Con distintos números que chocan entre sí, la poda de empleados estatales que encaró el Gobierno en la última semana se dio a todo ritmo y permitió que el conflicto con los gremios estatales, UPCN y ATE, escale a grandes proporciones. Cada una de las partes promete, a su manera, resistencia y recalibra estrategias de cara a los próximos días, claves para determinar el alcance del plan motosierra en el empleo público.

En la Casa Rosada transmiten tranquilidad cuando se consulta por posibles acciones legales que generen los damnificados, cuyo contrato laboral vence hoy y quedará sin renovación. Precisamente, se atan al argumento de que no existieron despidos sino que simplemente no se prorrogó el vínculo laboral con determinados empleados (15 mil finalmente, una cifra que adelantó PERFIL hace una semana), por lo cual las demandas judiciales no tendrían consecuencias. Y además que existirá revisión trimestral de cada vínculo que se prorrogue.

“Porque legalmente no es lo mismo despedir que no renovar contratos”, dicen en La Libertad Avanza y admiten que habrá demandas pero que en tal caso, y después de mucho tiempo, definirá la Justicia. Por lo pronto, existieron sondeos con la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, y el Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, para saber qué pasos se deben seguir, sin definiciones concretas, cuando empiecen a llover las intimaciones que generó una movida ideada por el ala técnica del oficialismo, cuyas caras visibles son Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, y Luis Caputo, el ministro de Economía. Dos funcionarios a cargo de monitorear el ajuste fiscal minuto a minuto, abanderados del déficit cero.

Por otro lado, Milei prometió mediante su cuenta de X que no habrá lugar para toma de edificios, como dejaron trascender los sindicatos, y no dejará que los empleados perjudicados ingresen a sus lugares de trabajo en ministerios y dependencias del Estado este miércoles. En el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich no quieren adelantar qué medidas se llevarán adelante para impedir manifestaciones. Pero se sabe que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires se producirá un trabajo coordinado con la cartera de Seguridad porteña mediante el Comando Unificado Urbano. Un órgano que tiene como objetivo la prevención y el control del “orden en tejidos federales”.

“Cuando hay interacción entre objetivos federales y jurisdiccionales se trabaja en conjunto”, explica ante este medio una voz autorizada de la administración de Jorge Macri sobre lo que sucederá el 3 de abril. De todos modos, en la Ciudad aclaran lo siguiente: los ministerios son objetivos federales. Es decir, habrá colaboración pero los efectivos de seguridad del distrito no podrán ingresar a los inmuebles estatales.

Un dato que sirve para ilustrar la relación entre Nación y el GCBA: Patricia Bullrich, el día que se anunció el cierre de  la agencia de noticias Télam, le pidió a Waldo Wolff, el ministro de Seguridad porteño, vallas para rodear su edificio y evitar una posible toma. El funcionario respondió con la solicitud sin inconvenientes y se hizo todo lo posible para disponer de fuerzas de seguridad en caso de conflicto. Esto no terminó siendo necesario porque los trabajadores se manifestaron de forma pacífica ante las medidas del Gobierno contra los empleados.

Del lado de los gremios, no se quedarán de brazos cruzados. En el terreno judicial, como apunta Matías Cremonte (el abogado que coordina el equipo jurídico nacional de ATE), el foco estará puesto en que el Gobierno está actuando al margen de la Constitución, vulnerando el derecho a la estabilidad en el empleo consagrada en el artículo 14 bis de la carta magna. Paralelamente, se va a intimar al Estado a que revierta su decisión porque no cumplió con los procedimientos que se deben producir para llevar adelante cesantías. UPCN, el sindicato de Andrés Rodríguez, también se va a mover: confirmó que realizará medidas de fuerza por organismo, sin descarte de paro “generalizado”. 

Hay algo más que advierten desde ATE, cuyas bases ya recibieron telegramas, y tiene que ver con la militarización de los ministerios, con policías con listas de personal habilitado a ingresar. Por lo cual, como dijo Rodolfo Aguiar, líder del sindicato estatal, “se hace responsable al Ejecutivo por cualquier hecho de violencia que haya que lamentar”.

Sobre el número de afectados, la información es dispar. El Gobierno solo anuncia una cifra (15 mil) sin más explicaciones y los gremios hacen sus propios números de acuerdo a la información que van recolectando de los propios despedidos. 

El INDEC, en su último informe de dotación de personal del Estado, que engloba agentes de la administración pública nacional, entes y sociedades del Estado, asegura que desde diciembre de 2023 a febrero 2024 hay 8.787 personas menos. Se pasó de 341.477 personas a 332.690 exactamente aunque el documento dice que son datos estimativos. En ATE afirman que del 10 de diciembre al 31 de diciembre, hubo 2 mil. Y los damnificados de la última ola, al viernes 29 de marzo, fueron 6 mil, más 2 mil que están en proceso de ejecución.

Mientras que en LLA reconocen que 7 mil personas quedaron fuera del Estado por no renovación de contrato hasta el 31 de diciembre, 15 mil contratos se quedarán sin actualización al 31 de marzo y que revisará los vínculos contractuales cada tres meses. 

Otro actor social que se sumó a cuestionar los despidos ejecutados por el oficialismo fue la Iglesia: la Conferencia Episcopal Argentina, a través de su presidente y obispo Monseñor Óscar Ojea. El referente católico consideró que “en este tiempo de emergencia, en este tiempo de crisis, en donde cuesta tanto la vida de cada día. ¡Cuánta falta nos hace la solidaridad! Hemos recibido últimamente en la Conferencia Episcopal grupos de personas que quedan sin trabajo, gente que queda como al costado del camino”.

Capital Humano, al tope

Los despidos en Capital Humano, el Ministerio de Sandra Pettovello con mayor números de damnificados, tuvieron un brazo ejecutor: se trata de Ernesto Rona, exdirector de Recursos Humanos del Grupo Techint. Un funcionario que se encargó de dar de baja 517 vínculos laborales en la previa a semana santa.

Rona es un funcionario que se mueve en la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero sin designación oficial y que arribó al área en diciembre pasado, con el recambio de gestión, luego de trabajar 38 años en el conglomerado de Paolo Rocca. Tal como expresan fuentes libertarias, por medio de una planilla de excel, el dirigente se encargó de vetar contratos pero sin distinción. De hecho, aseguran que existió “un descontrol” y que personal que se dedicaba a tareas y que cumplía con funciones terminó sin puesto laboral.

Los gremios alertaron sobre la situación y se encargaron de reenviar vía grupos de WhatsApp la cara de Rona con el siguiente mensaje al que accedió PERFIL: “Este sujeto es personalmente responsable de despedir inhumanamente por mail enviado la tarde noche del miércoles previo al Jueves Santo a más de medio millar de trabajadores del ex Ministerio de Trabajo”, comienza el texto.

Luego, agrega que “despidió a mansalva incluso a enfermos de cáncer, gente de casi 30 años en el organismo, excelentes profesionales, personas a meses de jubilarse y otras perlitas”. Hay más: un referente de ATE asegura que se debe llevar adelante un paro nacional ante este escenario de “despidos a mansalva”.

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