NacionalPolítica & Economía
Nación propone nuevos cambios en el proyecto de reforma electoral.

El encuentro comenzó con la palabra del senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien planteó que los detalles del proyecto y adelantó que, además de lo que surja en comisión, se aceptarán propuestas en el recinto “a la hora de su tratamiento”.
El legislador informó que en los últimos siete meses, luego de que se emitieran los dictámenes, ingresaron diversos proyectos, entre los que se encuentran uno de su propia autoría, otro de la senadora Carolina Losada de la UCR y un tercero del jefe de bloque de UP, el formoseño José Mayans. Ante eso, señaló que el Ejecutivo “ha tomado vista del proyecto a sancionar y también ha hecho observaciones”.
Kueider señaló que, cuando se firmaron los dictámenes, la idea original “era tener una ley de Boleta Única Papel y luego íbamos a proponer una modificación posterior”. Sin embargo, recordó que “había quedado una eventual discusión sobre unos puntos en particular que darían una paridad en la definición del proyecto. Por lo tanto, en esos nuevos aportes que surgieron aparecen cuestiones que no podemos llevarlas al recinto dada su complejidad y comenzar a debatirlos ahí”.
Por eso, explicó que el motivo de la reunión informativa es saldar esas modificaciones “para cuando se haga la convocatoria a sesión estemos en conocimiento de cuáles son las distintas propuestas y arribar a un mayor consenso y en el recinto ir directamente al debate en el tema en sí mismo.
“La idea es emprolijar el eventual tratamiento que en algún momento se dará”, continuó y agregó: “Hagamos un buen proyecto de ley. No hagamos proyectos de ley que después tengamos que ir emparchando y démosle a la República Argentina una ley electoral que perdure en el tiempo y que esté fuera de discusión”.
Según dijo el senador entrerriano, para arribar a un mejor proyecto “se han tenido consideraciones hechas por la jueza María Servini y esas observaciones están contempladas en estas modificaciones que se van a plantear aprovechando la oportunidad de introducir cambios”. Y adelantó que se va a analizar “lo de la tilde sí o no en la boleta completa que algunos senadores habían planteado”.
Respecto al diseño, dijo que en un principio se había definido tomar como ejemplo “el de Córdoba y Santa Fe”, pero ahora “aparecen otras opciones que le aportan mayor claridad al elector para que tenga facilidad a la hora de emitir el voto y es un modelo nuevo que se aplica en Mendoza”.
El libertario Juan Carlos Pagotto, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, tomó la palabra para plantear la necesidad de “solucionar” el tema para “darle mayor claridad al sistema electoral y profundizar los cimientos de la República”. Por ese motivo bregó por “ponernos de acuerdo y mirar para adelante”.
El rionegrino Martín Doñate (UP) le reprochó al presidente de la comisión cabecera que “todo esto que se dijo es lo que planteamos nosotros oportunamente desde nuestro bloque que no se podía sacar a las apuradas un dictamen con un tema tan estructural para las instituciones de la patria, para la democracia”. Y marcó diferencias respecto a que “el método hasta ahora haya sido poco transparente”, sino más bien dijo que fue “todo lo contrario”.
“Esto es una escenografía que debíamos evitar. Volver a discutir sobre dictámenes ya emitidos que están para el recinto por apurarse y querer jugar en la chiquita sacando una ventaja política o un triunfo legislativo en comisiones que no sucedió. Después de siete meses seguimos discutiendo y manoseando un tema que es trascendental para la Argentina. Lamento profundamente que se tenga que estar debatiendo nuevamente eso y no lo hemos hecho con la seriedad que el caso amerita”, cerró.

El vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.
Senado
Boleta única de papel y simplificación del sistema electoral
Al momento de su disertación, Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior, resaltó que es un tema que “se debatió mucho”, pero destacó que desde hace meses en el Ejecutivo “nos pusimos a trabajar y a ver la viabilidad y la mejor forma de implementar la BUP en el caso de que se apruebe”.
“La boleta única es un requerimiento de la mayoría de la ciudadanía, no porque el sistema actual no sea transparente, sino porque eso significa una simplificación del sistema electoral y, sobre todo, una simplificación de aquellos partidos que tienen menos estructura partidaria”, dijo y remarcó que también traerá “un ahorro para el Estado”.
Respecto a los dictámenes, planteó una serie de modificaciones: “Observamos que en el proyecto que viene de Diputados que tuvo dictamen de mayoría, hay modificaciones que no hacen un planteo político que vaya en perjuicio de algún partido político, sino que hacen a cuestiones operativas como, por ejemplo, los plazos de todo el proceso electoral”.
Luego ejemplificó: “No es lo mismo imprimir las boletas tradicionales de los partidos políticos que la BUP que tiene ciertas características y no todas las imprentas del país tienen la capacidad operativa para hacerlo. No es lo mismo que la CNE apruebe los pdf de las boletas tradicionales que llevar adelante la impresión de las BUP y la logística de distribución a todos los rincones del país”.
En esa línea, afirmó que hay “cuestiones técnicas, operativas” que no tienen “trasfondos políticos” y que buscan lograr un proyecto “lo más perfectible para todos los partidos políticos”.
A su turno, Rolandi, ratificó que “hay una demanda ciudadana para mejorar el sistema electoral que tenemos”. “Es un sistema complejo, pero que funciona y es perfectible”, aclaró. En ese sentido, consideró que la BUP “asegura la oferta electoral en cada una de las mesas de todo el país” y reduce la problemática sobre robos y roturas.
Este cambio de sistema por primera vez le pasa la responsabilidad de la logística y la impresión del 100% de las boletas al Poder Ejecutivo y entendemos que este proyecto, que se originó en la Cámara de Diputados, desde el legislativo hoy le queremos agregar esa mirada desde los que tenemos la responsabilidad de que las elecciones se lleven a cabo con normalidad, de cuáles son los cambios que nosotros necesitamos para que este cambio se pueda implementar y sea viable operativamente”, concluyó.
Catalán acotó que un tema “fundamental” que proponen y que “es un impedimento para llevar correctamente todo el proceso electoral desde el inicio del calendario electoral hasta el momento de la elección” son los plazos y de cronograma desde que se aprueban las alianzas hasta el día de la elección.
La encargada de ello fue la directora Nacional Electoral, Luz Landívar, explicó en profundidad un tema que para Catalán es “fundamental” y que tiene que ver con los cronogramas de la aprobación de alianzas, el cual debería reprogramarse: “Cuando estudiamos la media sanción nos encontramos con que existen pocas imprentas están en condiciones de imprimir 50 millones de boletas más, un porcentaje como se establece en la media sanción para tener boletas ante cualquier eventualidad”.

La subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, Giselle Castelnuovo.
Senado
Proponen nuevos plazos para el cierre de las alianzas electorales
Landívar detalló que hay cinco imprentas en Capital Federal y se necesitan distribuir a todos los juzgados federales las boletas: “Empezamos a mirar el cronograma y a contar plazos de cuánto tiempo le demandaría a una imprenta imprimir estos 50 millones. Indefectiblemente los plazos que teníamos esos más o menos 30 días. Esto era imposible porque tengan en cuenta que las boletas como es el procedimiento se imprimen en las imprentas, de allí hay un traslado hacia los juzgados federales y ahí ahora tienen una nueva competencia que es la de diseñar la boleta y controlar luego esta boleta que se diseñó y se aprobó en una audiencia de boletas. Tienen que hacer este control. Una vez controladas estas boletas son trasladadas a distintos locales de votación o locales intermedios”.
“Hoy con el sistema actual de boletas sábanas los juzgados federales necesitan 20 días para empezar a hacer el envío. Esto no se puede hacer todo en un mismo día. Necesitamos un plazo, por lo que deben ser extendidos para un sistema donde todavía se requiere de mucho más tiempo y mucho más cuidado”, dijo y propuso “adelantar todos los plazos” hacia adelante unos 20 días.
De esta manera, si el cierre de las alianzas hoy debe hacerse 60 días antes de las elecciones, con la modificación se adelantará 20 días. “Esto pasará a ser 80 días y, en consecuencia, si hacemos eso estiramos el registro de candidatos también unos 20 días. Pasa de 50 a 60 y así van a ver que están concatenados algunos plazos”, continuó Landívar.
Para la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, Giselle Castelnuovo, el proyecto que tiene media sanción “tenía algunas mejoras que tienen que ver con esto del acto electoral que lo llevamos adelante desde el Ministerio interior, en la vice jefatura de Gabinete, los juzgados y la Cámara los partidos políticos y, entre todos, tenemos que redistribuir mejor las funciones que tienen”.
Así, propuso uno de los principales cambios que “el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de fijar pautas mínimas en la confección de la boleta porque una licitación llevaba un montón de tiempo para que sea transparente y se haga de la forma que corresponde. Entonces nosotros necesitamos, una vez que esté este proyecto aprobado, poder largar una licitación para que las imprentas tengan tiempo de imprimir y equiparse con todo el material nuevo y distinto que necesitan para poder imprimir como les estamos diciendo de mínima 50 millones de boletas”.
Además, propuso que sea el Ejecutivo “quien determine pautas mínimas de tamaño” de las boletas, que la Cámara Nacional sea quien determine el formato base para que “haya una uniformidad en todo el país y que los juzgados electorales, que son quienes tienen la competencia al final del día, sean los que determinen cómo se va a ordenar eso dentro de ese papel de esa boleta única”.
@Ámbito
/Fuente de imagen: Ámbito

NacionalPolítica & Economía
Cristina de Kircher: «¿Habrá Códigos Penales y Procesales especiales redactados únicamente para mí?»

La expresidenta denunció nuevas restricciones impuestas por el tribunal que lleva su causa, que limitan sus visitas a un círculo cerrado y exigen autorización previa para cualquier otro contacto. “Se me aplica un régimen que no rige para nadie más”, afirmó.
La expresidenta Cristina de Kirchner volvió a criticar al Poder Judicial y anunció que sus abogados presentaron un recurso para que el tribunal revea los permisos previos de su círculo para poder visitarla. En un mensaje en redes sociales denunció un «régimen de exclusión arbitrario» que restringe su vínculo con el mundo exterior, más allá del núcleo familiar, legal y médico.
“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa”, señaló la exmandataria. Según afirmó, la justicia le impuso un protocolo de visitas que limita el acceso a su domicilio solo a familiares directos, abogados y médicos, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá presentar previamente una solicitud formal al Tribunal y esperar su autorización.
Cristina calificó el mecanismo como un régimen “violatorio de los más elementales derechos civiles” y subrayó que estas condiciones no se aplican a otros ciudadanos en situaciones similares. “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó.
En la víspera el tribunal confirmó que puede utilizar el balcón, pero ordenó la colocación de la tobillera electrónica que se concretó durante la tarde.
Además de cuestionar la judicialización de su vida personal, la exvicepresidenta también dejó entrever críticas a la restricción de sus derechos políticos: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”, escribió.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
El desempleo escala al 7,9% en el primer trimestre, el nivel más alto de la era de Javier Milei

