El director del Servicio Penitenciario de San Juan, Carlos Suárez, habló de las nuevas celdas en construcción, que suman espacio para 328 internos. De ellas, casi 100 son con forma de módulos, que es la primera vez que se usan en el Penal de Chimbas.

«Estamos próximos a finalizar la obra del Sector número 5 y ya comenzamos a partir de la semana pasada con la incorporación de un sistema modular que va a alojar a las personas privadas de la libertad con delitos menores y condenas cortas a través del Sistema Acusatorio», informó este jueves el director del Servicio Penitenciario de San Juan, Carlos Suárez, sobre los nuevos espacios que servirán para descomprimir el Penal de Chimbas, que está sobrepoblado hace años.

El nuevo pabellón tiene una capacidad promedio para 232 personas y el sistema modular, para 96, destinado a alojar a personas con hasta seis meses de condena, de acuerdo a lo informado por el funcionario en diálogo con Radio Sarmiento.

El sistema modular es toda una novedad. Se trata de estructuras que no son de material, no son containers, sino módulos habitacionales, de otro material, como los que usan las empresas mineras en la cordillera. Cada uno tendrá sus separadores con un lugar para que cada persona pueda tener su espacio físico.

En total son 8 módulos, que tienen una dimensión aproximadamente de 12,5 por 6 metros, con una capacidad para 24 personas cada uno. Se contempla un módulo sanitario, un módulo para atención médica, un módulo para el personal del organismo técnico y profesional, un módulo para visitas, y un módulo para el personal que brinda condiciones de guardia con un sistema de cámaras de seguridad. La idea es que en 45 días o a más tardar en 60 días estén funcionando y ya con internos allí alojados.

¿Cómo será el sistema de seguridad para estos módulos, para controlar a ese casi centenar de internos? Cada módulo va a tener un promedio de 24 personas alojadas, según dijo el funcionario. «Es un sistema con un material reforzado, obviamente que no es el mismo material de una construcción tradicional. Pero la calidad del módulo va a tener un sistema que pueda soportar y pueda mantener la seguridad del lugar, con perímetro cerrado, vallado de tela, puestos de seguridad y un sistema de cámaras», dijo el director del Penal.

Escáneres sí, inhibidor de señal no

«Estamos trabajando para que se pueda concretar en conjunto con la Secretaría de Seguridad y el Gobierno la posibilidad de la compra y la incorporación de un sistema de dos equipos más de escáneres. En principio sería uno de personas y el otro de bolsos. Porque se va a habilitar el Sector número 5, que es donde está apuntado el sistema de escáneres», dijo Suárez.

Por otro lado, sobre sumar un inhibidor de señales, lo descartó por el momento. «El sistema de inhibidor de señales se estuvo trabajando, pero había ciertas cuestiones técnicas que requerían de algunos cambios ahí. Porque afectaba alguna parte del vecindario», destacó.

«Trabajamos de manera permanente y continua con los procedimientos de registro todos los días en distintos pabellones y sectores, para obviamente minimizar el manejo del uso clandestino de teléfonos celulares que puedan tener en su poder algunas personas privadas de libertad. Si bien los internos cuentan con un teléfono celular que es un corporativo manejado por el personal de contacto de igual que pueden realizar las llamadas telefónicas tanto a sus defensores como a sus familiares. Pero el tema del teléfono dentro de un pabellón, no. Por eso se trabaja con los controles de requisa de manera permanente», concluyó.

/TSJ

Una sesión muy intensa se vivió en el Congreso. Aprobaron varios proyectos y Milei anunció que los vetará.

El Senado aprobó  los proyectos que proponen la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles por 56 votos afirmativos y uno negativo, dos iniciativas que fueron impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

Fue con el apoyo de senadores de todos los bloques con excepción de Luis Juez (PRO) y La Libertad Avanza (LLA), que dejó el recinto horas antes y a la mitad de la discusión por los proyectos jubilatorios, que salieron aprobados con dos tercios de los presentes y que el presidente Javier Milei advirtió que vetará.

La embestida de los mandatarios provinciales se activó después de una reunión en el CFI en la que participaron representantes del Gobierno, entre ellos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Ante la inflexibilidad oficialista de considerar las propuestas presentadas, decidieron avanzar con ambos por ley en la Cámara alta.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación. Además, elimina los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

/LPSJ

La reunión entre los representantes del Estado Argentino y los demandantes tiene fecha para el 15 de julio, a las 10:00.

Luego de que el Estado argentino apelara este jueves el fallo que obliga a entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, citó urgente a las partes enfrentadas en el litigo, donde los fondos especulativos reclaman quedarse con parte de la petrolera estatal y otras entidades.

En el marco de la causa iniciada contra la expropiación de la compañía -ocurrida en el 2012-, los buitres obtuvieron en Estados Unidos una sentencia favorable en primera instancia que demanda a la Argentina por 16.100 millones de dólares.

Pocas horas después de conocerse la apelación sobre el veredicto contra YPF que incluía indicaciones sobre cómo el país debía modificar la Constitución para cumplir con el dictamen, Preska -jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York- convocó a una audiencia de “negociación”, según indicó el especialista y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, en redes sociales.

El Gobierno nacional había anticipado que no podría entregar las acciones de la petrolera aunque quisiera, porque una operación de esa magnitud debe pasar obligatoriamente por el Congreso, de acuerdo a lo que indican las leyes argentinas.

La decisión judicial había sido emitida el 30 de junio último, con un plazo de dos semanas para que Argentina respondiera con su patrimonio público. El escrito indicaba  “transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.

Los fondos demandantes quieren demostrar que el Estado argentino no solo es dueño de YPF, sino también de Aerolíneas Argentinas, ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima), ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y el BCRA (Banco Central), para intentar provocar embargos múltiples y cobrar cifras millonarias sin importar la legislación o el daño a la economía del país. 

La magistrada norteamericana convocó a los representantes argentinos y a los capitales especulativos a una reunión en su corte, el día lunes 15 de julio, a las 10:00 de la mañana, hora local. El objetivo del encuentro pretende destrabar la disputa por la entrega de datos solicitados por los demandantes, quienes buscan probar que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”.

Se trata de una maniobra conocida como “alter ego”, que refiere al pedido de información de funcionarios del Gobierno actual y anterior, cuya finalidad es probar que hubo injerencia política en las decisiones de la empresa.

“Cuando Milei asumió como Presidente, Alberto Fernández había apelado el fallo de Preska de los USD 16.000 millones. La jueza le ofreció al nuevo Gobierno poner una garantía para poder apelar y no arriesgar embargos. Milei, por motivos obvios, porque estaba recién asumido, decide no poner garantía por lo que empezaron los embargos. Dos embargos fueron pedidos. Uno, las acciones de YPF, que es el fallo que salió la semana pasada y apelaron hoy (jueves). El segundo embargo es la declaración de alter ego de esas entidades para embargar los activos de esas entidades”, señaló Maril.

Desde el Gobierno, la estrategia política es seguir acusando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien durante la administración de Cristina Kirchner fue el ministro de Economía que diseñó la expropiación de la compañía.

El mandatario bonaerense rechazó esas acusaciones y deslizó que Javier Milei tuvo contactos con el Fondo Burford, la firma especializada en litigios que presiona a la Argentina, y pone en peligro la soberanía. “Vamos a iniciar investigaciones, porque se sabe que Milei y su gobierno tienen vínculos con representantes de ese fondo buitre. Esto no lo puedo afirmar, por eso digo que lo vamos a investigar”, aseguró en una conferencia de prensa hace pocos días.

/P12