El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudará este lunes, con el inicio de los alegatos de las defensas y tras la acusación fiscal que incluyó un pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un intento de asesinato el jueves último.

Según informaron a Télam fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal 2 prevé comenzar la audiencia el lunes 5 a las 9.30 como estaba previsto desde la última jornada llevada a cabo el 22 de agosto, para dar inicio a la etapa de alegatos defensistas.

El primero de ellos estará a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías en representación del expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Garro, a quien la fiscalía pidió condenar a tres años de prisión en suspenso.

Fragueiro Frías pidió concurrir en persona junto a Garro a la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 donde los jueces llevan adelante las audiencias de manera semipresencial, modalidad adoptada a raíz de la pandemia de Covid-19.

Los magistrados asisten a los tribunales mientras que el resto de las partes, fiscalía, abogados, querellas y los 13 acusados se conectan a través de la plataforma virtual Zoom.

Pero para la etapa de alegatos se dejó abierta la posibilidad de que cada imputado y su defensa puedan pedir hablar en persona ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Esto es lo que ocurrirá el lunes en el alegato defensor de Garro, que se extenderá una jornada y se anticipa terminará con un reclamo de absolución debido a que «el exfuncionario estuvo sólo cinco meses en su cargo y no hay peritajes, documentos ni nada» que hayan demostrado que cometió algún delito, explicaron fuentes de su defensa.

El abogado pidió además al TOF2 que en la sala de audiencias estén también presentes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El juicio se reanudará tras el intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta el jueves último por la noche, cuando regresaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta y un hombre le gatilló un arma a centímetros de su cara.

El ataque ocurrió en medio de una de las manifestaciones de apoyo a la expresidenta que se repiten en adyacencias de su casa desde que fue acusada en este juicio por los fiscales como supuesta organizadora de asociación ilícita agravada y defraudación fraudulenta.

En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario, y también acusado, Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a través de la firma «Austral Construcciones» y otras que adquirió en ese período.

El inicio de los alegatos de las defensas con esta opción de presencialidad se da en un momento en que la Cámara Federal de Casación pidió al Ministerio de Seguridad de un refuerzo en la seguridad del edificio, donde también se investiga el atentado a la Vicepresidenta.

De hecho el viernes tanto la jueza federal María Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de esta causa, resolvieron por cuestiones de seguridad ir ellos a tomar declaración como testigo a la vicepresidenta a su domicilio.

A la hora de tomar declaración indagatoria al hasta ahora único acusado por la tentativa de homicidio también optaron por evitar un traslado a la sede judicial y se dirigieron a sede de la Policía Federal donde permanece detenido.

Los alegatos en el juicio se realizarán por orden alfabético y el Tribunal dio un máximo de tres días a cada defensa, aunque algunas de ellas ya anunciaron que hablarán por menos tiempo.

La defensa de la Vicepresidenta figura en sexto lugar y se prevé que llegue su turno entre finales de septiembre y principios de octubre.

Al igual que los restantes acusados, tanto la Vicepresidenta como sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py.

En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.

El Tribunal rechazó en agosto un pedido de la defensa para que la vicepresidenta amplíe su declaración indagatoria.

El martes 6 será el turno del alegato del también ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz y responsable del llamado «distrito 23» en esa provincia, Mauricio Collareda, a quien la fiscalía pidió 6 años de cárcel.

A la hora de pedir penas, Luciani y Mola reclamaron condenar también a 12 años de prisión a Báez y diez años para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.