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NacionalPolítica & Economía 

Memorándum con Irán: Los jueces analizan cerrar la causa por «inexistencia de delito».

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Los jueces del tribunal que resolverá sobre la nulidad de la reapertura de la causa por el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA decidieron incorporar planteos por «inexistencia de delito» en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, un elemento más que podría derivar en el cierre del caso con sobreseimientos y sin juicio oral.

El Tribunal Oral Federal 8, integrado por María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, convocó a una nueva audiencia para el próximo miércoles porque ante esta decisión nueva debe escuchar las posturas del fiscal Marcelo Colombo y de las querellas de DAIA y dos familiares de las víctimas del atentado.

Hasta el momento estas dos querellas no se presentaron a las cinco jornadas por Zoom que lleva la audiencia en la que se debate la posible nulidad de la causa, a raíz de las visitas al entonces presidente Mauricio Macri por parte de dos de los jueces que la reabrieron en diciembre de 2016, los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky

Al finalizar la audiencia del miércoles último y tras un cuarto intermedio que se anunció para revisar la grabación y se extendió por más de 40 minutos, los magistrados anunciaron su decisión de incorporar en esta instancia del debate los planteos de inexistencia de delito.

Los jueces aludieron a razones de «economía procesal» después de escuchar a las defensas repetir que «no hubo delito» y fundamentar al respecto, al reclamar sobreseimientos para todos los imputados.

Además de dar sus razones de manera oral, algunos abogados presentaron escritos vinculados a este eje de la cuestión, antes y durante el desarrollo de la audiencia que comenzó el 16 de julio último con la exposición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ante esto, la causa podría ser cerrada por dos motivos: la nulidad generada a raíz de la conducta de los camaristas Borinsky y Hornos y la consiguiente violación de la garantía constitucional de juez natural e independencia judicial o por inexistencia de delito.

En la causa están procesados además los actuales procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense, Andrés Larroque; y el senador Oscar Parrilli y el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, entre otros.

La denuncia de Nisman.

La denuncia de Nisman por supuesto «encubrimiento agravado» a raíz del tratado firmado en 2013 y que, según sostuvo, habría buscado el cese de las alertas rojas de captura internacional contra ciudadanos iraníes acusados por el ataque del 18 de julio de 1994, fue cerrada por «inexistencia de delito» en febrero de 2015 por el juez federal Daniel Rafecas.

En ese momento, el magistrado de primera instancia argumentó que «el presunto delito nunca se cometió». Rafecas sostuvo que las evidencias «inhiben el inicio de un proceso penal» al descartar los delitos de «encubrimiento» y/o «entorpecimiento de la investigación» del atentado que causó 85 muertos en Pasteur 633.

Esa decisión del juez de primera instancia fue confirmada después por la Cámara Federal porteña y en mayo de 2016 por Casación, porque el fiscal ante esa instancia, Javier De Luca, no mantuvo la apelación y también evaluó que «no hubo delito»

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2019, el máximo tribunal penal federal del país con los votos de Borinsky, Hornos y Ana María Figueroa reabrió la causa tras analizar la supuesta aparición de nueva prueba.

De esta manera la denuncia de Nisman quedó reabierta, Rafecas fue apartado y quedó unificada con otra que llevaba el fallecido juez Claudio Bonadio por supuesta «traición a la Patria», un delito que luego quedó descartado.

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Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentan jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad

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Saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. Las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio.

El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad.

Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo hará en la sesión del miércoles convocada este viernes.

Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.

Los proyectos vetados

Los vetos alcanzan a dos normas. Una es la Ley de Movilidad Jubilatoria. Impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

La otra es la Emergencia en discapacidad. Declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

Maniobra dilatoria y negociaciones en marcha

La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.

El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración de extrema derecha, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el Presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.

/P12

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Justicia interviene luego de que suspendan contratos millonarios entre una obra social y un socio de Martín Menem

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El dueño de la compañía, Sergio Andrés Aguirre, es socio del presidente de la Cámara de Diputados en otra empresa.

