A punto de perder la posibilidad de tener una zona franca en la provincia, y a 31 años de firmar la adhesión a la Ley de Creación de Zonas Francas, el gobernador consiguió que no prescribiera ese derecho.

En 1994, la provincia adhirió a la Ley de Zonas Francas y se firmó un compromiso para crearla en el departamento Jáchal. Pero, desde aquella firma de convenio con el Gobierno nacional, hace más de tres décadas, los sucesivos gobiernos provinciales no lograron concretar la puesta en marcha de la zona franca en el departamento del Norte. Sin embargo, el gobernador Marcelo Orrego gestionó la recuperación del derecho para tener la Zona Franca en aquel departamento del norte, algo San Juan estaba a punto de perder.

Incluso durante la gestión anterior, después de un par de años de inacción, el Gobierno de Sergio Uñac intentó reactivar el tema, pero cambiando la localización, es decir, proponiendo que no estuviera en Jáchal sino en otro departamento. Este cambio, contrario a lo convenido oportunamente con el Gobierno nacional, terminó por entorpecer la gestión, ya que se le indicó a la provincia que, si quería relocalizar la zona franca, debería firmarse un nuevo convenio.

Cabe aclarar que contar con una zona franca como instrumento de política comercial significa tener una zona aduanera especial dentro de la provincia. Las empresas que se instalen dentro del predio podrán importar insumos y bienes de capital con el objeto de industrializar y luego exportar los productos finales libres de impuestos, y con eso lograr mayor competitividad internacional.

Por otra parte, también permite ingresar al país grandes cantidades de insumos y bienes intermedios utilizados en los procesos productivos, depositarlos dentro de la zona franca y nacionalizarlos a medida que se vayan necesitando. Esto también disminuye significativamente los costos de producción de las cadenas de valor que los utilizan.

Ahora bien, esa posibilidad, desde hace 31 años, pasó por distintas instancias, pero no logró obtener luz verde final hasta ahora, en que, gracias a gestiones encaradas por indicación expresa del gobernador Marcelo Orrego, se avanzó eficazmente para mantener el derecho de la provincia a tener zona franca y recuperar su localización en Jáchal.

Esta gestión, como en otras áreas, se encontró con una bomba de tiempo, dado que administrativamente estaban por vencer los plazos prescriptos. Desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, en un principio, y luego desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, a cargo de Alfredo Aciar, se retomó contacto con la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación, para actualizar la documentación necesaria y cumplir con las acciones requeridas por el organismo nacional. Así, después de arduas gestiones técnicas y políticas, se logró mantener el derecho de la provincia para contar con una zona franca en el lugar donde se estableció originalmente: Jáchal.

En ese sentido, durante el presente año se conformó una nueva Comisión de Evaluación y Selección, integrada por el ministro de Producción, Gustavo Fernández; los secretarios de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; y de Desarrollo Minero Sustentable, Guillermo Olguín; junto con el asesor del Gobernador, Federico Conte Grand.

Actualmente, la comisión se encuentra trabajando en la relocalización de la nueva zona franca con perfil minero, para que se ubique en un nuevo lugar que cumpla con los siguientes requisitos:

1) que el dominio sea público;

2) que el terreno tenga al menos 40 hectáreas y cuente con servicios básicos (energía eléctrica y agua);

3) que tenga acceso a alguna de las rutas más relevantes que atraviesan el departamento Jáchal.

En suma, el Gobierno de Orrego logró en poco tiempo recuperar plenamente un derecho que beneficia a la provincia, pero principalmente a los jachalleros. Ahora se encuentra abocado a buscar un lugar óptimo, desde el punto de vista de lo que exige la legislación y las potenciales empresas que deseen participar en la administración y localización de la zona franca, para avanzar rápidamente en un nuevo proceso de licitación y ponerla en marcha.

/C13

Con esta obra, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, el uso eficiente de los recursos y la incorporación de tecnología en los espacios públicos.

Durante la noche, y mediante un operativo de gran escala, se concretó una nueva etapa del proyecto que transformará a la avenida de Circunvalación en la primera ruta solar y sustentable de la Argentina. En esta instancia, se trasladaron y descargaron las primeras 12 estructuras metálicas que sostendrán los paneles solares destinados a abastecer el sistema de alumbrado público. A la vez, se comenzó la instalación de los primeros seis monopostes, dando así otro paso importante en esta obra que marca un antes y un después en la infraestructura vial de la provincia.

El operativo comenzó en el Parque Industrial de Chimbas y se extendió por más de cuatro horas hasta completar la descarga en el tramo comprendido entre avenida Ignacio de la Roza y calle Mendoza, sobre el lateral sur de Circunvalación. Para minimizar el impacto en el tránsito, las tareas se realizaron en horario nocturno, con dos camiones con semirremolque escoltados por móviles de apoyo para garantizar la seguridad vial.

Cada estructura metálica (o parrilla) mide aproximadamente seis metros de lado y pesa 743 kilogramos. Por su magnitud, el traslado implicó cortes parciales de tránsito en distintos sectores del recorrido. Una vez en el sitio, dos camiones con hidrogrúa realizaron la descarga y disposición de las piezas en los puntos previamente definidos para el montaje.

Luego de estas tarea, comenzó la instalación de los primeros seis monopostes. Estas columnas metálicas, de 6,20 metros de altura, 40 centímetros de diámetro y 638 kilogramos de peso, se amuraron sobre bases de hormigón (dados) de 2 metros de lado por 2 de profundidad. Algunas de estas bases ya se encuentran finalizadas y otras, en ejecución.

