La Cámara de Diputados continuará este martes con el análisis del proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por el oficialismo y remitido por el Senado, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.

El debate comenzará a las 14 en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (FdT), y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT), con exposiciones de invitados del ámbito académico y judicial.

La de este martes será la tercera reunión con invitados desde que se puso en marcha el debate del proyecto, el pasado martes 17, luego de la jornada constitutiva de las comisiones de trabajo, el martes 10.

El oficialismo continúa en la búsqueda de consensos para conseguir la aprobación del proyecto, ya que de acuerdo con el escenario que se dio en la votación del Senado no le alcanza con los diputados propios para avanzar con el dictamen y la consecuente votación en el recinto.

Sobre este escenario, Pérez Araujo señaló que «el Frente de Todos no puede por sí solo ratificar el proyecto que viene del Senado«, al afirmar que el oficialismo está «dialogando, revisando proyectos de otros diputados para ver si podemos encontrar una salida a esta ilegalidad en que nos ha metido la Corte. Ese es el camino para aquellos temas que afectan a los argentinos».

El Frente de Todos, con sus 118 miembros, podría sumar como aliados a los cuatro integrantes del interbloque Provincias Unidas, al santacruceño de SER Jorge Vidal y uno o dos votos más, número insuficiente en pos del objetivo de 129 que habilita el inicio de una sesión.

En contra del texto enviado por el Senado ya se expresaron los 116 diputados de Juntos por el Cambio (JxC), los cuatro «libertarios» y algún miembro de monobloques.

Por la principal bancada opositora, Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, señaló: «El Consejo de la Magistratura debe garantizar independencia del poder judicial para proteger los derechos de todas las personas contra el abuso y la impunidad. A eso debe apuntar la reforma que estamos discutiendo hoy en la Comisión (de Asuntos) Constitucionales»

La situación de paridad la debería definir, entonces, el interbloque Federal, que cuenta con ocho integrantes que responden a tres espacios políticos diferentes: Identidad Bonaerense, el Socialismo santafesino y Córdoba Federal.

La diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y única integrante del interbloque con presencia en las comisiones que estudian el tema, anticipó en declaraciones a Télam que escuchará «la opinión de los especialistas» antes de decidir si presenta un dictamen propio, aunque adelantó que «no está de acuerdo» con el proyecto aprobado por el Senado.

«Tiene que haber un equilibrio. La Corte Suprema tiene que integrar el Consejo pero no presidirlo, y mucho menos tener doble voto», expresó la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura mientras el proyecto se debatía en el Senado.

A esta posición se suma la del bloque Córdoba Federal, que tiene tres integrantes y que es la única fuerza del Interbloque Federal con representación en el Senado, por lo que ya dejó formalmente expresada su postura .

«El tema del Consejo de la Magistratura está claramente enmarcado en la Constitución Nacional. Y en la iniciativa hay dos cuestiones que van a contramano de lo que la propia Constitución Nacional ha fijado», remarcó la senadora Alejandra Vigo, referente del Gobierno cordobés, al justificar su voto en contra del proyecto del Poder Ejecutivo.

Para Mónica Fein, del Socialismo santafesino, «cualquier reforma institucional requiere amplios consensos y hoy el oficialismo no está buscando eso, sino imponer una mayoría circunstancial. De esa forma no están dadas las condiciones para hacer cambios sustantivos porque no hay una disposición al diálogo por parte del Gobierno Nacional», aseveró.

«Para que estas transformaciones sean estables en el futuro tienen que tener un acuerdo mayoritario«, agregó.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.

El proyecto eleva de 13 a 17 el número de integrantes y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.

De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el Consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.

En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que estableció una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.

El plazo expiró el pasado 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones, por la falta de conformación de las comisiones mencionadas.

Por esa razón, el Consejo empezó a estructurarse el mes pasado con la composición de 20 integrantes y ya tuvo su primera reunión con la nueva conformación, presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

De ese encuentro participaron los dos últimos consejeros que se incorporaron: el senador nacional peronista Martín Doñate y la diputada nacional radical Roxana Reyes, designados por sus respectivas cámaras, de acuerdo con lo ordenado por la Corte.

En ese primer encuentro se acordó una agenda de prioridades y una dinámica de funcionamiento; y se resolvió fijar el próximo jueves 2 de junio, a las 9.30, como día de primer plenario ordinario que será transmitido públicamente a través de una plataforma virtual.