Nuevo cauce judicial luego de la intervención del Gobierno a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera): se anunció la suspensión de contratos millonarios con la empresa HTECH Innovation, luego de que se detecte que pertenecía a Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en la compañía TR Nutrition. El hecho se conoce luego de que trascendiera que una compañía de la familia Menem se adjudique de una licitación millonaria por prestar servicios de seguridad al Banco Nación.

La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue intervenida por el Ejecutivo en agosto del 2024, quedando designado Marcelo Petroni en medio de las investigaciones por presunto lavado de dinero. Al detectar irregularidades, ahora el propio interventor decidió dar de baja dos contratos por servicios tecnológicos con la compañía de Aguirre, en simultáneo a la puesta en marcha de una investigación judicial y dos auditorías.

Un informe del canal C5N exhibió las primeras facturas que emitió la compañía a Osprera. correspondientes a noviembre del 2024: son las facturas iniciales de HTECH Innovation (0000001 y 0000002) y se concretaron por montos de $40.251.879 y $7.733.119. Luego se renovaron esos valores mensualmente con sumas de entre $16 millones y $20 millones hasta la actual suspensión, superando los $150 millones de facturación. Otra situación irregular es que HTECH Innovation se constituyó seis meses antes, en abril del 2024.

La causa, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4 de Ariel Lijo, fue impulsada por el extitular de la UATRE, José Voytenco, quien además acusa de asociación ilícita y de desvío de fondos de la obra social a otro dirigente libertario: el diputado nacional Pablo Ansaloni, también extitular del gremio de ruralistas.

La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.

La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.

Por su parte, la resolución de Petroni a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) justifica la decisión de la suspensión de contratos “por la difusión a través de distintos medios de comunicación de presuntas irregularidades en la facturación de una empresa de tecnología contratada por la obra social” corresponde “verificar la efectiva regularidad del servicio” prestado por HTECH Innovation.

Empresa de la familia Menem estará a cargo de la seguridad del Banco Nación

La empresa Tech Security SRL, de la familia Menem, fue adjudicataria de una licitación del Banco Nación por casi $4.000 millones para prestar servicios de vigilancia en edificios de la entidad estatal. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue socio hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando le cedió las acciones a su hermano.

El contrato al que accedió la compañía es para brindar sus servicios en la casa central de la banca pública, ubicada en Bartolomé Mitre al 300, y en otros cuatro establecimientos: el edificio Maipú, la sede donde acuden los funcionarios y la sucursal ubicada en el Aeroparque Jorge Newbery. La información fue publicada el 4 de julio en el Boletín Oficial, donde se indica que es por un monto total de $3.933.026.507.

El contrato de Tech Security con el Banco Nación es por un período de 24 meses. Sin embargo, cuenta con la opción de dos renovaciones de 12 meses cada una, que podrían ampliar la extensión total del convenio a cuatro años, con un nuevo desembolso de dinero por parte de la entidad pública.

La compañía nació en 2005, a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Privada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que la familia Menem ingresó en la empresa como socios. Semanas previas a la asunción de Javier Milei, el titular de Diputados figuraba como accionista junto a sus dos hermanos, Adrián y Fernando Menem.

/ámbito

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Cristina Kirchner cruzó a Milei por el dólar: «Le echás la culpa a la amiga de Videla, cobarde»

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La dos veces presidenta le cuestionó a Milei argumentar que la disparada del 4% del dólar en un día fue por culpa de Victoria Villarruel y el kirchnerismo.

Tras la fuerte escalada del dólar y su inminente pasaje a precios, la exmandataria Cristina Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, al recriminarles que «lo único que se les ocurre» es participar de una entrevista y «echarle la culpa a la amiga de Videla y a los kukas», en referencia a su Vice, Victoria Villarruel, y al peronismo. 

«¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los ‘kukas’? ¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!», escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1951294195940962613

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