la UNSJ, que está trabada hace años.

Se vislumbra una luz al final del camino en la tan larga y accidentada la historia de la obra de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan que está parada hace años por falta de fondos y varias licitaciones fallidas. Tras las recientes elecciones en las que fue reelecto el rector Tadeo Berenguer, quedó todo listo para retomar la construcción del moderno edificio, ubicado en calle Urquiza. Ahora que reasumió el líder de la UNSJ, lanzarán la licitación a financiar con fondos propios, pero hay una novedad y es que el Gobierno Provincial está dispuesto a aportar dinero para concretar los trabajos. Así lo confirmó el gobernador Marcelo Orrego.

El primer mandatario se mostró en camaradería con Berenguer el 1 de julio, cuando se dio el acto de asunción de autoridades universitarias. Allí, consultado por este diario sobre si hay alguna posibilidad de que el Gobierno ayude a la Universidad con la Escuela de Música, respondió que «vamos a trabajar para eso. Tenemos una charla pendiente con Tadeo. Siempre el objetivo es poder concluir cualquier proyecto que genere la Universidad y, por supuesto, la provincia tiene que estar acompañando«. Y agregó «tenemos que tener una charla de por medio. Sé que tiene financiamiento ya por parte de la Universidad, pero yo estoy dispuesto a escuchar«.

La obra de la Escuela de Música es un proyecto insigne para la casa de altos estudios, que cuenta con una extensa historia de complicaciones que impiden terminar el nuevo edificio. A esto se le sumó una incertidumbre sobre los planes de la gestión de Orrego, luego que el año pasado se anunció el traspaso del proyecto desde Nación a Provincia, con lo que se supuso que el Gobierno de San Juan dispondría fondos parciales o totales para la obra inconclusa. No obstante, nunca se dio la reunión entre el gobernador y el rector, porque oficialmente estaban esperando dialogar con quien ganara en el Rectorado, que resultó ser de vuelta Berenguer. Ahora está el camino allanado y develada la posición del Gobierno Provincial.

Por su parte, antes de que Orrego confirmara su interés en terminar las obras y antes de prestar juramento por cuatro años más como líder de la UNSJ, Berenguer habló con Tiempo de San Juan sobre los planes para la Escuela de Música. «Ya tiene presupuesto de la Universidad, fue aprobado por el Consejo Superior cuando aprobó el presupuesto para este nuevo ciclo lectivo, así que el financiamiento está. La parte técnica está adecuada, así que bueno, ahora el paso que sigue es hacer el llamado a licitación«.

El conductor de la UNSJ no se animó a dar fechas para lanzar la convocatoria a empresas. «Los trámites administrativos que a veces no se condicen con las expectativas de nosotros, pero ya está la plata», dijo sobre la decisión tomada antes de las elecciones y que se dio cuando el Gobierno todavía no se expresaba sobre el asunto.

¿Y por parte de la Provincia, si quiere colaborar que colabore?, fue consultado el rector. «Y sí, no hemos hablado todavía», respondió, cauto, Berenguer, mostrándose abierto a las opciones, sobre todo en época de recorte presupuestario de la gestión de Javier Milei, si llega auxilio provincial para la Escuela de Música sería bienvenido.

Para poder terminar el trascendental edificio, pegado al Auditorio Juan Victoria, la UNSJ decidió destinar de sus propias arcas 1.600 millones de pesos. Así fue resuelto por el Consejo Superior de la UNSJ en su sesión del 24 de abril para la continuidad del Presupuesto de hace dos años.

En esa oportunidad, el rector expresó que «lo venimos diciendo desde que declaramos la emergencia presupuestaria, apuntamos a lo básico, que es la enseñanza, pero también a la ciencia y la tecnología, tan vapuleadas últimamente por falta de recursos desde Nación. Se ha hecho, por lo tanto, un gran esfuerzo en apuntalar esos sectores”.

“La última licitación fue en 2021, en que la empresa constructora tomó el proyecto y empezó a trabajar con entusiasmo, pero con los procesos inflacionarios los montos establecidos en aquel Presupuesto quedaron desactualizados”, recordó esa vez.

