Mientras termina de pulir la estrategia para defender el veto en el Congreso, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para arancelar las universidades públicas a los extranjeros no residentes. Se trata de una iniciativa que estaba contenida en la primera versión de la ley Bases.

En los últimos meses se viene cocinando un proyecto de ley entre las carteras de Educación y de Modernización del Estado, que propone cambios en la enseñanza obligatoria y superior. Según supo Ámbito, la letra chica del texto persigue los objetivos que habían sido incluidos en un primer proyecto de la ley “Ómnibus” que no logró pasar el filtro del Parlamento en el verano.

Uno de los puntos que proponía la normativa era la de implementación de aranceles para todos aquellos extranjeros que, sin residencia ni radicación, quieran estudiar alguna carrera de estudio superior (universitarios y terciarios). La propuesta abarcaba a las instituciones de “educación superior de gestión estatal” y a universidades nacionales, y dejaba afuera del arancelamiento a los argentinos nativos y a los extranjeros con residencia en el país.

La propuesta nunca vio la luz ya que la ley “Ómnibus” fue retirada del Congreso por decisión del Poder Ejecutivo. Y, posteriormente, no fue incluida en la ley Bases aprobada en junio. Sin embargo, la administración libertaria no la abandonó por completo sino que, en silencio, comenzó a trabajar en un proyecto, aguardando el momento para su presentación.

Pese a la propuesta libertaria, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes, con lo cual resta conocer la letra completa de la iniciativa para saber a qué universo se dirige puntualmente el Gobierno.

El Gobierno busca reflotar proyecto para arancelar universidades a extranjeros no residentes

Ahora, meses después, el Gobierno busca reflotar la iniciativa, en medio de un fuerte conflicto con las autoridades universitarias, los gremios docentes y la oposición parlamentaria. Entre los principales puntos de la iniciativa oficial se destaca que las universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes y determinar “principios básicos para la asignación de recursos de las universidades”.

Los cambios que propone el Ejecutivo serán presentados en un proyecto de ley que, eventualmente, debería aprobar el Congreso para que sea efectivizado, dado que actualmente el cobro de un arancel está prohibido por Ley Nº 24.521: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

El debate sobre el cobro a extranjeros no residentes tiene lugar en un contexto en que la administración nacional lleva adelante una revisión de los gastos de las universidades, que se ve acompañado de un ajuste de las partidas para funcionamiento y salarios, en sintonía con los recortes presupuestarios del Estado en áreas del PEN y organismos descentralizados.

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El anunciado veto de Milei al financiamiento universitario podría caerse por el enojo de Mauricio Macri con Karina y la decisión de diputados libertarios y radicales con peluca que no están dispuestos a pagar el alta costo político de enfrentarse a los estudiantes que este miércoles volvieron a reventar las calles de las principales ciudades del país.

El número mágico de los 87 “héroes” que blindaron el veto de Milei al aumento a los jubilados, esta vez está en zona de riesgo. “Karina no mira para los costados cuando avanza y su peleíta porteña le puede costar al Presidente perder la pelea con las universidades”, dijo a LPO un importante dirigente libertario.

Gracias Karina, no me ayudes tanto

LPO anticipó este martes que el PRO advertía que el veto al proyecto en discusión “no es lo mismo que el veto a la suba de jubilaciones”. Aunque la sorpresa para el oficialismo es que la incomodidad para respaldar a Milei contra las universidades alcanzaba incluso a tres de los cinco radicales que se fotografiaron con el primer mandatario antes de cambiar su voto sobre el aumento a los jubilados.

En la madrugada de este miércoles, luego de la sesión por Boleta Única, diputados  escucharon al secretario de Enlace Parlamentario, Omar de Marchi, lamentarse en la pizzería La Americana porque el gobierno no tenía los votos para asegurarse la ratificación del veto de Milei.

En ese contexto, el gobierno habría utilizado a Campero para que intente persuadir a los diputados macristas de la necesidad de permanecer entre los 87 agasajados de Olivos. Sus interlocutores, hasta el cierre de esta nota, se mostraron reticentes.

LPO/

El Gobierno se amparó en la Ley N° 23.696, que establece que para proceder a la venta de las empresas estatales, se deben previamente declarar “sujetas a privatización” por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, fundamentaron la decisión remitiendo al Decreto N° 70/23, con el cual “se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa”.

En base a eso, sostuvieron que el Tesoro Nacional “no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina”.

Para justificar esta afirmación, previamente señalaron que en los 16 años que lleva estatizada, “la empresa presentó marcadas pérdidas, las cuales fueron mitigadas a través del aporte del Tesoro Nacional con el fin de garantizar la continuidad operativa”.

A su vez, manifestaron que uno de los objetivos de la privatización de la aerolínea de bandera es “la prestación de un servicio de excelencia que proyecte positivamente la imagen del país y permita acoger a los usuarios locales y extranjeros con hospitalidad, compromiso y conciencia gracias al buen servicio que debe brindar la línea aérea de bandera”.

En ese sentido, argumentaron que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.

Además, indicaron: “En un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1% el Estado nacional debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen”.

Ahora, la privatización deberá ser aprobada por el Congreso. La semana pasada, en Diputados se debatió la privatización de Aerolíneas Argentinas en un plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto.

La insistencia de la administración libertaria por la venta de Aerolíneas se da en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, que llevan adelante medidas de fuerza por reclamos salariales y en rechazo a los despidos.

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