Denunciaron que el gobierno de Gerardo Morales realizó una «cacería» a través de detenciones masivas contra referentes sociales  que participaron de una protesta en Humahuaca. Exigieron «la inmediata libertad de todos los detenidos y detenidas».

Sindicatos docentes y otros sectores estatales de Jujuy, agrupados en la Intergremial y la Multisectorial, se movilizaron por el centro de la ciudad capital en rechazo a la reforma constitucional, en el marco de un paro por 24 horas, y exigieron la libertad de las personas detenidas por la policía en Humahuaca y en San Salvador.

Al grito de «libertad, libertad, a los presos por luchar», la columna repudió las detenciones y encausamientos de los dirigentes sindicales, sociales y docentes que participaron de las protestas contra la reforma constitucional y acusaron al Gobierno de Gerardo Morales de ordenar los procedimientos.

«Repudiamos enérgicamente lo que está pasando en Jujuy, estas detenciones son un desastre. Este Gobierno sabe que tiene un rechazo muy grande», afirmó Andrés García, prosecretario gremial del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems).

Apuntó que «hay decenas de detenciones tanto en Humahuaca como en San Salvador, por lo que exigimos la inmediata libertad de los compañeros y compañeros».

Sostuvo que la marcha «es también contra la campaña del miedo que quiere instalar Morales, pensando que con eso va a calmar la bronca que hay».

La medida fue impulsada por el Cedems, la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), entre otras organizaciones.

García dijo que «es un momento importante para exigir urgente a las centrales sindicales un paro provincial para que liberen a todos los detenidos inmediatamente y no haya ningún tipo de causa ni procesamiento».

Se exigió el «cese de la persecución, la estigmatización de la actividad sindical y la brutalidad de las represiones» frente a «una reforma constitucional viciada y aprobada a espalda de los intereses colectivos y violatoria de derechos».

La justicia de Jujuy allanó casas de 22 personas que protestaron en Humahuaca contra la reforma, denunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y otros organismos. Allí fueron detenidas al menos tres personas -dos trabajadores municipales y un estudiante- acusadas de «sedición», «privación ilegítima de la libertad», «lesiones graves», y fueron trasladadas y alojadas en el penal del barrio Alto Comedero.

Uno de los detenidos fue Iván Blacutt, precandidato a diputado nacional del Frente de Izquierda que se desempeña en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.

Gabriela Grosores, del gremio de docentes universitarios, repudió la detención hecha «desde la puerta de su casa».

Al repudiar los arrestos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional de Jujuy denunció que la Policía de Jujuy sigue con procedimientos con «vehículos sin patente, ni identificación», que «violan el estado de derecho y las garantías ciudadanas».

También fue detenido el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Santiago Zamora en su casa, donde secuestraron teléfonos celulares, tras ser imputado por hechos vinculados con la represión del 20 de junio.

«El allanamiento comenzó a las 6.30 cuando dormíamos. Llegaron muchos autos con efectivos de la policía y revolvieron todo en busca de dinero y joyas», relató Miriam Morales. «Culpan a mi marido de entrar a la Legislatura y fue él a apagar uno de los autos que se incendiaban que no tenían patentes», añadió.

Fuentes sindicales informaron que fue arrestado y llevado al penal el abogado constitucionalista Alberto Nallar, quien venía realizando charlas sobre la reforma de la Constitución y tenía a su cargo la defensa de varios detenidos. Nallar tenía intención de presentar un pedido de intervención al Poder Judicial local.

«Reafirmamos nuestro rechazo a los métodos represivos y persecutorios que emplea el gobierno provincial sobre los compañeros que luchan, exigimos el cierre de causas y desprocesamientos», dijo el titular del Seom, Santiago López.

Los maestros reclaman que no se modifique ningún término del Estatuto del Docente sin su consulta y participación. También rechazan los descuentos de los días de paro y piden un salario básico de 100 mil pesos y recategorización de todos los cargos administrativos escolares con la premisa de que «ningún docente cobre menos de 15 horas cátedra».