El derrotero de la Escuela de Música

En medio de la crisis presupuestaria agudizada por la asunción de Milei, Berenguer había definido ir terminando de a poco el edificio, colocando las carpinterías. En marzo se supo que una nueva licitación para ese fin se había caído. Se había llamado a fines del 2024 para colocar puertas y ventanas en el edificio a medio hacer y sólo se presentó un oferente, la empresa El Roble, que cotizó por $191.300.816,52, más caro que el presupuesto oficial que ascendía a $167.451.867. La comisión evaluadora decidió desestimar esta oferta por no cumplir con los requisitos del pliego y el proceso se declaró desierto.

La Escuela de Música enfrenta una larga lista de decepciones. El rector había decidido suspender la licitación de la carpintería en diciembre esperando alguna ayuda del Gobierno Provincial para no hacer solo esta mejora sino apostar a que termine de una vez por todas el edificio. Pero la reunión con Marcelo Orrego o alguien de su equipo no se dio, pese al pedido de audiencia que hizo el rector en 2024, según contó la autoridad universitaria.

Así, Berenguer relanzó la licitación por el cerramiento de la estructura con aberturas de madera en enero y se encontró luego con que se cayó el único oferente.

Se estima que queda un 40% de obra por terminar. La empresa Panacam SRL, en 2021 retomó los trabajos y logró avanzar un poco, pero la inflación, la falta de envíos a nivel nacional y la escasez de materiales fundamentales hicieron que los trabajos fueran insostenibles y se fue dilatando la esperada inauguración.

La obra se considera necesaria porque lo hecho se está arruinando. Según consta en argumentaciones de la UNSJ se presenta «una necesidad urgente de proteger la obra de las inclemencias climáticas, prevenir la sustracción de material ya instalado y de alto valor, erradicar la población de palomas que anidan en las bandejas eléctricas y provocan un deterioro importante en las condiciones edilicias. Y, no menos importante, impedir el ingreso a personas a la obra, que puedan quedar expuestas, a sufrir accidentes, generar daños, o realizar ocupación de las instalaciones».

/TSJ

«Esto es borrar de un plumazo toda la política pública de control de armas en Argentina». Así califican los especialistas en políticas de desarme la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver por decreto la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y sus exclusivas funciones de control para reestablecer el cuestionado Registro Nacional de Armas (Renar) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Afirman a Página/12 que, en relación con todas las políticas que el gobierno viene adoptando en torno a la liberalización de la tenencia civil de armas, la última decisión es «la más grave» porque implica «un retroceso de medio siglo» para «vaciar» al Estado de la posibilidad de controlar el uso de armas. Las organizaciones piden al Congreso que rechace el decreto.

Primero fue la edad: en diciembre del año pasado, el gobierno bajó de 21 a 18 la edad permitida para comprar y tener armas legalmente. Luego fue la flexibilización de los trámites, en mayo de este 2025, con la habilitación de un trámite digital de «tenencia express». Le siguió, hace sólo unas semanas, la decisión de habilitar a los legítimos usuarios la compra de armas semiautomáticas como las que protagonizan las sucesivas masacres civiles de Estados Unidos. En el medio, la eliminación de diversos trámites y tasas para la fabricación, venta y compra de armas. Ahora, aunque nadie pueda asegurar que este vaya a ser el final, la decisión de disolver directamente la Anmac y volver al Renar, que ya no será autárquico sino que tendrá dependencia directa de Seguridad.

Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme, asegura que esta última decisión «es la más grave de todas las que hemos venido viendo en los últimos meses«. «Es comprarse un problema que Argentina no tenía en relación a las armas porque implica vaciar la posibilidad de que el Estado las controle. Significa la eliminación de hecho de cualquier tipo de facultad del Estado de promover una política de desarme eficaz. Con esto volvemos a 1973, con el Estado renunciando a prevenir la violencia con armas de fuego», agrega en diálogo con este diario.