El montaje de los monopostes exige precisión técnica: se fijan mediante un sistema de bridas inferiores con 14 perforaciones que se alinean con pernos de anclaje embebidos en el hormigón, los cuales quedan enterrados a un metro de profundidad. Cada brida se asegura con tuercas especiales, garantizando la verticalidad y la estabilidad estructural de la columna frente a cargas de viento y sismos. En la parte superior, una segunda brida permitirá unir el poste con la parrilla metálica, asegurando firmeza en la estructura que sostendrá los paneles.

En total, se instalarán 36 estructuras metálicas que soportarán 360 paneles solares. Este sistema generará la energía necesaria para abastecer el alumbrado público de toda la avenida Circunvalación y sus principales accesos, marcando un hito en infraestructura vial, innovación energética y sustentabilidad en San Juan.

Con obras de este tipo, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, el uso eficiente de los recursos y la incorporación de tecnología en los espacios públicos.

/SiSanJuan

Una modificación en la regulación energética nacional permite que generadores y empresas privadas inviertan y construyan su propia infraestructura de transporte eléctrico.

San Juan se encuentra en la antesala de una verdadera revolución en su sector energético. Un flamante marco regulatorio a nivel nacional ha abierto las compuertas a la inversión privada, permitiendo que empresas y generadores de energía no solo produzcan electricidad, sino que también construyan sus propias líneas de transporte. Esta medida, impulsada por leyes y resoluciones federales, representa un cambio sustancial que, según expertos y funcionarios locales, podría dinamizar la matriz energética provincial y descomprimir la necesidad de inversión estatal en infraestructura crucial.

Roberto Ferrero, vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), fue categórico al señalar la trascendencia de este giro. «Hay un nuevo marco regulatorio de la actividad eléctrica nacional, eso se ha emitido una ley hace muy poco, que ha modificado sustancialmente la organización del mercado eléctrico mayorista», explicó Ferrero, destacando que la Ley 24.065 es la piedra angular de esta transformación. Este esquema, de alcance nacional, está fundamentalmente orientado a permitir que privados participen en la expansión del transporte eléctrico. Si bien la provincia puede «alentar» estas iniciativas, es vital recalcar que la regulación y disposición final de la actividad de transporte eléctrico recae, de forma exclusiva, en la Nación Argentina.

Desde la Dirección de Recursos Energéticos, su titular, José María Ginestar, brindó detalles sobre la implementación de esta medida y sus implicancias directas para San Juan. Ginestar precisó que es una resolución nacional la que otorga el marco necesario para que los privados puedan invertir en la construcción de líneas eléctricas que posibiliten el transporte de la energía generada. Un dato de particular relevancia, y que ya está generando expectativas en el ámbito local, es que empresas mineras de gran envergadura ya están manifestando un claro interés y disposición a realizar este tipo de construcciones. Esta señal es vital, dado el alto consumo energético de la actividad minera en la provincia, proyectando una mejora significativa en la eficiencia y disponibilidad del servicio para el sector.

La normativa que habilita esta inversión es clara y contundente. Según detalló Ginestar, el Decreto 450/25 permite expresamente que los privados lleven a cabo estas obras, asumiendo plenamente el riesgo inherente a las mismas. Este cambio no es una casualidad, sino que se inscribe en una modificación más profunda en la legislación energética argentina. La energía, regulada históricamente por dos leyes nacionales, ha visto cómo a aquella que la califica como servicio público se le ha añadido «terminología liberal que le abre puerta a estas inversiones», según la interpretación de los funcionarios. Esto marca un antes y un después en la concepción del servicio y su financiamiento.

Esta apertura tiene una consecuencia directa y potente en el mercado eléctrico: «esto permite que cualquiera que genere energía pueda construir la línea y vender la energía». Es decir, el generador no solo tendrá la capacidad de producir electricidad en sus plantas, sino que también podrá construir la infraestructura de transporte necesaria para llevarla a destino, asumiendo tanto el costo como el riesgo que ello implica. Por supuesto, todas estas obras deberán cumplir rigurosamente con las normativas de seguridad vigentes y los estándares técnicos exigidos, garantizando la estabilidad y confiabilidad del sistema. Este punto es crucial para la provincia, dado que nuevas líneas de transporte significan mayor capacidad de conexión y, por ende, más oportunidades de desarrollo productivo y residencial.

En síntesis, San Juan, como parte integral del sistema eléctrico nacional, se verá directamente beneficiada por una política federal que busca un cambio de paradigma. La meta es clara: descomprimir la necesidad de inversión estatal en infraestructura de transporte energético, delegando una parte significativa de esa responsabilidad y, a la vez, de la oportunidad, al capital privado.

Si bien la provincia no tiene potestad para regular directamente la actividad de transporte, el nuevo esquema le permitirá observar y, potencialmente, fomentar la llegada de inversiones que mejoren y amplíen la red de transporte de energía. Este es un elemento crucial para el desarrollo económico sostenible de San Juan, especialmente en sectores de alto consumo como el minero, que demandan una infraestructura robusta y confiable para su expansión y operación. La expectativa en el sector es alta, anticipando un horizonte de mayor eficiencia y capacidad en el suministro eléctrico para toda la provincia.

/DH