El mercado laboral argentino experimentó un aumento en el desempleo durante el primer trimestre de 2025, alcanzando el 7,9%, su nivel más alto en la gestión actual.
El desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% durante el primer trimestre de 2025, lo que representa el nivel más alto registrado en la actual administración y desde 2021, período de recuperación pospandemia. Este incremento, aunque modesto en comparación con el 7,7% del mismo período en 2024, se produce a pesar de algunos signos de reactivación económica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al extrapolar esta cifra, se estima que aproximadamente 1.790.000 personas se encuentran desocupadas en el país.
La tasa de actividad (población económicamente activa sobre el total de la población) se situó en 48,2% en el primer trimestre de 2025, mientras que la tasa de empleo (proporción de personas ocupadas en relación con la población total) alcanzó el 44,4%.
Un aspecto notable de este período es el cambio en la composición del empleo. Según Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, se observó un fuerte crecimiento del empleo por cuenta propia, que pasó del 21,9% al 23,5%, y de los asalariados no registrados, que aumentaron del 35,7% al 36,3% dentro de los trabajadores en relación de dependencia. Esta dinámica contribuyó a que la tasa de informalidad alcanzara el 42% entre enero y marzo de 2025, en comparación con el 40,8% del primer trimestre de 2024.
En cuanto a la tasa de desocupación juvenil (14 a 29 años), se observó un incremento preocupante: en mujeres, pasó del 17,3% al 19,2%, y en varones, del 14,1% al 15,1%. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) se destacó que el desempleo juvenil alcanzó niveles récord, con un incremento de 2,3 puntos porcentuales para esta población en los últimos dos años, mientras que para la población general el aumento fue de 1 punto porcentual.
El Gran Buenos Aires fue la región más afectada, registrando una tasa de desempleo del 9,1%, lo que la sitúa 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En contraste, la Patagonia presentó la menor tasa de desempleo, con un 4,9%, aproximadamente 3 puntos porcentuales por debajo del promedio general.
/DH
NacionalPolítica & Economía
La Corte Suprema reactivó la causa «Correo Argentino» tras el fallo contra Cristina Kirchner

El máximo tribunal reanudó la investigación sobre el caso tras confirmar la prisión de 6 años a Cristina Kirchner. Nuevas decisiones incomodan al ex presidente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó recientemente una decisión que reavivó la causa «Correo Argentino». El tribunal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri. Este nuevo giro ocurre tras la reciente confirmación de la condena de 6 años de prisión a otra figura política, Cristina Kirchner.
La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso a los fallos de la Corte. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva el expediente, sino que también impone una sanción económica a los recurrentes, que deberán realizar un depósito bajo apercibimiento de ejecución.
Se investigan distintas irregularidades relacionadas con un acuerdo entre el Estado Nacional y una empresa controlada por el ex presidente Mauricio Macri, concerniente a la deuda de Correo Argentino S.A.. La Corte desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja, «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)».
Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., junto a Jaime Kleidermacher, su abogado, estaban siendo investigados desde 2017 por el juez federal Ariel Lijo. Ambos intentaron recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando «temor de parcialidad». La defensa argumentó que ambos jueces manifestaron una “enemistad” hacia Mauricio Macri y, en consecuencia, hacia ellos, sugiriendo que la causa tenía un contenido político destinado a “destruir” la imagen del ex mandatario.
Imparcialidad cuestionada
Los directivos de Correo Argentino S.A., que es gestionada por SOCMA, la empresa familiar de los Macri, expresaron dudas sobre la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno anterior. Además, se argumentó que Boico, antes de asumir como juez, había defendido a diferentes funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificaron la decisión de rechazo a la recusación interpuesta. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, destacó que «la defensa no logró substanciar objetivamente el temor de parcialidad» en este contexto particular.
Desenlace del recurso
El reclamo llegó a la Corte a través de un recurso de queja, donde se dictó una resolución clara: « Se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución«.
En esta causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, se indagan a otros involucrados, como el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Todos están acusados en relación a un acuerdo de 2016 por el cual el Estado decidió licuar el 98,87% de la deuda de Correo Argentino S.A. La fiscal Gabriela Boquin alertó sobre esta maniobra, calificándola como «ruinosa» y «abusiva», lo que logró detener la implementación del pacto.
Con esta decisión, la Corte confirmó la continuidad de la investigación, manteniendo bajo la lupa judicial a los directivos de Correo Argentino y, por ende, al Grupo Macri en esta compleja causa.
/m1
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