Ricardo Palacios, titular de la Unión Industrial de San Juan, alertó que muchas fábricas están dejando de producir para reconvertirse en comercios. Duras críticas al Gobierno Nacional por la falta de condiciones para competir.

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), expresó su preocupación ante la reciente medida del Gobierno Nacional que reduce los aranceles para la importación de maquinarias y herramientas industriales. Si bien reconoció que puede representar un alivio puntual para ciertas empresas, advirtió que la industria local se encuentra en desventaja estructural y que esta apertura podría terminar por perjudicar a los fabricantes nacionales de maquinaria.

«Puede parecer positivo para quien tiene espalda financiera y puede comprar maquinaria para producir más. Pero muchas de esas máquinas se fabrican en nuestro país, y quienes las producen se verán directamente perjudicados», sostuvo. 

 «Una pelea desigual»
Palacio remarcó que la apertura indiscriminada de las importaciones, en un contexto de alta inflación, falta de crédito, costos energéticos elevados y fuerte presión impositiva, deja a la industria argentina en una situación extremadamente desfavorable para competir internacionalmente.

«Argentina no está preparada para esta pelea desigual con una cancha inclinada. No tenemos condiciones estables. La inflación sigue siendo de las más altas del mundo y el acceso al crédito es casi imposible: es escaso y carísimo». 

A eso se suma, según explicó, que el costo de la energía es más del doble que en otros países de la región, como Paraguay, y que el país tiene una de las cargas sociales más altas para el empleador.

«Pagamos entre el 50% y el 70% del salario en cargas sociales, mientras que en otros países es del 16% al 20%. Y transportar una mercadería desde San Juan al puerto puede salir lo mismo que enviarla de Buenos Aires a Japón». 

 «Estamos viendo industrias que se reconvierten en comercios»
El titular de la UISJ advirtió que la apertura de importaciones ya está generando un proceso de reconversión en muchas fábricas nacionales, que dejan de producir para convertirse en simples importadoras y revendedoras de productos terminados.

«Una industria que antes necesitaba 100 personas para fabricar un producto, ahora necesita solo 4 para venderlo importado. Sobran 96 personas. En el mediano plazo, esto va a generar un fuerte impacto en el empleo». 

Además, criticó la postura de algunos funcionarios nacionales que, según dijo, minimizan la importancia de la industria en el país.

«Escuché a un funcionario decir: ‘¿Para qué queremos tanta industria? Abrimos el mercado y listo’. Pero la industria es una de las principales generadoras de empleo y divisas. ¿Hay algún país desarrollado que no tenga una industria fuerte? No. Todos —Estados Unidos, China, Brasil, Europa— protegen su industria».

 Medidas de fondo: créditos, impuestos y reforma laboral
Consultado sobre qué alternativas serían más adecuadas para mejorar la competitividad, Palacio fue claro: no se trata solo de abrir o cerrar importaciones, sino de implementar reformas estructurales.

Entre las principales demandas del sector, mencionó:

-Reformas laborales: «Estamos operando con leyes laborales de hace más de 50 años. El empleo privado está estancado hace 13 años. Se necesita un sistema que brinde seguridad jurídica a ambas partes, como el de la construcción (UOCRA)«.

-Reducción de impuestos distorsivos: «Tenemos impuesto al cheque, ingresos brutos múltiples por jurisdicción, IVA alto, impuesto a las ganancias… El sistema tributario asfixia a las pymes».

-Infraestructura y logística: «Transportamos casi todo por camión. El tren debe ser una solución real para reducir costos logísticos en un país tan extenso».

-Costos energéticos: «La energía industrial es carísima. Hay que revisar la matriz energética para ser competitivos».

La industria no es prescindible: es el motor de todo»
Finalmente, Palacio reafirmó que la industria argentina no puede ser considerada como un sector prescindible. Por el contrario, dijo que es la base para la reactivación económica y el desarrollo nacional.

«La industria dinamiza el comercio, la construcción, la recaudación y el empleo. Le da de comer a todos. No podemos seguir funcionando con parches. Necesitamos que el sentido común prime en la política». 

