NacionalPolítica & Economía
Los chats escandalosos del Ministro de Seguridad porteño con la Corte.

Se trata de conversaciones de D’Alessandro con distintas personas, entre ellas con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; con Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y con Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires.Larreta sostiene a D’Alessandro, pero recibe fuego amigo con las versiones de renuncia.
Semanas atrás, se conocieron los mensajes de un chat grupal de Telegram en el que se coordinaba un viaje de influyentes personas a Lago Escondido, entre ellos, el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, quien ahora podría terminar dejando el cargo.
Los primeros mensajes que se dieron a conocer, luego de un presunto hackeo al teléfono de D’Alessandro, generaron una denuncia por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas. Pero se filtraron más chats, que complica más al funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.
Se trata de conversaciones de D’Alessandro con distintas personas, entre ellas con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; con Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y con Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva difusión de chats de Marcelo D’Alessandro, esta vez en relaciones non sanctas con asesores de la Corte Suprema o empresarios del negocio de las grúas, lo encontró a Horacio Rodríguez Larreta de viaje en el sur, en el country Cumelén. Desde allí, el jefe de Gobierno convocó de emergencia a un Zoom de su mesa chica para definir la estrategia a seguir. Tras el encuentro, resolvieron que el ministro de Seguridad continuará en su cargo y lo enviaron a medios de comunicación amigables a responder a la denuncia. D’Alessandro volvió a contestar con un ataque: lo denunció al diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal. El mismo tiempo dijo que los chats difundidos son falsos. Las dos cosas no pueden ser ciertas: o hubo espionaje sobre su cuenta de Telegram o inventaron chats falsos.
No es la primera vez que D’Alessandro incurre en esta contradicción: con los chats de Lago Escondido también afirmó en distintas entrevistas que eran chats adulterados y que se los habían robado del celular. Lo más curioso es que el jefe de Gobierno ya dio por buenas esas explicaciones en dos oportunidades. Su decisión de mantener a D’Alessandro contrasta con los reflejos que tuvo Patricia Bullrich apenas salió la primera denuncia contra su exmano derecha Gerardo Milman: la presidenta del PRO lo apartó de su campaña y lo fue escondiendo lo más que pudo. Puso saludable distancia con el dirigente. Larreta, no. Al menos, por ahora.
Para colmo, luego de que se conoció la nueva ola de chats del ministro , que ya no cabe duda, provienen de un hackeo de todas sus conversaciones, un sector del PRO comenzó a difundir la versión de que D’Alessandro renunciaba. Desde las usinas del larretismo, comenzaron a desmentirlo velozmente pero registraron que el daño no se lo hacen solo las denuncias del Frente de Todos, sino las operaciones internas. Y quizás sobre todo las operaciones internas.
Zoom absolutorio
Desde Villa La Angostura, Larreta prendió la computadora y se conectó por la mañana a un Zoom del que participó su mesa chica: estaban su candidato bonaerense Diego Santilli, su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el secretario general Fernando Strafase, la recién llegada al gabinete Silvia Lospennato y los integrantes del área de comunicación Federico Di Benedetto y Christian Coelho. Luego de evaluar las distintas opciones, el consenso fue que era más costoso pedirle la renuncia que sostener su versión. «No podemos pedirle la renuncia porque es avalar una operación de inteligencia ilegal. Aún si fuera todo cierto, no podemos avalarlo», fue el argumento. La otra evaluación fue que le apuntan a D’Alessandro para desgastar la candidatura de Larreta. El énfasis se puso, entonces, en el carácter ilegal de las filtraciones, como la primera vez. Y hubo un pedido a D’Alessandro que saliera a defenderse, aclarar y explicar.
Sobre todo, explicar bien. Hay funcionarios porteños que creen que su explicación no fue del todo convincente. Y que no entienden por qué, si se trata de chats adulterados, no hace públicas las versiones reales para que quede claro que fue una edición. Salvo que haya cosas «inconvenientes» (es la palabra que se usa en el Gobierno porteño) que no se puedan mostrar.
D’Alessandro contraataca
Ante el pedido de que diera su versión en público sin demora, el ministro de Seguridad volvió a salir con el mismo nivel de agresividad que en las primeras filtraciones y con la misma pobreza a la hora de responder a los puntos oscuros de lo ocurrido (al día de hoy, no queda claro que hacía con funcionarios judiciales e integrantes de un multimedios en un viaje a la estancia de un empresario extranjero). Lo hizo a través de la señal Todo Noticias, donde dijo dos cosas: 1) que los chats son falsos, 2) que es víctima de espionaje ilegal.
El primer D’Alessandro sostuvo: «Ellos generan una posverdad. Los chats son inventados, son falsos».
El segundo D’Alessandro, en el mismo reportaje, afirmó: «El diputado Rodolfo Tailhade deberá presentarse en la Justicia y explicar cómo obtuvo algo que es ilegal y no lo denunció”. Para esto, dijo, presentó una denuncia penal contra Tailhade. En esta segunda versión, los chats son robados de su celular.
Por último, D’Alessandro aseguró que no dejará su cargo: «Yo no asumí para atornillarme en un sillón. El jefe de Gobierno me ha respaldado en mi cargo y sigo más allá de las operaciones de que me estarían echando». Estas últimas prefirió no aclarar de dónde venían. En la mesa chica de Larreta, sostenían que el ataque viene de «sectores de inteligencia» y no de dentro del PRO, aunque advertían que «alguna persona del PRO puede estar intentando sacar rédito político».
Lobo suelto
Para completar el escenario de explicaciones contradictorias, el flamante funcionario larretista Waldo Wolff -que venía a ayudar con la comunicación- salió a defender al ministro difundiendo otra escucha que se hizo pública de forma ilegal, es decir, lo que en principio criticaban que se le hizo a D’Alessandro.
La escucha fue hecha en una «precausa» en la que finalmente no se encontró ningún delito y cuyos originales fueron destruidos, según concluyó un informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, pero su difusión pública distaba bastante de ser algo legal. La confusión es total.

