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NacionalPolítica & Economía 

Massa pidió un acuerdo político para sancionar el Presupuesto 2023.

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El ministro de Economía, Sergio Massa, llamó a la búsqueda de un acuerdo político para sancionar el Presupuesto 2023 y contar «con una hoja de ruta» como «se merece la Argentina», a la vez que señaló que el proyecto de gastos y recursos es «racional y prudente» y se encuentra en línea «con los objetivos que se ha planteado el Parlamento cuando Argentina decidió renegociar el acuerdo con el FMI.

Massa explicó los detalles del presupuesto enviado el pasado 15 de septiembre, que contempla las variables macroeconómicas proyectadas por el Gobierno de un aumento del 2% del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), un déficit del 1,9% y una inflación promedio del 60%.

Flanqueado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; y el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller; y junto a su equipo económico, Massa explicó los detalles del Presupuesto 2023 en una reunión que se celebró en el Salón de Pasos Perdidos.

La audiencia contó con la presencia de los jefes de bloques del Frente de Todos, Germán Martínez; la UCR, Mario Negri: del PRO, Cristian Ritondo; del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez; de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy; de Avanza Libertad, José Luis Espert; y de la izquierda Romina del Pla y Myriam Bregman.

Al iniciar su disertación, el ministro de Economía, planteó la necesidad de «trabajar juntos en un acuerdo político» para conseguir la aprobación del presupuesto porque son necesarios esos consensos «dentro de las distintas visiones de país que están reflejadas en el Congreso».

«El fallido Presupuesto 2022 lo llevo como una cruz, porque soy el único presidente de la Cámara en la historia de la democracia al que le rechazaron un #Presupuesto. Espero como ministro tener más éxito que como presidente de la Cámara», agregó Massa,

Al reclamar la sanción del Presupuesto, Massa dijo que su «aprendizaje como ministro es que cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta»,

En esa línea agregó que cuando existe «un desborde del déficit lo que termina pasando es que el que tiene mayor capacidad de presión o de influencia a la hora de definir el gasto es quien consigue imponer dentro del ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo su idea o su objetivo a lo mejor sobre otro».

«Entonces -completó-, lo que termina pasando es que se producen situaciones de tensión dentro del Ejecutivo y el funcionamiento social que terminan influyendo negativamente en el funcionamiento del Estado y el ordenamiento del gasto público«.

En su presentación, al defender las variables macroecónómicas, Massa dijo que están en sintonía con «cumplir los objetivos que se ha planteado el Parlamento cuando Argentina decidió renegociar el acuerdo con el FMI».

En su discurso, Massa planteó: «Vamos a buscar una desaceleración de la inflación» para que el año próximo se ubique en un 60%, ya que este año ya alcanzó hasta agosto el 78,5% y seguramente superará el 90%

Además, el ministro dijo que «en materia de financiamiento, el camino es reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro. Para el 2023 tenemos, en términos de gestión y de desembolsos, un programa de asistencia de organismos multilaterales».

Massa dijo que la «política argentina tiene un permanente reclamo para que haya equilibrio fiscal y el gasto», por el cual invitó al Congreso a «analizar a quienes son los beneficiarios de gastos tributarios del 2,5 por ciento del PBI», al referirse a los que tienen exenciones impositivas.

También planteó que tendría que ser el «Congreso el que se expida en el tema de la concentración y la colusión en las compras públicas», al exponer sobre los lineamientos principales del proyecto de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados.

«Para que en algunos casos se desnude que en algunas cadenas hay situaciones que terminan generando desborde de precios; que se ven las góndolas, pero que se generan mucho antes», justificó el funcionario.

También Massa defendió el nuevo esquema de subsidios al señalar que «el esfuerzo para el ahorro energético lo tienen que hacer todos; no los usuarios y el Estado nacional, sino también las provincias», al tiempo que recordó que «sigue abierto el registro para que cada argentino que hoy siente que necesita el subsidio, pueda acceder» a la solicitud del beneficio.

«Les pedimos a las provincias que incorporen a la tarifa social a aquellos ciudadanos que por cuestiones económicas pueden estar alcanzados por alguno de los niveles de subsidios. Quiero que cualquier diputado y diputada antes de votar sienta que, tanto yo como el gabinete, estamos para rendir cuentas, despejar dudas y así podamos tener en 2023 un Presupuesto como se merece la Argentina, con una ley de este Congreso», reseñó.

La cantidad de usuarios de tarifa social cayó 27%.