Palacio concluyó que, si bien algunos sectores con proyección exportadora pueden verse beneficiados por la quita de aranceles, la gran mayoría de las pymes industriales que abastecen al mercado interno hoy están perdiendo competitividad, rentabilidad y puestos de trabajo.

«Antes no podías producir porque no te dejaban importar ni insumos. Ahora podés importar todo, pero ya no sos competitivo. Nos fuimos de un extremo al otro. Y en el medio está desapareciendo la industria nacional», concluyó. 

/DZ

El megaproyecto a cargo de la minera canadiense unificó las dos fases que tenía previstas para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

El mega proyecto minero Los Azules unificó a las dos fases que tenía previsto ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El objetivo de la firma canadiense McwenCopper, accionista mayoritario del proyecto de cobre, es acelerar su ingreso a este régimen por casi USD 2.700 millones, para cumplir sus expectativas de iniciar la construcción en 2026.

En febrero la empresa presentó su solicitud de adhesión por USD 2.700 millones a fin de completar el estudio de factibilidad, realizar tareas de exploración adicionales y avanzar con los trabajos preliminares necesarios para iniciar la etapa de construcción. Es importante tener en cuenta que el desarrollo de la mina y las instalaciones productivas demandarían otros USD2.445 millones.

La firma internacional indicó que la decisión de agrupar responde a la complejidad de la iniciativa y a las múltiples consultas que recibieron por parte del comité técnico durante el proceso de evaluación. El objetivo con esta unificación es facilitar el análisis y acelerar la aprobación.

El primer paso para que esta unificación sea una realidad es que el Gobierno Nacional dé el visto bueno. Después de esto, Los Azules accederá a una reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, exención del pago del IVA mientras dure la construcción, eliminación de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de ingresar las divisas al país. También contempla estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 30 años, además de la posibilidad de arbitraje internacional por disputas.

La proyección para el comienzo de construcción está fijada por McEwen para el 2026, con una expectativa de producir anualmente 180.000 toneladas de cobre promedio a partir de 2030. Se estima que la vida útil de la mina es de 27 años.

Según la ficha técnica, con un depósito de 1.200 millones de toneladas de Recursos Indicados con un grado de Cobre de 0,4% y 4.500 millones de toneladas de Recursos Inferidos con un grado de Cobre de 0,31%, Los Azules se posiciona entre los proyectos de este tipo más grandes del mundo.

También Gualcamayo

La empresa Gualcamayo continúa planificando fuertes inversiones en San Juan y así lo reveló su director ejecutivo, Ricardo Martínez, en una entrevista exclusiva con Canal 13, donde anunció el desarrollo de un proyecto fotovoltaico de gran envergadura, con una importante obra de conexión en alta tensión.

“Se está trabajando en un gran proyecto fotovoltaico que tendrá una gran parte de desarrollo en Gualcamayo y otros lugares, donde también involucra una conexión en alta tensión para otro RIGI fotovoltaico de una envergadura muy significativa, quizá igual o más grande que la que estamos en este momento en inversión”, adelantó Martínez.

El ejecutivo destacó la visión a largo plazo de la empresa, que lleva más de una década invirtiendo en diversos sectores: “Gualcamayo es un grupo que está apostando fuertemente en Argentina, pero también con actividades diversificadas en otros rubros desde hace más de 10 años y ven que Argentina está dando un cambio”.

En cuanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) elevado a Nación para su aprobación en cuanto una nueva inversión, Martínez explicó que la empresa debió reformular el proyecto original presentado en noviembre pasado, que contemplaba cinco fases. “Se le quitaron un par de etapas de las cinco fases que tenía, porque la autoridad entendió que era más fácil comprender la dinámica y aplicación del régimen sin incluir la pila de lixiviación y la explotación de cal”, detalló.

La solución fue segmentar el proyecto: “La pila de lixiviación va a quedar fuera, dentro de la misma empresa, pero vamos a generar una sucursal dedicada para que el RIGI finalmente sea aprobado”.