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Escándalo por corrupción en el Gobierno: ya analizan los teléfonos secuestrados

En paralelo, los 266 mil dólares encontrados en el auto de uno de los Kovalivker estaban repartidos en siete sobres, cada uno con anotaciones que podrían corresponder a cifras actualmente bajo análisis.
La investigación iniciada a raíz de los audios que mencionan “coimas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y que involucraría hasta las más altas esferas del Gobierno, incluyendo a la hermana del Presidente, avanza con el análisis de los teléfonos secuestrados tras varios allanamientos.
Fuentes judiciales confirmaron que los técnicos del organismo del Ministerio Público Fiscal ya comenzaron a extraer los mensajes de los dispositivos incautados durante los allanamientos.
El fiscal Franco Picardi, a cargo del caso, remitió los teléfonos a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, que ya inició la descarga de la información.
La DATIP tiene entre sus funciones realizar peritajes sobre dispositivos electrónicos, en particular teléfonos móviles, utilizando herramientas forenses especializadas.
Los dispositivos en análisis
Entre los dispositivos que están siendo peritados se encuentran dos teléfonos de Diego Spagnuolo, el desplazado titular de ANDIS: uno fue hallado en su vivienda de Altos de Campo Grande, en Pilar, y el otro en un automóvil.
También fue secuestrado el celular de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, quien fue interceptado cuando intentaba abandonar su domicilio en Nordelta. En ese operativo se le incautaron su teléfono, 266 mil dólares, 7 millones de pesos y varias anotaciones que están siendo analizadas.
Anoche, además, se secuestró el teléfono de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, señalado como posible nexo entre la distribuidora de medicamentos y la agencia estatal. Spagnuolo no lo menciona por su nombre, pero en los audios se lo escucharía decir: “Me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente…”
Siete sobres con cifras
A Emmanuel Kovalivker se le secuestraron en un auto 266 mil dólares distribuidos en siete sobres. Los mismos tienen anotadas cifras y se está analizando si además hay algún nombre.
Según fuentes judiciales, se intenta determinar si el contenido de cada sobre coincide con lo anotado en el exterior.
Mientras se recopilan las pruebas y se define el rumbo de la causa, el juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación, prohibió la salida del país a Spagnuolo, los hermanos Kovalivker y Garbellini.
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Revelan el audio completo de Diego Spagnuolo: «Son más chorros que los Kirchner»

Allí, el extitular de la Andis deja en claro el papel de Karina Milei en el entramado de corrupción y que Javier Milei sabía de los hechos denunciados.
En las últimas horas se conoció el contenido del audio completo de Diego Spagnuolo, el despedido director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a funcionarios de ese organismo estatal y altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, como su hermana Karina, en hechos de corrupción.
En efecto, en el audio de unos cinco minutos el ahora exfuncionario nombra a la secretaria general de la Presidencia, a su principal asesor, Eduardo ‘Lule’ Menem, y hasta el mismísimo Presidente, quien -según este testimonio- estaría al tanto de las coimas que se cobraban y repartín.
«Y Lule lo qué está haciendo… Está choreando de una manera… A mí me están desfalcando a la gente. Me pusieron a un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue. Pero cuando se fue, se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. Un delincuente”, indica Spagnuolo en el audio divulgado por la señal de noticias A24.
“A los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije: ‘Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita’. Entonces, donde yo vaya y toque a uno van a decir: ‘Che, flaco, ¿está todo bien y venís a pedirme guita con estos delincuentes?’ Entonces, Javier, ¿qué hago?’ Yo no lo jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener el control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo eso está todo prolijito, que es lo me importa también», dice Spagnuolo.

