Representantes de organismos de derechos humanos argentinos nucleados en una organización que cumplió misiones en Colombia, Ecuador y Bolivia calificaron este miércoles la crisis surgida en Perú por la destitución del presidente Pedro Castillo como un «golpe de Estado» impulsado por la derecha y con la complicidad de la mandataria interina, la exvicepresidenta Dina Boluarte, y reclamaron la liberación del ex jefe de Estado.

La posición fue hecha pública en una reunión que tuvo lugar en la sede de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), en el barrio porteño de Congreso, en cuyo transcurso hicieron también denuncias de violaciones a los derechos humanos en Perú. Vía Zoom dos dirigente campesinos que rechazaron la decisión del parlamento de adelantar las elecciones, por considerar que esa medida debía ser tomada luego de una reforma constitucional que el mandatario destituido impulsó, pero que fue «saboteada» siempre por el Congreso, según afirmaron.

Las y los integrantes de la Misión de Solidaridad Internacional y DDHH dieron a conocer también una lista con nombre y apellido de 25 personas -la mayoría jóvenes y pobres- muertas por la represión a las protestas surgidas a partir del 7 de este mes, cuando el parlamento destituyó a Castillo, a quien la justicia envió a la cárcel por un período de al menos 18 meses, bajo la acusación de rebelión y conspiración.

Entre otros, hablaron ante la prensa la legisladora porteña (FDT) Laura Velasco, el representante de Patria Frente Grande Gonzalo Armoa, y Alejandro Rusconi, de la Asociación Americana de Juristas.

La Misión de Solidaridad Internacional y DDHH tuvo fuerte presencia a partir de noviembre de 2019, cuando realizó una recorrida para verificar denuncias de violaciones a los derechos humanos tras el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, y luego hizo sendas visitas a Colombia y Ecuador con el mismo objetivo en el contexto de protestas sociales que fueron reprimidas por los organismos de seguridad estatales.

Está en los planes del grupo hacer una misión a Perú, si bien no hay fechas aun definidas y queda por planificar qué tipo de actividades podría desplegar si rige el estado de excepción en el país.

Sobre el final de la charla se emitieron videos con saludos de solidaridad para con el pueblo peruano de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y del Premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, quien denunció que el «golpe de Estado contra Castillo fue impulsado por Estados Unidos y la derecha, con la complicidad de Dina Boluarte», quien asumió el cargo luego de que el congreso declarara la vacancia del mandatario.

Desde Perú, dos fuertes denuncias.

Mediante una comunicación por Zoom, Santos Saavedra, de la Entidad Única Nacional de Rondas Campesinas, que agrupa a unos dos millones de labriegos, aseguró que Castillo fue víctima de un golpe porque el poder «no podía permitir que un campesino fuera presidente de la república», y agregó que el parlamento «es una institución que tiene 4% de imagen positiva» en todo el país.

«Nosotros luchamos junto al presidente Castillo por la formación de una Asamblea Constituyente que reforme la constitución que dejó el dictador (Alberto) Fujimori, pero el parlamento siempre la boicoteó», aseguró.

El dirigente campesino centró también sus denuncias en los grandes medios de comunicación, que según dijo, «acompañaron permanentemente la campaña de ataques al presidente desde su primer día de gobierno».

Por su parte, María Cristina Cambizea, de la Plataforma Nacional Agraria, denunció que la represión estatal «está montada en una campaña de mentiras que nos señala a todas y todos como terroristas», y lamentó el voto de anoche de adelanto de las elecciones de los parlamentarios procedentes de las regiones, pues «no les importa que están matando a nuestras hermanas y hermanos, sobre todo los jóvenes».

Al respecto, la legisladora Velasco recordó que las mismas acusaciones se conocieron en los estallidos sociales que la Misión verificó, en Colombia y Ecuador. «Se repite el modelo de montar una medida y acusar a quien reclama», explicó.

Sobre el final de la reunión pidió la palabra una peruana residente en la Argentina que se presentó como Mercedes López, para denunciar que las autoridades consulares no emitieron respuesta alguna ante las preguntas del amplio colectivo de connacionales que viven en Buenos Aires respecto de la situación en sus ciudades de origen.