El fallo no es de aplicación inmediata. En línea con el planteo buitre Milei responsabilizó a Kicillof pero anticipó que va apelar la decisión. El gobernador resaltó la obsecuencia con EE.UU. y hoy hará una rueda de prensa .
Las relaciones con el capital financiero internacional, por el que se desvive el presidente Javier Milei, no parecen traerle buenos resultados sino más bien todo lo contrario. Este lunes, la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, falló dos veces en contra de Argentina. Primero, ordenó que el país entregue el 51 por ciento de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital y, más tarde curiosamente, que también le ceda las acciones en su poder al buitre Bainbridge. El presidente culpó por lo sucedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien denunció el vínculo fluido de Milei con los Estados Unidos y aseguró: «Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota mucho…».
Especialistas consultados por PáginaI12 coinciden en que la decisión de la magistrada pretende posicionarse por encima de un Estado soberano, como si se tratase de una «jueza universal». «En caso de quedar (la resolución) a favor de los buitres sería un precedente histórico que dejaría en una posición de inferioridad a cualquier país del mundo», explicaron.
La decisión «estrafalaria para forzar el cobro» pretende, según los expertos en el tema, que el Gobierno «decline a favor de los demandantes teniendo en cuenta la afinidad ideológica y admiración que le propician». Sin embargo, bajo el derecho argentino las cosas no funcionan así.
En enero de este año, la Libertad Avanza designó como nuevo Procurador del Tesoro a Santiago Castro Videla, uno de los socios y ahijado político de Alberto Bianchi, testigo experto de Burford para litigar contra Argentina en la causa YPF. El ahora funcionario tiene a cargo la defensa de los intereses del Estado nacional en los tribunales locales e internacionales.
Bianchi también actuó como experto para grandes empresas en contra del Estado argentino por lo menos en 15 pleitos internacionales.
Las órdenes de la jueza
Preska dispuso que “se ordena a Argentina transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”, como parte de pago de la sentencia por 16.100 millones de dólares que el país ya fue condenado a pagar.
La medida beneficia a Burford, que en 2015 compró los derechos a del holding del fallecido Enrique Eskenazi, para litigar contra el país por la expropiación de la petrolera estatal ocurrida en 2012. El fondo buitre, que logró concretar un pedido de hace más de un año atrás, describe la acción como parte de las «presiones para obtener algo a cambio».
Pocas horas después, la miembro de la Corte del Distrito Sur de Nueva York indicó que el país debía cederle las acciones en su poder de YPF al fondo buitre Bainbridge, que cuenta con una sentencia a su favor y en contra del país por 95 millones de dólares, más intereses por la deuda en default. Bainbridge, además, había solicitado información sobre el oro en las reservas del Banco Central sacado del país.
«Desde el punto de vista jurídico, la expropiación de la mayoría del capital de YPF cumplió los únicos tres requisitos que exige el artículo 17 de nuestra Constitución para que se la considere legítima: tener por motivo una causa de utilidad pública, ser autorizada por una ley del Congreso, e indemnizar previamente al propietario privado», afirmó el abogado especializado en Derecho Financiero Sebastián Soler.
Durante el mandato de Joe Biden, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito a favor de la Argentina: solicitó a Preska que rechazara la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF. Con la llegada de Donald Trump, Milei confiaba en que iba a recibir su apoyo para resolver el caso a favor del país, pero está ocurriendo todo lo contrario. Al conocerse el primer fallo, cayeron las acciones y subió el precio del dólar.
«Estado Unidos no quiere esto porque es un disparate jurídico, que resolvió una jueza de formación anglosajona», afirmó un jurista a este diario.
La reacción de Milei
El presidente nuevamente insultó y responsabilizó a Axel Kicillof por lo sucedido y anunció que el Gobierno apelará la resolución ante la Corte de Apelación. «Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina», publicó en X.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires no tardó en responder los agravios. «Lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza; lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota mucho…». Y advirtió: «Su candidato en la Provincia lo acaba de confesar sin disimulo: aspiran a privatizar YPF».
Estrategia de defensa
La mayoría de los especialistas mantienen acuerdo respecto a los escritos que presentó el país, incluso durante la administración actual. Desde el punto de vista técnico jurídico no hay reproches aunque sí algunos matices. Pero advirtieron sobre dos estrategias que debilitan la defensa Argentina:
*Las declaraciones públicas de Milei contradicen los argumentos de la defensa y complican el interés nacional al facilitar argumentos para los demandantes.
*El desmantelamiento del equipo de la Procuración General de la Nación, a partir del recorte de fondos y de personal experto.
En 2015, explica Soler, Argentina «planteó inmediatamente que la Corte de Nueva York era incompetente porque el caso no estaba comprendido en ninguna de las únicas dos excepciones que, según la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (Foreign Sovereign Immunities Act o “FSIA”), habilitan que los tribunales de ese país resuelvan una demanda contra un estado extranjero: que el estado extranjero lo haya consentido o que el caso involucre un acto del estado extranjero estrictamente comercial, y no soberano, realizado en Estados Unidos o cuyos efectos sustanciales ocurran allí».
La sentencia no tiene aplicación inmediata y los analistas anticiparon a este diario que «lo más probable es que la jueza, o en todo caso la cámara, haga lugar a la apelación y esta causa incómoda entre en un proceso de hibernación».
El fallo no es inocuo. Y como los mismos fondos declaran «lo usan para presionar». Tienen a favor sentencias favorables que no solo afectan a la Argentina, de seguir así podrían influir sobre cualquier Estado soberano.
/P12
