«Esto es borrar de un plumazo toda la política pública de control de armas en Argentina». Así califican los especialistas en políticas de desarme la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver por decreto la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y sus exclusivas funciones de control para reestablecer el cuestionado Registro Nacional de Armas (Renar) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Afirman a Página/12 que, en relación con todas las políticas que el gobierno viene adoptando en torno a la liberalización de la tenencia civil de armas, la última decisión es «la más grave» porque implica «un retroceso de medio siglo» para «vaciar» al Estado de la posibilidad de controlar el uso de armas. Las organizaciones piden al Congreso que rechace el decreto.

Primero fue la edad: en diciembre del año pasado, el gobierno bajó de 21 a 18 la edad permitida para comprar y tener armas legalmente. Luego fue la flexibilización de los trámites, en mayo de este 2025, con la habilitación de un trámite digital de «tenencia express». Le siguió, hace sólo unas semanas, la decisión de habilitar a los legítimos usuarios la compra de armas semiautomáticas como las que protagonizan las sucesivas masacres civiles de Estados Unidos. En el medio, la eliminación de diversos trámites y tasas para la fabricación, venta y compra de armas. Ahora, aunque nadie pueda asegurar que este vaya a ser el final, la decisión de disolver directamente la Anmac y volver al Renar, que ya no será autárquico sino que tendrá dependencia directa de Seguridad.

Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme, asegura que esta última decisión «es la más grave de todas las que hemos venido viendo en los últimos meses«. «Es comprarse un problema que Argentina no tenía en relación a las armas porque implica vaciar la posibilidad de que el Estado las controle. Significa la eliminación de hecho de cualquier tipo de facultad del Estado de promover una política de desarme eficaz. Con esto volvemos a 1973, con el Estado renunciando a prevenir la violencia con armas de fuego», agrega en diálogo con este diario.

La Red fue una de las primeras organizaciones en salir a repudiar la medida a través de un comunicado en el que se hace foco precisamente en ese año: 1973. Fue el momento en el que se creó el Renar, «un registro pasivo, sin capacidad legal para implementar una política activa de prevención y control de las armas de fuego». El Renar, todo un símbolo de la flexibilidad en el control de armas, fue reemplazado en 2015 por la Anmac a través de la aprobación casi unánime en el Congreso de la Ley N° 27.192. La Red señala que el objetivo de la ley fue crear «una agencia moderna basada en el concepto humanista de prevención de la violencia armada: un claro norte para la formulación de políticas de control y de restricción de la proliferación de armas de fuego».

Tras el rechazo de la Red se sumó también la sede argentina de Amnistía Internacional, que ubicó a la última medida dentro de una serie de «alarmantes y regresivas» políticas del gobierno en el área. Aseguraron que la decisión de disolver la Anmac «implica un grave retroceso en una política estatal restrictiva en materia de armas de fuego», ya que la agencia tenía «funciones fundamentales para la prevención de la violencia armada».

 «¿Qué consecuencias tiene esto para nuestra sociedad? Más armas y más violencia. Una sociedad armada no es una sociedad más segura. El Congreso debe revisar y rechazar este decreto y promover una política pública de control de armas y prevención de la violencia, que priorice la vida, la seguridad y la paz social», agregaron. Un detalle considerable es que el gobierno pudo tomar esta medida por decreto gracias a las facultades delegadas que justamente el Congreso le otorgó con la aprobación de la Ley Bases. 

Pero además de la eliminación del carácter autárquico de la agencia y del simbolismo de la restitución del Renar, el Decreto N° 445/25 tiene consecuencias concretas en la política de control de armas. No solo porque elimina el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada que, entre otras fuentes, financiaba a la agencia, sino porque se derogan artículos de la ley que establecían funciones, competencias, alcances y herramientas específicas para el desarme. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, los artículos que definían que la agencia debía tener delegaciones territoriales en distintos puntos del país y elaborar un plan nacional de desarme.

El Artículo N°5, que fue borrado por completo, establecía 17 funciones de la Anmac,  entre las que se pueden enumerar las de registro, autorización y control de la fabricación de armas, su destrucción en el marco de las políticas de desarme, la administración del Banco Nacional de Materiales Controlados, el dictado de cursos y seminarios sobre el tema, la elaboración de campañas de regularización de la situación registral, y hasta la realización de relevamientos estadísticos de actividades vinculadas al uso de las armas. Todo, advierte Alfie, fue borrado «de un plumazo» junto a «toda la política pública de control de armas».

Como siempre, la justificación oficial apareció en nombre de la desregulación y del recorte. Así, no fue Bullrich sino Federico Sturzenegger el encargado de defender en su cuenta de X la decisión en nombre del ahorro de gastos: «Dijimos varias veces que los organismos descentralizados son caros porque requieren una estructura administrativa propia y porque generan incentivos a la proliferación de trámites pagos; por ello, la transformación de la Anmac en un desconcentrado sigue, como ya hemos hecho en muchos otros organismos, bajando el costo del Estado, en este caso sin afectar sus funciones sustantivas«, sostuvo, aunque todavía nadie aclaró de qué forma las funciones básicas del Artículo N° 5 derogadas en el decreto seguirían formando parte del restituido Renar.

Mientras tanto, desde la Red piden al Congreso que tome cartas en el asunto para rechazar el decreto. Aseguran que el gobierno de Milei «imita lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada«: «Que cualquier conflicto social pueda terminar a los tiros, que niños y niñas estén más expuestos a balaceras, masacres escolares o accidentes con armas, que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías, que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego, y que aumente el riesgo de suicidios y accidentes con armas disponibles en los hogares».

Desde Amnistía, por su parte, ya habían advertido sobre los riesgos de la imitación estadounidense cuando el gobierno decidió habilitar la compra de semiautomáticas, armas de alto calibre que hasta entonces estaban reservadas para instituciones armadas. Entonces señalaron que, en ese país, «un promedio de 109 personas muere por día debido a la violencia con armas», mientras que «la violencia armada es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años«. 

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