Y en otro párrafo asegura: «Este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube, sube la guita que recauda. Está bien, fantástico. Lo que pasa es que también vos después tenés transporte y tenés otro tipo de prestaciones, como son las internaciones, que es lo que estoy denunciando yo. Entonces estos tipos dicen: ‘Ché, esta la subimos, pero hay todo esto que está acá dando vueltas?’ Aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kioskito, no sé, de 20 o 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto del quilombo que están haciendo«.
«La gente de la (Droguería) Suizo (Argentina) llama a los demás proveedores y les dice: ‘Escuchame, ahora tenés que poner ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8’. Son más chorros que los Kirchner, lo que cobran de medicamentos. ‘Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la presidencia por teléfono, así, tac, a un prestador. Así se están manejando», añade.
Y menciona a Karina Milei, al asegurar que “seguramente a Karina le deben llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina porque seguramente le dirán ‘ese el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, 1% para mí, vos Karina te llevas el 3’. Seguramente le deben hacer una cosa así, le están pegando una co… olímpica».

Respecto a una supuesta conversación que mantuvo con el Presidente, se escucha: «A mí me dice, ‘Yo voy a hablar con Lule’. Bueno, no hablaron un carajo con Lule. Lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir ‘Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando’«.
«Te imaginás, estamos hablando de entre medio de un palo y ochocientas lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frizé. No le dejé meterme nada. Acá solamente me metió, el más importante de todos, por Karina para chorear. Yo soy el director ejecutivo y después tenés tres direcciones nacionales», agrega.
Y asegura: «Hablé con el Presidente: ‘¿Javi sabes qué está pasando? No corrigieron nada, Javi sabés que están choreando, sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo’. O sea, llega a haber algún quilombo, y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al Presidente: ‘Tengo todos los WhatsApp de Karina’. Olvidate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina».
Y añade Spagnuolo, entre otros conceptos que la Justicia investiga: «El gobernador de Santa Cruz echó a todos los kirchneristas. ¿Qué hizo Lule? Se los puso en PAMI y en ANSES. Todos los que echó el gobernador se los puso”.
Vale señalar, finalmente, que el juez federal Sebastián Casanello les prohibió este viernes la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de las personas investigadas en la causa por presuntos pagos de coimas en la ANDIS, como Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ese organismo, y los miembros de la familia Kovalivker, propietarios de la Droguería Suizo Argentina.
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Los “pesos pesados” de Fiscalía que se anotaron para competir por el máximo cargo

