Aunque se flexibilizaron metas y se espaciarán las revisiones, el Fondo alertó por el bajo nivel de reservas, el déficit externo creciente y pidió mantener un enfoque monetario contractivo.

El Gobierno nacional recibirá este lunes un nuevo desembolso de u$s2.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente al acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) firmado en abril, que destinará a reforzar las reservas internacionales y a cumplir compromisos de deuda con el propio organismo. De hecho, apenas se concrete el giro, el Tesoro deberá abonar unos u$s824 millones en concepto de intereses y comisiones.

Con este segundo desembolso, el FMI habrá girado hasta ahora u$s14.000 millones de los u$s20.000 millones acordados en abril. Ese adelanto fue clave para frenar la pérdida de reservas y estabilizar el esquema cambiario, a cambio de compromisos como el abandono del deslizamiento controlado del dólar al 1% mensual, el levantamiento parcial del cepo y la adopción de una banda de flotación cambiaria entre $1.000 y $1.400 por dólar.

A pesar de esta reconfiguración monetaria, el FMI informó en su último staff report que la Argentina no cumplió la meta de acumulación de reservas netas del segundo trimestre. Al cierre de junio, el saldo era de u$s4.700 millones, lejos del objetivo de u$s1.100 millones. Esta desviación se atribuye a la demora en aprobar la primera revisión y motivó un ajuste a la baja de la meta de reservas, que fue reducida en u$s5.000 millones.

Relajación de metas y monitoreo más espaciado

Como parte del entendimiento alcanzado, el FMI también acordó modificar la frecuencia de las revisiones del programa, que pasarán a ser semestrales en lugar de trimestrales. La decisión responde al contexto de alta tensión económica que atravesó el Gobierno en julio, marcado por una fuerte suba de tasas y renovadas presiones sobre el dólar, que saltó 4% en un solo día, alcanzando los $1.380, para luego retroceder levemente a $1.375 el viernes.

El organismo advirtió que la Argentina se encuentra entre los países con menores niveles de reservas dentro del universo emergente, y recomendó que el Banco Central asuma un rol más activo en la acumulación anticipada de divisas, como lo hacen Chile, Colombia o México.

Déficit externo y presión por importaciones

Otro punto de preocupación para el FMI es el deterioro del frente externo. Según el reporte, el déficit de cuenta corriente cerraría 2025 en u$s11.800 millones, equivalente al 1,7% del PBI, frente al 0,4% registrado en 2024. Esta dinámica se explica, principalmente, por la apertura del cepo y la liberalización de importaciones, que provocaron un rápido aumento de la demanda de divisas.

“El superávit comercial se está reduciendo rápidamente impulsado por un aumento de las importaciones, en un contexto de elevada actividad, una moneda aún relativamente fuerte y una liberalización comercial y cambiaria”, señaló el FMI. No obstante, en junio se habría observado una moderación del 3% mensual en el nivel de importaciones, posiblemente reflejando una menor demanda interna y una depreciación real del peso cercana al 15% desde abril, según estimaciones del staff técnico.

Por último, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, insistió en que se mantengan condiciones monetarias contractivas para sostener el proceso de desinflación y remonetización, al tiempo que remarcó la necesidad de mejorar el marco de política monetaria a fin de reducir la volatilidad de tasas y consolidar un entorno macroeconómico más previsible.

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Milei rechazó las normas aprobadas por el Congreso, alegando falta de financiamiento. El oficialismo confía en sostener el veto en Diputados, mientras la oposición busca revertirlo. La pulseada fiscal llega al Congreso en medio de tensiones con las provincias.

El presidente Javier Milei firmó el sábado los decretos que vetaron en su totalidad tres leyes sancionadas por el Congreso el 10 de julio, las cuales establecían aumentos en las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Los decretos fueron publicados este lunes en el Boletín Oficial, cumpliendo así con el plazo constitucional de 10 días hábiles.

Las normas vetadas, identificadas como 27.791, 27.792 y 27.793, contemplaban un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios, excepto para los regímenes especiales, un aumento del bono previsional de $70.000 a $110.000 con ajuste por inflación, y la reapertura por dos años de la moratoria que permite acceder a la jubilación a quienes no completaron los 30 años de aportes. Además, la ley de emergencia en discapacidad establecía la creación de una nueva pensión no contributiva y actualizaciones automáticas de aranceles para prestadores.

El Ejecutivo justificó el veto argumentando que estas iniciativas carecen de financiamiento adecuado y presentaron irregularidades en su tratamiento legislativo. Según cálculos oficiales, las medidas representarían un incremento del gasto público del 1,68% del PBI en el caso de las jubilaciones, mientras que el proyecto de discapacidad implicaría un desembolso superior a los 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026.

El decreto de veto fue refrendado por los ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Iván Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein. En declaraciones previas, Milei había adelantado su decisión de rechazar las leyes e incluso judicializar el tema en caso de que el Congreso insistiera con su aprobación.

El desafío político en el Congreso

El Gobierno confía en contar con los votos necesarios para sostener el veto en la Cámara de Diputados, donde se requiere que al menos un tercio de los presentes respalde la decisión presidencial. Según fuentes oficialistas, existe un «altísimo entusiasmo» ante la posibilidad de que la oposición no logre reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto.

La sesión prevista para el miércoles incluirá, además del tratamiento de los vetos, temas como el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y del Sistema Nacional de Ciencia, así como decretos desreguladores que afectan a organismos como el INTI, el INTA y Vialidad. También se debatirán iniciativas de gobernadores para modificar la coparticipación de impuestos y el esquema de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene negociaciones con las provincias para atenuar el conflicto por la distribución de recursos, aunque aún no se definió el monto que se destinaría a los ATN. La disputa con los gobernadores sigue siendo uno de los principales desafíos para el Gobierno en su estrategia de consolidar el ajuste fiscal y evitar mayores presiones sobre el gasto público.

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Saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. Las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio.

El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad.

Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo hará en la sesión del miércoles convocada este viernes.

Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.

Los proyectos vetados

Los vetos alcanzan a dos normas. Una es la Ley de Movilidad Jubilatoria. Impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

La otra es la Emergencia en discapacidad. Declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

Maniobra dilatoria y negociaciones en marcha

La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.

El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración de extrema derecha, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el Presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.

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