La Red fue una de las primeras organizaciones en salir a repudiar la medida a través de un comunicado en el que se hace foco precisamente en ese año: 1973. Fue el momento en el que se creó el Renar, «un registro pasivo, sin capacidad legal para implementar una política activa de prevención y control de las armas de fuego». El Renar, todo un símbolo de la flexibilidad en el control de armas, fue reemplazado en 2015 por la Anmac a través de la aprobación casi unánime en el Congreso de la Ley N° 27.192. La Red señala que el objetivo de la ley fue crear «una agencia moderna basada en el concepto humanista de prevención de la violencia armada: un claro norte para la formulación de políticas de control y de restricción de la proliferación de armas de fuego».

Tras el rechazo de la Red se sumó también la sede argentina de Amnistía Internacional, que ubicó a la última medida dentro de una serie de «alarmantes y regresivas» políticas del gobierno en el área. Aseguraron que la decisión de disolver la Anmac «implica un grave retroceso en una política estatal restrictiva en materia de armas de fuego», ya que la agencia tenía «funciones fundamentales para la prevención de la violencia armada».

 «¿Qué consecuencias tiene esto para nuestra sociedad? Más armas y más violencia. Una sociedad armada no es una sociedad más segura. El Congreso debe revisar y rechazar este decreto y promover una política pública de control de armas y prevención de la violencia, que priorice la vida, la seguridad y la paz social», agregaron. Un detalle considerable es que el gobierno pudo tomar esta medida por decreto gracias a las facultades delegadas que justamente el Congreso le otorgó con la aprobación de la Ley Bases. 

Pero además de la eliminación del carácter autárquico de la agencia y del simbolismo de la restitución del Renar, el Decreto N° 445/25 tiene consecuencias concretas en la política de control de armas. No solo porque elimina el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada que, entre otras fuentes, financiaba a la agencia, sino porque se derogan artículos de la ley que establecían funciones, competencias, alcances y herramientas específicas para el desarme. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, los artículos que definían que la agencia debía tener delegaciones territoriales en distintos puntos del país y elaborar un plan nacional de desarme.

El Artículo N°5, que fue borrado por completo, establecía 17 funciones de la Anmac,  entre las que se pueden enumerar las de registro, autorización y control de la fabricación de armas, su destrucción en el marco de las políticas de desarme, la administración del Banco Nacional de Materiales Controlados, el dictado de cursos y seminarios sobre el tema, la elaboración de campañas de regularización de la situación registral, y hasta la realización de relevamientos estadísticos de actividades vinculadas al uso de las armas. Todo, advierte Alfie, fue borrado «de un plumazo» junto a «toda la política pública de control de armas».

Como siempre, la justificación oficial apareció en nombre de la desregulación y del recorte. Así, no fue Bullrich sino Federico Sturzenegger el encargado de defender en su cuenta de X la decisión en nombre del ahorro de gastos: «Dijimos varias veces que los organismos descentralizados son caros porque requieren una estructura administrativa propia y porque generan incentivos a la proliferación de trámites pagos; por ello, la transformación de la Anmac en un desconcentrado sigue, como ya hemos hecho en muchos otros organismos, bajando el costo del Estado, en este caso sin afectar sus funciones sustantivas«, sostuvo, aunque todavía nadie aclaró de qué forma las funciones básicas del Artículo N° 5 derogadas en el decreto seguirían formando parte del restituido Renar.

Mientras tanto, desde la Red piden al Congreso que tome cartas en el asunto para rechazar el decreto. Aseguran que el gobierno de Milei «imita lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada«: «Que cualquier conflicto social pueda terminar a los tiros, que niños y niñas estén más expuestos a balaceras, masacres escolares o accidentes con armas, que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías, que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego, y que aumente el riesgo de suicidios y accidentes con armas disponibles en los hogares».

Desde Amnistía, por su parte, ya habían advertido sobre los riesgos de la imitación estadounidense cuando el gobierno decidió habilitar la compra de semiautomáticas, armas de alto calibre que hasta entonces estaban reservadas para instituciones armadas. Entonces señalaron que, en ese país, «un promedio de 109 personas muere por día debido a la violencia con armas», mientras que «la violencia armada es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años«. 

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