Hay un supervisor de Unidades Fiscales, el fiscal General interino, tres coordinadores y la presidenta del Consejo de Fiscales y Asesores.
El fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani generó la vacante en el poderoso cargo de fiscal General ante la Corte de Justicia, lo que desencadenó el concurso para buscar a su reemplazante. En ese proceso, salieron a la luz los 27 anotados hasta las 13.30 de ayer, pero, como el plazo de inscripción venció a las 24, es probable que se hayan sumado otros postulantes. En el balance de esa “primera” tanda, sobresalen “pesos pesados” del propio Ministerio Público, que forman parte del equipo de Quattropani. Ellos son: el fiscal General interino Daniel Galvani; el supervisor de Unidades Fiscales, Fernando Rahmé; la coordinadora Claudia Salica y sus pares Francisco Micheltorena e Ignacio Achem y la asesora Oficial de Menores, Laura Romarión.
Además, hay una fiscal de Cámara y dos de primera instancia, sumado a que también se anotaron siete jueces: un camarista laboral, la titular del Contencioso Administrativo y cinco penalistas. No son los únicos, ya que también aparece un defensor Oficial, cinco litigantes y cuatro funcionarios, de los cuales, uno es concejal de la Capital por Actuar, Mariano Domínguez. Asimismo, hay un profesional de una entidad bancaria.
El puesto de fiscal General adquirió en los últimos años un poder incomensurable, dado que está al frente de todos los funcionarios del Ministerio Público que investigan los hechos delictivos y acusan a los sospechosos. Tal poder se fue incrementando de manera paulatina: primero, con la puesta en marcha de Flagrancia en 2017; luego, con el funcionamiento parcial del sistema acusatorio y, finalmente, con su aplicación total en 2024.
Además, es el miembro permanente del Tribunal Electoral de la Provincia, junto a dos cortistas que se van rotando anualmente, por lo que también tiene una fuerte influencia y decisión en el desarrollo de elecciones locales y municipales.
Encima, en el cargo estuvo Quattropani, un hombre que ejerció el poder como pocos, además de armar equipos, cuidar a su gente y crear un espíritu de cuerpo y lealtad para llevar adelante un trabajo de 24 horas los siete días de la semana
Entre los anotados de Fiscalía, se encuentra el secretario Relator del Ministerio Público, su sobrino, Rahmé Quattropani. Asumió en el puesto el 1 de octubre de 2018 y, con la puesta en marcha del sistema acusatorio, fue designado para estar a cargo de la supervisión de las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) Delitos Especiales, Anivi y Delitos Informáticos y Estafas. Antes de ingresar al Poder Judicial, tuvo una reconocida trayectoria como penalista, en la que intervino en casos resonantes y de alto impacto.
En la grilla también está Galvani, actual fiscal General interino tras el fallecimiento de Quattropani, quien, a su vez, lo estuvo subrogando durante su licencia por enfermedad. En su carrera judicial, fue prosecretario de Juzgado de Instrucción y Correccionales, secretario penal, fiscal desde 2016 y fiscal de Cámara (su actual cargo) desde 2019.
Después, aparecen dos mujeres. Una de ellas es Salica, actual Coordinadora de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Fue designada fiscal el 28 de diciembre de 2016 y, bajo el sistema acusatorio, también estuvo al frente de la UFI Cavig y, luego, de la Unidad Fiscal Única del Sistema Mixto, que contiene las causas residuales del anterior mecanismo penal. También hizo carrera en la Justicia, ya que ingresó en 2006 como auxiliar (el escalafón administrativo más bajo) hasta llegar a su puesto actual.
En el lote figura Romarión, quien fue nombrada asesora de Menores e Incapaces en diciembre de 2017. Además, desde noviembre de 2024, es la presidenta del Consejo de Fiscales y Asesores (Confias). En la creación de la entidad, allá por 2022, había sido la vicepresidenta. Entre sus cargos públicos, fue asesora en la Secretaría de Seguridad, en el Servicio Penitenciario Provincial, en el Ministerio de Gobierno y se desempeñó como directora del Registro Civil.
Además, en carrera está Micheltorena, uno de los coordinadores de la UFI Delitos Especiales desde 2024. Había sido designado fiscal el 23 de diciembre de 2020. Previo a ello, tuvo una amplia tarea como abogado litigante desde 1994. Actuó como defensor y hasta querellante en diversas causas, con intervenciones en distintas instancias, que incluyeron la Corte de Justicia local y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por último, aparece Achem, uno de los coordinadores de la UFI Genérica. Asumió como fiscal el 4 de julio de 2017 y trabajó en el procedimiento especial de Flagrancia y, luego, en la UFI Cavig, hasta llegar su actual puesto. Antes, había ejercido la profesión. Es hermano del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.
Luego, está la fiscal de Cámara Leticia Ferrón, una funcionaria de la histórica camada en el Poder Judicial; el fiscal de la UFI Cavig, Leonardo Arancibia, designado en septiembre de 2024, y la fiscal a cargo de la Unidad del Sistema Mixto, Yanina Galante, nombrada el 2 de agosto de 2021. En la sesión en la Legislatura de ese entonces, su nombre fue propuesto por la diputada Marcela Quiroga, de Producción y Trabajo. Galante fue una de las referentes del programa municipios saludables en Santa Lucía en la gestión de Marcelo Orrego.
En la lista de inscriptos, hay un grupo importante de jueces. Está el juez de Flagrancia, Ricardo Moine; la jueza de Garantías, Celia Maldonado; el de Cámara, Maximiliano Blejman, y los miembros del Tribunal de Impugnación, Benedicto Correa y Renato Roca. También se anotaron la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, quien había sido ternada en tres concursos para la Corte de Justicia, y el camarista Laboral, Guillermo Baigorrí.
Este último fue diputado nacional y senador electo, aunque renunció para que asumiera Roberto Basualdo, líder de Producción y Trabajo en ese entonces.
Por otro lado, también se inscribió el defensor Oficial, Marcelo Salinas, quien había sido nombrado en el puesto el 11 de diciembre de 2015.
Entre los litigantes, figuran los reconocidos penalistas Fernando Castro y Nasser Usair, quienes comandaron la Asociación de Abogados Penalistas (ASAP). También se encuentra Horacio Rodríguez del Cid, abogado del gremio municipal, SUOEM; la abogada Andrea Polizzoto y Javier Cámpora, quien había sido juez, pero fue destituido el 5 de julio de 1994.
En el detalle, figura un grupo de abogados que cumplen tareas en organismos públicos. Marcelo Saffe Spesia trabaja en Fiscalía de Estado, Matías Senatore es coordinador Administrativo de la Oficina Judicial Penal (OFIJUP) en Tribunales, Graciela Roduen es la titular de la Asesoría Letrada de la Policía, bajo la órbita de la Asesoría Letrada de Gobierno; y Mariano Domínguez es concejal de la Capital del bloque Actuar.
Por último, se encuentra Gustavo Daniel López, gerente de Asuntos Legales del Banco San Juan.
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