Massa sostuvo que la cantidad de usuarios que acceden a la tarifa social cayó un 27% y pidió a las provincias incorporar al régimen “a los ciudadanos que por dificultades económicas no alcanzan a cumplir con alguno de los tres niveles planteados en la segmentación de subsidios”.

“Tener 170 años de reservas, ser la segunda mundial de shale gas nos da una enorme oportunidad. Obviamente necesitamos infraestructura y pensar a largo plazo, pero podemos transformar a la Argentina en un jugador no solo regional en el corto, sino global en el mediano plazo”, sostuvo el ministro.

Por su parte, en relación con las tarifas y los subsidios a la energía, el funcionario precisó que “está planteado para el 2023 una reducción del régimen de subsidio de 0,7 puntos”, pero señaló que “no queremos que la gente pague más sino que ahorren esa energía, porque en definitiva significa menor impacto de la tarifa en el bolsillo y en las cuenta públicas”.

En esa línea, recordó que “la tarifa social con el consenso fiscal anterior pasó a ser una responsabilidad de las provincias y vemos una caída en su acceso en cantidad de usuarios de más del 27%”.

“El esfuerzo lo tenemos que hacer todos, también las provincias incorporando al régimen de tarifa social a los ciudadanos que por dificultades económicas no alcanzan a cumplir con alguno de los tres niveles del régimen de segmentación de subsidios”, agregó Massa.

En otro tramo de su intervención estimó que, por los incrementos en los precios internacionales de la energía, “la guerra (entre Ucrania y Rusia) acarreó un costo de US$ 4.900 millones” para las cuentas públicas.

En ese marco, resaltó que “el programa del Plan Gas lleva al 92% de autoabastecimiento energético” y subrayó que “se va a pasar de 6.368 millones de metros cúbicos (m3) a una producción el año que viene de 8.268 millones de m3 de gas”.

Para conseguir esos objetivos, el funcionario remarcó como central la ejecución a tiempo del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner.

¿Cómo seguirá el debate?

Tras la presentación de Massa, los legisladores se trasladarán al Anexo C de la cámara de Diputados, donde expondrán y responderán preguntas de los legisladores del oficialismo y la oposición los secretarios del Ministerio de Economía entre ellos el de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Eduardo Setti; de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren; de Agricultura, Juan José Bahillo; y de Energía, Flavia Royon.

En caso de no poder completar todos los secretarios sus informes, se pasará a un cuarto intermedio hasta el jueves para completar las exposiciones de los funcionarios del Palacio de Hacienda.

Para este miércoles también está previsto que brinden informes los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de Aduana, Guillermo Michel, y de Anses, Fernanda Raverta, y posiblemente ese día o la semana siguiente el presidente del Banco Central, según informaron fuentes parlamentarias.

El turno de los miembros del Gabinete Nacional será el martes 4 de octubre y allí se presentarán los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Salud, Carla Vizziotti, de Educación, Jaime Perczyk, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

En caso de no poder concluir los ministros sus informes lo harán el jueves 6 de octubre que será la última reunión de la ronda de consultas, según el esquema diagramado por el oficialismo.

El debate entre los legisladores oficialistas y opositores se iniciará el martes 11 y se prolongará por lo menos hasta el lunes 24 cuando se firmará el dictamen de mayoría, y allí el Frente de Todos buscará tener cerrados los acuerdos que le garanticen sancionar el Presupuesto como sucedió cuando se votó la prórroga de impuestos que vencen a fin de año.

Será el primer Presupuesto que se trata en la gestión de Massa que buscará con su estilo conciliador alcanzar los acuerdos con los bloques parlamentarios para que este año se apruebe la ley de gastos y recursos, luego de que se haya rechazado el año pasado.

Un dato distintivo que tendrá el debate será que vendrán a exponer además de los secretarios del Ministerio de Economía, la mayoría de los ministros y funcionarios de áreas estratégicos de la AFIP, Anses, Aduana y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, como pedía Juntos por el Cambio.

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Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

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Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».

Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.

En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.

Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner 

El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».

/Ed

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El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

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El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.

A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.

Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.

Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.

Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.

Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.

/ámbito

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Milei celebró estar del «lado correcto de la historia» tras el ataque de EE.UU a Irán

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El Presidente compartió el posteo del ministro de Defensa, Luis Petri, tras la escalada en el conflicto de Medio Oriente.

El presidente Javier Milei rápidamente se hizo eco del ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. A través de sus redes sociales, el mandatario se encargó de repostear apoyos al accionar del país norteamericano y celebró que Argentina «esté del lado correcto de la Historia».

/Ed

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