Milei rechazó las normas aprobadas por el Congreso, alegando falta de financiamiento. El oficialismo confía en sostener el veto en Diputados, mientras la oposición busca revertirlo. La pulseada fiscal llega al Congreso en medio de tensiones con las provincias.

El presidente Javier Milei firmó el sábado los decretos que vetaron en su totalidad tres leyes sancionadas por el Congreso el 10 de julio, las cuales establecían aumentos en las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Los decretos fueron publicados este lunes en el Boletín Oficial, cumpliendo así con el plazo constitucional de 10 días hábiles.

Las normas vetadas, identificadas como 27.791, 27.792 y 27.793, contemplaban un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios, excepto para los regímenes especiales, un aumento del bono previsional de $70.000 a $110.000 con ajuste por inflación, y la reapertura por dos años de la moratoria que permite acceder a la jubilación a quienes no completaron los 30 años de aportes. Además, la ley de emergencia en discapacidad establecía la creación de una nueva pensión no contributiva y actualizaciones automáticas de aranceles para prestadores.

El Ejecutivo justificó el veto argumentando que estas iniciativas carecen de financiamiento adecuado y presentaron irregularidades en su tratamiento legislativo. Según cálculos oficiales, las medidas representarían un incremento del gasto público del 1,68% del PBI en el caso de las jubilaciones, mientras que el proyecto de discapacidad implicaría un desembolso superior a los 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026.

El decreto de veto fue refrendado por los ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Iván Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein. En declaraciones previas, Milei había adelantado su decisión de rechazar las leyes e incluso judicializar el tema en caso de que el Congreso insistiera con su aprobación.

El desafío político en el Congreso

El Gobierno confía en contar con los votos necesarios para sostener el veto en la Cámara de Diputados, donde se requiere que al menos un tercio de los presentes respalde la decisión presidencial. Según fuentes oficialistas, existe un «altísimo entusiasmo» ante la posibilidad de que la oposición no logre reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto.

La sesión prevista para el miércoles incluirá, además del tratamiento de los vetos, temas como el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y del Sistema Nacional de Ciencia, así como decretos desreguladores que afectan a organismos como el INTI, el INTA y Vialidad. También se debatirán iniciativas de gobernadores para modificar la coparticipación de impuestos y el esquema de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene negociaciones con las provincias para atenuar el conflicto por la distribución de recursos, aunque aún no se definió el monto que se destinaría a los ATN. La disputa con los gobernadores sigue siendo uno de los principales desafíos para el Gobierno en su estrategia de consolidar el ajuste fiscal y evitar mayores presiones sobre el gasto público.

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Saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. Las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio.

El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad.

Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo hará en la sesión del miércoles convocada este viernes.

Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.

Los proyectos vetados

Los vetos alcanzan a dos normas. Una es la Ley de Movilidad Jubilatoria. Impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

La otra es la Emergencia en discapacidad. Declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

Maniobra dilatoria y negociaciones en marcha

La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.

El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración de extrema derecha, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el Presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.

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El dueño de la compañía, Sergio Andrés Aguirre, es socio del presidente de la Cámara de Diputados en otra empresa.

Nuevo cauce judicial luego de la intervención del Gobierno a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera): se anunció la suspensión de contratos millonarios con la empresa HTECH Innovation, luego de que se detecte que pertenecía a Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en la compañía TR Nutrition. El hecho se conoce luego de que trascendiera que una compañía de la familia Menem se adjudique de una licitación millonaria por prestar servicios de seguridad al Banco Nación.

La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue intervenida por el Ejecutivo en agosto del 2024, quedando designado Marcelo Petroni en medio de las investigaciones por presunto lavado de dinero. Al detectar irregularidades, ahora el propio interventor decidió dar de baja dos contratos por servicios tecnológicos con la compañía de Aguirre, en simultáneo a la puesta en marcha de una investigación judicial y dos auditorías.

Un informe del canal C5N exhibió las primeras facturas que emitió la compañía a Osprera. correspondientes a noviembre del 2024: son las facturas iniciales de HTECH Innovation (0000001 y 0000002) y se concretaron por montos de $40.251.879 y $7.733.119. Luego se renovaron esos valores mensualmente con sumas de entre $16 millones y $20 millones hasta la actual suspensión, superando los $150 millones de facturación. Otra situación irregular es que HTECH Innovation se constituyó seis meses antes, en abril del 2024.

La causa, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4 de Ariel Lijo, fue impulsada por el extitular de la UATRE, José Voytenco, quien además acusa de asociación ilícita y de desvío de fondos de la obra social a otro dirigente libertario: el diputado nacional Pablo Ansaloni, también extitular del gremio de ruralistas.

La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.

Por su parte, la resolución de Petroni a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) justifica la decisión de la suspensión de contratos “por la difusión a través de distintos medios de comunicación de presuntas irregularidades en la facturación de una empresa de tecnología contratada por la obra social” corresponde “verificar la efectiva regularidad del servicio” prestado por HTECH Innovation.

Empresa de la familia Menem estará a cargo de la seguridad del Banco Nación

La empresa Tech Security SRL, de la familia Menem, fue adjudicataria de una licitación del Banco Nación por casi $4.000 millones para prestar servicios de vigilancia en edificios de la entidad estatal. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue socio hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando le cedió las acciones a su hermano.

El contrato al que accedió la compañía es para brindar sus servicios en la casa central de la banca pública, ubicada en Bartolomé Mitre al 300, y en otros cuatro establecimientos: el edificio Maipú, la sede donde acuden los funcionarios y la sucursal ubicada en el Aeroparque Jorge Newbery. La información fue publicada el 4 de julio en el Boletín Oficial, donde se indica que es por un monto total de $3.933.026.507.

El contrato de Tech Security con el Banco Nación es por un período de 24 meses. Sin embargo, cuenta con la opción de dos renovaciones de 12 meses cada una, que podrían ampliar la extensión total del convenio a cuatro años, con un nuevo desembolso de dinero por parte de la entidad pública.

La compañía nació en 2005, a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Privada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que la familia Menem ingresó en la empresa como socios. Semanas previas a la asunción de Javier Milei, el titular de Diputados figuraba como accionista junto a sus dos hermanos, Adrián y Fernando Menem.

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