Respecto al desarrollo calero y la infraestructura asociada, como la provisión de gas para la región, Martínez confirmó que quedarán para una siguiente etapa. “Quedará para más adelante la perspectiva de la planta de cal, que involucra también dotar de gas a la región”, sostuvo Martínez acerca de las acciones que la firma busca concretar con el fin de consolidarse no solo como actor minero, sino también como impulsor de energía limpia y desarrollo en la provincia.

/C13

A punto de perder la posibilidad de tener una zona franca en la provincia, y a 31 años de firmar la adhesión a la Ley de Creación de Zonas Francas, el gobernador consiguió que no prescribiera ese derecho.

En 1994, la provincia adhirió a la Ley de Zonas Francas y se firmó un compromiso para crearla en el departamento Jáchal. Pero, desde aquella firma de convenio con el Gobierno nacional, hace más de tres décadas, los sucesivos gobiernos provinciales no lograron concretar la puesta en marcha de la zona franca en el departamento del Norte. Sin embargo, el gobernador Marcelo Orrego gestionó la recuperación del derecho para tener la Zona Franca en aquel departamento del norte, algo San Juan estaba a punto de perder.

Incluso durante la gestión anterior, después de un par de años de inacción, el Gobierno de Sergio Uñac intentó reactivar el tema, pero cambiando la localización, es decir, proponiendo que no estuviera en Jáchal sino en otro departamento. Este cambio, contrario a lo convenido oportunamente con el Gobierno nacional, terminó por entorpecer la gestión, ya que se le indicó a la provincia que, si quería relocalizar la zona franca, debería firmarse un nuevo convenio.

Cabe aclarar que contar con una zona franca como instrumento de política comercial significa tener una zona aduanera especial dentro de la provincia. Las empresas que se instalen dentro del predio podrán importar insumos y bienes de capital con el objeto de industrializar y luego exportar los productos finales libres de impuestos, y con eso lograr mayor competitividad internacional.

Por otra parte, también permite ingresar al país grandes cantidades de insumos y bienes intermedios utilizados en los procesos productivos, depositarlos dentro de la zona franca y nacionalizarlos a medida que se vayan necesitando. Esto también disminuye significativamente los costos de producción de las cadenas de valor que los utilizan.

Ahora bien, esa posibilidad, desde hace 31 años, pasó por distintas instancias, pero no logró obtener luz verde final hasta ahora, en que, gracias a gestiones encaradas por indicación expresa del gobernador Marcelo Orrego, se avanzó eficazmente para mantener el derecho de la provincia a tener zona franca y recuperar su localización en Jáchal.

Esta gestión, como en otras áreas, se encontró con una bomba de tiempo, dado que administrativamente estaban por vencer los plazos prescriptos. Desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, en un principio, y luego desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, a cargo de Alfredo Aciar, se retomó contacto con la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación, para actualizar la documentación necesaria y cumplir con las acciones requeridas por el organismo nacional. Así, después de arduas gestiones técnicas y políticas, se logró mantener el derecho de la provincia para contar con una zona franca en el lugar donde se estableció originalmente: Jáchal.

En ese sentido, durante el presente año se conformó una nueva Comisión de Evaluación y Selección, integrada por el ministro de Producción, Gustavo Fernández; los secretarios de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; y de Desarrollo Minero Sustentable, Guillermo Olguín; junto con el asesor del Gobernador, Federico Conte Grand.

Actualmente, la comisión se encuentra trabajando en la relocalización de la nueva zona franca con perfil minero, para que se ubique en un nuevo lugar que cumpla con los siguientes requisitos:

1) que el dominio sea público;

2) que el terreno tenga al menos 40 hectáreas y cuente con servicios básicos (energía eléctrica y agua);

3) que tenga acceso a alguna de las rutas más relevantes que atraviesan el departamento Jáchal.

En suma, el Gobierno de Orrego logró en poco tiempo recuperar plenamente un derecho que beneficia a la provincia, pero principalmente a los jachalleros. Ahora se encuentra abocado a buscar un lugar óptimo, desde el punto de vista de lo que exige la legislación y las potenciales empresas que deseen participar en la administración y localización de la zona franca, para avanzar rápidamente en un nuevo proceso de licitación y ponerla en marcha.

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