La abogada, especializada en cuestiones de género y vinculada políticamente al gobernador Axel Kicillof, defendió la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
El miércoles la Cámara de Diputados aprobó la designación de las autoridades de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, que estará en cabeza de María Paz Bertero, una abogada especializada en cuestiones de género cercana al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Este domingo, el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, salió a criticar la designación por la militancia de la letrada a favor del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
“Respetamos las decisiones institucionales, pero creemos que la nueva Defensora de Niñez y Adolescencia expresa una mirada alejada de los valores de San Juan. La defensa de los derechos de la infancia requiere compromiso con la vida, no ideologías”, escribió ayer en su cuenta de X.
“En San Juan valoramos la vida desde sus inicios, como parte de nuestra identidad y de nuestras familias. Cada política pública sobre niñez debe partir de ese principio: cuidar, proteger y acompañar a quienes más necesitan, sin dogmas ni militancias”, sumó el primer mandatario provincial.
La votación resultó con 156 votos afirmativos, 44 negativos y cuatro abstenciones, las legisladoras sanjuaninas de Producción y Trabajo, Nancy Picón y Ángeles Moreno son del lote de quienes no acompañaron la designación de la abogada. “Nuestros representantes de Por San Juan fueron coherentes: votaron por San Juan, por nuestras familias y nuestros valores. Esa es la idea que elegimos sostener: defender la vida y los intereses de las familias sanjuaninas”, justificó al respecto Orrego.
La iglesia, al frente de las críticas
Semanas atrás, la Conferencia Episcopal Argentina criticó la legitimidad y transparencia del proceso de elección de postulantes, llevada adelante por la comisión bicameral del Congreso. Los obispos solicitaron expresamente “la revisión seria, neutral e imparcial de la reciente elección y, consecuentemente, la impugnación de las recientes designaciones aprobadas el día 22 del corriente mes”, indicando la necesidad de restituir confianza pública y credibilidad a la Defensoría.
El texto lleva la firma de Monseñor Martín Fassi, presidente de la comisión, junto a otros siete obispos. En el mismo documento, los prelados enfatizaron que “la ética pública exige que los cargos destinados a la protección de la infancia y la adolescencia no sean ocupados de manera apresurada ni sin el debido debate plural, representativo y fundamentado”. Recordaron además que la Ley 26.061 establece procedimientos y requisitos que, según remarcaron, no fueron debidamente respetados en la actual instancia.
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