Además, entidades sociales y sindicales denunciaron que el gobierno de Morales realizó una «cacería» con detenciones masivas contra referentes que participaron de la protesta en Humahuaca, y exigieron «la inmediata libertad de todos los detenidos y detenidas» que fueron imputados de «sedición».

La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a través de su decano, Ricardo Manetti, volvió a repudiar las «amenazas» de Morales contra los trabajadores del Centro Universitario de Tilcara -que depende de esa institución- y consideró que «son violatorias» de la autonomía de las casas de altos estudios.

Morales había acusado a «los empleados» del Centro Universitario de «incentivar el corte (de ruta) en Tilcara», aseguró «tener la identificación» de ellos y advirtió que podría «expropiar» sus instalaciones.

«La ilegalidad de la intromisión en la Universidad Nacional de Jujuy» es «una violación a la autonomía» de esas instituciones educativas, se sumó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.

Tras los repudios a ese accionar «violatorio», que también rechazó el Consejo Interuniversitario Nacional, Morales salió a anunciar que pidió «sanciones» para los efectivos de la Policía jujeña que irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad. Y calificó de «inadmisible y condenable» el operativo de su propia policía que, evaluó, representa un «abuso de poder».

Además resaltó que «los responsables ya están pagando las consecuencias» y agregó: «Respetando la Ley y no con autoritarismo es como se resuelven los problemas de los argentinos».

Junto a ese mensaje, compartió una publicación del Comité de la UCR de Jujuy, que había repudiado el accionar policial al considerarlo un «abuso de poder totalmente condenable» que atenta contra «la autonomía universitaria».

Este viernes, en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional, la Multisectorial Solidaridad con el Pueblo Jujeño dará una conferencia de prensa para denunciar la «grave situación» de la provincia «con decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas y la amenaza de expropiar la sede de la UBA en Tilcara».

Bajo la consigna «A 40 años de la democracia argentina, es inaceptable esta violación de los derechos humanos», participarán referentes de organismos de derechos humanos, senadores y diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

También habrá representantes de la UBA y de organizaciones como CTA, CTA- Autónoma, Corriente Federal de la CGT, Ctera, UTEP, CCC, Espacio Producción y Trabajo y referentes de cultura.

La CTA de Hugo Yasky «rechazó» el accionar de Morales, quien, dijo, «ha emprendido una ‘cacería’ en Humahuaca, con decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias y causas armadas».

El Centro de Estudios Legales y Sociales también denunció los allanamientos y las detenciones y que «siguiendo las directivas del gobierno provincial, los fiscales están imputando el delito de ‘sedición’. Pretenden que la protesta sea considerada como un alzamiento contra el gobierno».

ATE denunció «detenciones arbitrarias» y «sin que las personas citadas a la comisaría puedan ejercer el legítimo derecho a su defensa, imputándoles delitos como sedición, secuestro de personas, lesiones graves, entre otros».

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que en muchos casos «no se sabe a dónde se llevan a los detenidos» y pidieron «máxima difusión a lo que está sucediendo».

La seccional de H.I.J.O.S Capital se sumó al repudio a través de su cuenta de Twitter y cargó contra Morales por «vulnerar derechos en Jujuy».

Por su parte, el jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, expresó su preocupación por «los altos niveles de violencia institucional» registrados Jujuy y juzgó que en casos de convulsión social «hay que apelar al diálogo y a la gestión del conflicto».

A su vez, el dirigente social y precandidato presidencial de UxP, Juan Grabois, denunció que en Jujuy «siguen los autos sin patentes secuestrando gente» y «detienen decenas de personas por el delito de sedición y la policía se mete a patadas en la Universidad».

«Esta es la Argentina de Larreta-Morales… Bullrich y Petri le piden que sea peor… y algunos prefieren mirar para otro lado. ¿Esta es la argentina que quiere mi pueblo? Literalmente, ni a palos», añadió el dirigente del Frente Patria Grande.

@Télam.

/Imagen principal: Edgardo Varela/